La ley en cuestión es no sólo una ley antipsiquiátrica y anticientífica, porque contradice muchos principios aceptados internacionalmente, sino representa un peligro sanitario, al pretender que los psiquiatras castigan cuando medican, cuando pretende que cualquier hospital puede atender en internación a pacientes psiquiátricos, y que hay que eliminar los centros especializados que asisten a este tipo de pacientes. 

Ahora bien, las cosas, hoy, empeoran. 

A partir de un nefasto decreto 715/19 de la disminuida Secretaría de Salud, se pretende que desde el 1/1/20 cierren todos los servicios de internación de psiquiatría públicos y privados en Argentina. Dado que no existe ni tiempo real ni presupuesto para una hipotética readecuación de los centros generales existentes, el resultado será que no habrá razonable espacio para internar pacientes en crisis. Desde la mente de los autores de este disparate, se pretende que la enfermedad mental, los pacientes enfermos de distintas patologías, y los mismos psiquiatras, no existe: todo se reduce a un supuesto padecimiento o sufrimiento, término político destinado a que no exista presupuesto para la atención de estos pacientes. 

Por todo esto, y muchas consideraciones más, a partir de este atropello, es necesario convocar a todas las fuerzas vivas del país, especialmente a familiares de pacientes crónicos enfermos de diversas patologías, a reclamar a las autoridades sanitarias locales que se derogue este decreto anti sanitario, y que se abra un marco lógico, en el ámbito de la democracia que vivimos, para encontrar soluciones justas para la continuación de la asistencia de tantas y tantos pacientes que buscan aliviar su crónico dolor, desde los depresivos hasta los esquizofrénicos, y pasando por toda la gama de enfermedades que los psiquiatras argentinos tratan tan esforzada como silenciosamente. 

Por Andrés Mega

Médico Psiquiatra, Psicoterapeuta y Legista

Profesor Universitario en Psiquiatría

Médico Psiquiatra Forense Corte Suprema de Justicia de la Nación (R)