El gobernador y el ministro del Interior, Obras Públicas y Viviendas de la Nación recorrieron la zona afectada por la emergencia hídrica y mantuvieron reuniones con autoridades locales para realizar un balance de las acciones llevadas a cabo y futuras obras.
Actualidad23 de enero de 2019
Carlos Lucero
El gobernador Miguel Lifschitz estuvo este martes en Villa Minetti (departamento 9 de Julio) junto al ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación, Rogelio Frigerio. Ambos recorrieron la zona afectada por la emergencia hídrica y mantuvieron reuniones con autoridades locales.“Muchas veces se tiene la idea que las zonas que se inundan son las más pobres y muchas veces suele ocurrir eso en las grandes ciudades. Pero esta región de la provincia es una región rica y con una enorme potencialidad de seguir creciendo productivamente. Lo que falta, como en todo el interior de la Argentina, son las grandes obras de infraestructura que permitan potenciar el desarrollo. Hay un esfuerzo que se está haciendo pero queda mucho más por hacer todavía, como obras viales y obras hídricas”, afirmó Lifschitz.
“En los Bajos Submeridionales tal vez no haya tantas obras por hacer sino proteger los ecosistemas y respetar la naturaleza. Hay obras importantes como el Canal de la Ruta 35. Para ello se está trabajando con el equipo del secretario de Asuntos Hídricos de la Nación y técnicos de las tres provincias. Estimamos que entre febrero y marzo va a estar terminado el proyecto técnico así que va a estar en condiciones de licitarse la obra. Está el compromiso del ministro de financiarla a través del Fondo Hídrico de la Nación, por lo que es probable que esa obra esté en marcha en unos meses”.
Además, el gobernador destacó que “ha habido un gran avance, que se ha dado en estos dos años, que es la constitución del Comité Interjudiccional de los Bajos Submeridionales, entre Chaco, Santa Fe, Santiago del Estero y el gobierno Nacional”.
“Esto es inédito”, resaltó Lifschitz y recordó que “costó bastante convencer a todas las partes para integrarlo, pero ya se convirtió en ley en cada una de las provincias y es legislación nacional; y obliga a las provincias a pedir autorización al resto cada vez que hacen alguna obra que pueden tener impacto en la cuenca. Esto es un gran avance, ya que todo lo que se haga en Chaco, Santa Fe o Santiago tiene que estar discutido en ese comité”, concluyó.
Por su parte, Frigerio manifestó que “el cambio climático es una realidad que no se puede ocultar. Es un problema con el cual tenemos que convivir y tenemos que hacer las obras siempre contemplando que esta es una realidad que, lamentablemente, nos va a seguir acompañando”.
“El marco institucional de los comités de cuenca nos va a permitir, entre otras cosas, llevar adelante el proyecto de canalización de 100 kilómetros entre Santiago del Estero y Santa Fe”, añadió.
Por otro lado, el ministro afirmó que “el presidente va a firmar un decreto de emergencia hídrica, tomando en cuenta el daño que provoca en el sector productivo y en los cascos urbanos estas crecientes que se dan cada vez con mayor asiduidad producto del cambio climático. Se va a contemplar las situaciones particulares de cada una de las localidades, para ello se está haciendo un análisis”.
Participaron también de la actividad el ministro de Infraestructura y Transporte, José Garibay; el secretario de Protección Civil, Marcos Escajadillo; el presidente comunal de Villa Minetti, Gabriel Gentili; y el senador por el departamento 9 de Julio, Raúl Gramajo, entre otras autoridades.
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A través de la EPE, el Gobierno de Santa Fe ejecuta unas 100 obras destinadas a mejorar el servicio eléctrico en toda la provincia. El plan incluye estaciones transformadoras por más de $ 25.000 millones en Rosario, Rafaela y Rincón; la modernización de equipos en San Lorenzo y Santa Fe capital; y el recambio de 132 kV en Rosario que beneficiará a 1,1 millones de usuarios. También se avanza en la ampliación de líneas rurales mediante el Fondo de Electrificación Rural, con impacto directo en productores y familias del interior.
Entre los considerandos de la resolución aprobada, sostienen que el veto “constituye un acto de absoluta irresponsabilidad institucional y representa un ataque directo a la universidad pública, a sus trabajadores, a sus estudiantes y al futuro de la Nación”. Asimismo, el cuerpo exhortó al Congreso a sancionar una Ley de Presupuesto Nacional para el año 2026.
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