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10/05/2017

Provinciales | Actualidad | El 2x1, una "promoción" a genocidas

La Sec. de Derechos Humanos disconforme con el fallo de la Corte Suprema de Justicia Nacional



El Departamental dialogó con Publio Molinas, Sub Secretario de Derechos Humanos de la Provincia en relación al reciente fallo en donde por mayoría el Máximo Tribunal resolvió declarar aplicable los beneficios otorgados por la ley 24.390 (más conocida como ley del 2x1) en el caso de Luis Muiña.

El beneficio del 2x1 fue incorporado en la ley 24.390 sancionada en noviembre de 1994. El artículo 7 de esa norma establecía que, transcurrido el plazo de dos años previsto en la ley, se debía computar doble cada día de prisión preventiva.

Es decir, el beneficio era para las personas detenidas sin sentencia firme. La normativa respondía a ciertos requerimientos de los compromisos internacionales asumidos por la Argentina respecto del cumplimiento del plazo razonable de la prisión preventiva, o sea, del tiempo que una persona puede permanecer presa sin tener una condena firme.

El objetivo inicial de la ley era buscarle una solución a los dilatados procesos judiciales, que en el momento en que se sancionó la normativa generaban fuerte reclamos y revueltas en las cárceles.

La ley fue derogada en el año 2001, por lo que el beneficio quedó sin efecto. Sin embargo, en el caso de las personas que estuvieran en la situación descripta por la norma antes de que ésta sea derogada puede aplicarse el 2x1, debido a que pueden solicitar la aplicación de la ley penal más benigna.


El caso

El 28 de noviembre de 2012 la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por los doctores Mariano H. Borinsky, Juan Carlos Gemignani y Gustavo M. Hornos, dictó sentencia en la causa Nº 15.425 de su registro, caratulada «Muiña, Luis y otros s/ recurso de casación», conocida como «Hospital Posadas».

Los hechos juzgados en la causa tuvieron lugar dentro del Hospital Posadas y/o con respecto a personal del referido hospital. Específicamente, se trató de sucesos derivados de la intervención militar del Hospital Posadas, comandada por Reynaldo Antonio Benito Bignone, quien por entonces ocupaba el cargo de Ministro de Bienestar Social en el gobierno de facto –y posteriormente fuera el último presidente del régimen militar–; así como por la creación de un grupo de tareas con base en el centro clandestino de detención conocido como «El Chalet», ubicado dentro del predio del Hospital, integrado –entre otros– por Luis Muiña y dependiente del –por entonces- Brigadier Hipólito Rafael Mariani.

La sala IV confirmó las condenas dictadas en contra de los imputados Reynaldo Antonio Benito Bignone, Luis Muiña e Hipólito Rafael Mariani a las penas de 15, 13 y 8 años de prisión, respectivamente.

El 3 de mayo, la Suprema Corte benefició con el 2 x 1 a represores condenados por delitos de lesa humanidad.


«Es una tristeza muy grande»

El Subsecretario de Derechos Humanos del centro-norte de la provincia de Santa Fe, Publio Molinas expresó que «A nivel personal viví esta noticia con una tristeza muy grande, y luego desde la Provincia de Santa se repudió inmediatamente el fallo de la Corte, creemos que este fallo no hace más que socavar una lucha que se viene transitando desde hace mucho tiempo y de diferentes organismos de derechos humanos, por ahora estamos viendo que esto no genere una demanda mayor de reclamos para ser beneficiados con el 2 x 1. Estamos trabajando en evaluar fallo por fallo para saber quiénes se encuentran con posibilidades de pedir este 2 x1, a nivel nacional el número asciende a más de 700, se trabaja con diferentes organismos y con la provincia, pero en caso de ser necesario iremos a organismos internacionales para evitar que este fallo beneficie a quienes fueron los mayores asesinos de la historia de nuestro país».

La Corte se ha dividido en los votos, los jueces Elena Highton de Nolasco, Carlos Rosenkratz y Horacio Rosatti, votaron a favor del 2 x 1 mientras que el presidente del tribunal Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda votaron en contra.

«Me han sorprendido algunos de los que han votado a favor, no es menor que los que han votado en contra tengan el prestigio que tienen, creo que es raro como han votado algunos de los jueces, creo que hay intencionalidad política, no le veo otro sentido, estamos analizando el fallo y las votaciones de cada uno, pero creo que hay una intencionalidad política muy clara» indicó Molinas.

Las redes sociales son en la actualidad la forma de expresión más rápida que tiene hoy los ciudadanos para mostrar sus sentimientos. En las últimas horas, corre vía internet un petitorio para que la Corte Suprema de Justicia revea este fallo.

«Creo que a nivel social la noticia cayó mal, la sociedad ya había saldado una cuenta pendiente, la había tomado como una lucha propia y había creído en la justicia, esto ha caído mal en gran parte de la sociedad, por eso el reclamos en las redes sociales es notorio. Creo que ya ha habido algún temblor en quienes persiguieron esto, han tenido algunos costos políticos internos. También es necesario que el presidente emita su opinión, no puede ser que ante este fallo con semejante impacto en lo social no tengamos una declaración del presidente de la nación, como lo ha hecho otras veces, puede estar a favor o en contra» admitió Molinas.

Finalmente, el Subsecretario afirmó que «la Provincia de Santa Fe es como un faro en el país, en materia de derechos humanos, la provincia será querellante en una causa y seguimos transitando los valores de Memoria, Verdad y Justicia como bandera inclaudicable del Gobernador Lifschitz».


La Secretaría de Derechos Humanos de la provincia disconforme con el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación

En relación al reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en donde por mayoría el Máximo Tribunal resolvió declarar aplicable los beneficios otorgados por la ley 24.390 (más conocida como ley del 2x1) en el caso de Luis Muiña, condenado por delitos de lesa humanidad, la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia de Santa Fe expresa en forma contundente su disconformidad con la decisión adoptada, en cuanto implica desconocer la correcta aplicación e interpretación de normas internas vigentes en sintonía con los compromisos asumidos por el Estado Argentino en instrumentos internacionales de derechos humanos de raigambre constitucional, como así también con estándares de interpretación señalados en forma clara por distintos tribunales internacionales. Que la decisión de referencia implica un apartamiento preocupante de una doctrina consolidada en el sistema interamericano de Derechos Humanos y hasta hace poco tiempo receptada por la propia CSJN en orden a impedir que la aplicación e interpretación de normas locales puedan afectar el deber inexcusable de los Estados de investigar, juzgar y sancionar las graves violaciones a derechos humanos o bien que ellas puedan llegar a reconocer beneficios a condenados por tan aberrantes crímenes.

Por todo esto, se ratifica una vez más el compromiso inclaudicable de la Provincia de Santa Fe en la búsqueda de verdad y justicia, respetando los valores de la democracia y los principios constitucionales y convencionales vigentes que resguardan el Estado de Derecho.