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24/02/2016

Provinciales | Política

Coalición Cívica Santa Fe rechaza la eliminación a las retenciones mineras

La Mesa Ejecutiva del Partido Coalición Cívica ARI de la provincia de Santa Fe expresó su rechazo al decreto presidencial Nº 349/16 que elimina las retenciones a la minería por constituir un acto de entrega de nuestro patrimonio público que continúa promoviendo un modelo de desarrollo extractivista en favor de las grandes corporaciones económicas, las que desplazan al estado y toman decisiones unilaterales que atentan contra la salud humana, criminaliza las comunidades campesinas y originarias, contamina abiertamente la naturaleza y el medio ambiente y extranjeriza nuestro patrimonio.

“La historia reciente de la megaminería en Argentina nos presenta una serie de complicidades entre políticos y corporaciones que se originan durante el menemismo, se profundizó durante las presidencias de Néstor y Cristina Kirchner, para continuar agravándose hasta nuestros días por vía de un decreto del presidente Mauricio Macri en favor de las transnacionales mineras” – argumentó el Diputado Provincial Ariel Bermúdez, presidente del partido CC-ARI Santa Fe -.

Acto seguido recordaron que desde la sanción de la ley Nº 24.196 de Inversiones Mineras,el rubro es sin dudas una de las actividades productivas mas inusualmente beneficiadas por la política y legislación nacional: “Hasta la llegada del decreto dictado las empresas mineras transnacionales contaban con enormes ventajas comerciales, impositivas, financieras y cambiarias” - expresó Franco Ponce de León, concejal de la ciudad de Santa Fe y Vicepresidente de la fuerza política provincial -. Acto seguido, el edil enumeró algunos de los beneficios: 1) excepciones en los impuestos a las ganancias; 2) en la ganancia mínima presunta; 3) al valor agregado; 4) exención del impuesto al cheque; 5) a los derechos de importación y exportación; 6) poseen régimen de estabilidad fiscal; 7) pueden deducir el 100% del impuesto a los combustibles líquidos; 8) no están obligadas a liquidar divisas en el país; 9) sus declaraciones juradas sobre el material extraído pueden realizarse en laboratorios del exterior; y 10) compromiso federal que garantiza la no imposición de gravámenes y tasas municipales ni impuesto a los sellos provinciales, entre muchos otros.

Sumado a todo esto, la Mesa partidaria destacó negativamente, la innumerable cantidad de casos de contaminación ambiental perpetrados con total impunidad por empresas como Barrick Gold – siendo el más reciente y resonante el derrame de Cianuro en el río Jáchal en la provincia de Santa Juan – y que los mismos, en lugar de concientizar sobre la necesidad de reforzar los controles administrativos o sancionar a las empresas ejemplarmente o exigirles el cumplimiento de las normas ambientales con jerarquías constitucional, ha derivado en una nueva, injustificada y exorbitante ventaja económica, como fijación en 0% de las alícuotas de retenciones mineras.

“El mensaje que envía el gobierno nacional es gravísimo: les dice a las corporaciones mineras que pueden avanzar sobre nuestro recursos, que pueden extraerlos indiscriminadamente, que pueden contaminar impunemente en el proceso, que pueden llevarse lo extraído y las ganancias al exterior y que el gobierno no los va a molestar; por el contrario, los alentará con todos los medios que tenga a su disposición, sea a través de beneficios fiscales o la designación de funcionarios afines al lobby minero, con el fin de que las empresas actúen sin la más mínima intervención estatal” - sostuvo Bermúdez -.

Finalmente, exhortaron al presidente Macri a revisar el decreto dictado, a la par de exigir el cumplimiento inmediato de la ley Nº 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares, la protección de las reservas de agua que puedan ser contaminadas por la megaminería, estudios de impacto ambiental serios y responsables e impulsar un debate abierto, participativo y plural para reformar el Código de Minería de La Nación.