Martes 23 de Mayo, de 2017
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05/01/2015

Reconquista | Judiciales | SANTA FE › DATOS DE UN INFORME OFICIAL QUE INVOLUCRA A LA POLICÍA EN PRACTICAS DE TORTURAS.

La tortura sigue siendo un flagelo

Adriana Quiroga pone sobe el tapete un debate trascendente Adriana Quiroga pone sobe el tapete un debate trascendente

El trabajo fue realizado por la Defensora Regional de Reconquista sobre datos del Registro Provincial de Casos de Torturas y Abusos policiales que depende de la Defensoría Penal. Se detectaron 328 casos de torturas durante todo el año pasado.

Por José Maggi

La tortura es un flagelo sin rostro en Santa Fe, aunque con protagonistas conocidos: La policía provincial. Este es el dato más contundente que arroja el Registro Provincial de Casos de Torturas, Abusos policiales y malas prácticas que depende de la Defensoría Penal a cargo de Gabriel Ganón, que detectó 328 casos en el último año, en los cuales 278 de ellos fueron protagonizados por uniformados, que lograron mantener el anonimato en 256 oportunidades. El trabajo fue realizado por Ariana Quiroga, Defensora Regional de Reconquista. El área es competencia del Secretario de Prevención contra la violencia institucional, cargo que fue ganado por concurso por el criminólogo Enrique Font hace dos años, a pesar de lo cual el Antonio se ha negado a enviar su pliego.

El informe abarca desde el 1 de noviembre de 2013 al 15 de diciembre de 2014. Sobre el total de los casos registrados (328) la mayoría (278) involucran en calidad de autor a personal de las fuerzas de seguridad (policía).


Sobre la identificación


En un número significativo de casos (256) la víctima no puede identificar a su autor porque no lleva insignia identificatoria o porque suelen estar vestidos de civil. En los casos que el personal policial es identificado se debe a que son conocidos de la comisaría, sobre todo en los casos de pueblos pequeños: 72.

En solo 6 casos la víctima ha sido menor de edad entre 15 a 17 años.

Entre las franjas de edad identificadas se observa que el sector de las personas entre 18 a 21 años de edad es el más claramente determinado (61), luego se observa una franja de víctimas de 30 a 35 años de edad (30), de 22 a 24 años (27), de 25 a 29 años (26) y por último de entre 36 a 40 años (15).

Relacionado con el grado de instrucción que posee la víctima de los casos registrados se observa que los mayores índices son de personas que tienen el secundario incompleto (37 casos), primario completo (43 casos), primario incompleto (41 casos), mientras que en 15 casos la persona no posee ningún tipo de instrucción.

En cuanto a la franja horaria en la que mayores situaciones de abuso se evidencian se observa que la mayoría de los casos registrados han ocurrido en horas de la madrugada 0 a 6 horas (66 casos), durante la mañana 6 a 12 horas (62), durante la noche 20 a 24 horas (45 casos), por la tarde (45 casos), siendo la hora más inusual para la ocurrencia de abusos durante el período registrado las horas de la siesta 12 a 16 horas (23 casos)


En qué lugares.


Se observa un alto grado de registración de exceso de la fuerza física (121) de parte del personal policial durante la detención en la vía pública al momento de la aprehensión (135) o dentro de la comisaría (108) o alcaidía (25).


Los métodos elegidos.


El método generalizado de afectación son los golpes o las golpizas (210 casos) siendo la principal dificultad la comprobación de las lesiones ya que en la mayoría de los casos no quedan indicios de lesiones. Se han registrado en el período indicado 13 casos de personas agredidas con balas de goma, 4 casos de submarino, 6 hechos que han ocasionado cortes, 5 casos de utilización de picana y 1 evento de ducha de agua fría, finalmente hubo 16 casos más en los que ha habido agresión física.

En relación a las afectaciones psicológicas más comunes de abuso policial se han registrado casos de amenazas de detención o de armado de causas, maltrato a familiares de personas privadas de libertad, de impedimento de vinculación familiar y de requisas agraviantes. Entre las restantes afectaciones más comunes se señalan la falta de atención a grupos de alto riesgo y falta de atención médica /odontológica/ psicológica y acceso a medicamentos.


Los casos judicializados


Existe un bajo porcentaje de casos judicializados (36) mientras que no se han judicializado (147). Solo el 20% de los casos han sido judicializados, en este caos cuando las personas han recibido de parte de la defensa publica el asesoramiento para la formulación de denuncia aunque solamente en dos casos las víctimas son querellantes. En relación a los casos no judicializados (80% restante de casos registrados) las víctimas han manifestado que entre las razones más comunes por las cuales deciden no hacer denuncia es porque temen represalias (46 casos) o creen que empeorará la situación (15 casos),


Forma de denuncia


En la mayoría de los casos relevados, surge de la información cualitativa relevante agregada (relato) que la víctima de abuso o afectación de derechos refiere que mediante el uso de fuerza física o psicológica el personal policial ha pretendido lograr una confesión o declaración autoincriminatoria. Se destaca que ello ocurre a pesar que con el Nuevo Código Procesal Penal, el personal policial no puede tomar declaración al imputado sin que esté presente su defensor (público o privado).


Fiscalías


Un dato no menor que destaca el informe es que "la provincia de Santa Fe no cuenta con fiscalías especializadas de Violencia Institucional. Salvo casos puntuales no se observa un importante avance judicial en las causas judicializadas. Ninguno de los casos que conoce esta defensoría ha sido elevado a juicio. En muchos casos el fiscal ni siquiera toma la decisión de convocar a audiencia imputativa al sindicado como autor".

Hay 4 casos de claro hostigamiento registrados en el corriente año: En dos casos se han iniciado fuertes campañas de hostigamiento contra el Defensor Provincial por medio de la prensa, el Ministerio de Seguridad y cierto sector del aparato judicial contra el Defensor Provincial por intentar patrocinar a las víctimas de delitos de torturas en sus instancias de constitución de querellante. Lo mismo ha ocurrido en un caso con una Funcionaria que ejerce defensas técnicas autorizada por el Defensor Provincial en la 4ta circunscripción Judicial donde incluso el Juez actuante en la audiencia de constitución de querellante ha llegado a decirle a la funcionaria que si sabía bien lo que estaba haciendo porque podría llegar a incurrir en delito por excederse en el ejercicio de la defensa de acuerdo a la legislación vigente. Finalmente una defensora pública también de la cuarta circunscripción Judicial está siendo actualmente víctima de una campaña pública de desprestigio periodístico en razón de haber solicitado durante una audiencia imputativa la investigación del personal policial actuante en un procedimiento en razón de que su defendido se encontraba visiblemente golpeado.


Solo hay dos casos en toda la provincia en el que el personal policial se encuentra con prisión preventiva vigente. El dato más significativo que se observa es que en un caso el mismo imputado (perteneciente a las fuerzas de seguridad provincial) fue imputado por tormentos, vejaciones y tentativa de homicidio calificada en tres hechos distintos y solamente se le impuso prisión preventiva por la tentativa de homicidio (no por las torturas y vejaciones) -casos de la localidad de Frontera , mientras que en el caso restante hay cuatro efectivos policiales a los que se les impuso prisión preventiva por investigación abierta por Homicidio en ocasión de estar de franco de servicio -caso de policías que mataron un joven al parecer a la salida de un boliche .


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