Más de 23.000 mujeres mueren al año por abortos clandestinos

Según el organismo sanitario dependiente de Naciones Unidas (ONU), de las 300.000 mujeres que fallecen al año por complicaciones relacionadas al embarazo o al parto, entre 14.200 y 40.000 son atribuibles a los abortos peligrosos, practicados por una persona que no está capacitada, se hace en un entorno que no cumple las normas médicas mínimas o ambas circunstancias.
La cifra del Instituto Guttmacher, una ONG dedicada al progreso de la salud sexual y reproductiva, es aún mayor, acercándose a los 35 millones de abortos clandestinos al año, de los cuales 23.000 resultan mortales.
El continente con mayor riesgo de mortalidad materna es África, que reúne el 29% de los procedimientos inseguros del mundo, con una proporción de defunciones que asciende al 62%.
En líneas generales, mientras que en las regiones desarrolladas se registran 30 defunciones por cada 100.000 abortos peligrosos, la cifra aumenta hasta las 220 y las 520 por cada 100.000 en las regiones en desarrollo y en el África subsahariana, respectivamente.
En los países en desarrollo, hay alrededor de 7 millones de mujeres que son hospitalizadas cada año a consecuencia de un aborto inseguro.
Según un balance publicado por la ONG sobre una investigación de la revista especializada The Lancet, el porcentaje de embarazos no deseados y de abortos, en términos comparativos, es similar entre países con acceso a la interrupción legal del embarazo (ILE) y en los que está prohibido; no obstante, el índice de abortos sí es mayor donde está restringido.
En total, de las 73,3 millones de interrupciones provocadas anualmente a nivel global, alrededor de 24,4 millones se realizan sin condiciones mínimas de seguridad.
En base a estadísticas arrojadas por la OMS, sobre casos recabados entre 2015 y 2019, el continente asiático concentró más de la mitad de interrupciones clandestinas que hubo en el mundo.
Con respecto a Asia Meridional, el acceso a la ILE es garantizado con fines terapéuticos o si está en riesgo la vida de la mujer en Bután, Bangladesh, Afganistán, Pakistán y Sri Lanka, mientras que en India es posible bajo justificaciones socioeconómicas, y en Maldivas y Nepal es legal.
Entretanto, todos los países de Asia Central garantizan el acceso a la ILE, aunque generalmente se admite hasta la semana 12 de gestación, una limitación que se extiende a los 66 países del mundo en los que el aborto tiene ese estatus, y donde habitan 386 millones de mujeres en edad reproductiva.
Las estadísticas son más alarmantes en América Latina y África, donde tres de cada cuatro abortos practicados discurrieron en la clandestinidad. 
En América Latina existe la interrupción legal en Uruguay, Guayana Francesa, Guyana, Puerto Rico y Cuba; mientras que por el contrario El Salvador, Honduras, Jamaica, Haití, República Dominicana y Surinam la prohíben en todas las circunstancias.
El resto de los países se divide entre los que la habilitan bajo orden terapéutica o justificaciones de salud, y si corre riesgo la vida de la mujer; argumentos que representan a 56 países -con 237 millones de mujeres en edad reproductiva- y 39 -con 359 millones-, respectivamente.
En ese marco, en la Argentina, la Cámara de Diputados de la Nación dio media sanción a un proyecto que legaliza la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14 de gestación, y ahora deberá analizarlo el Senado para una definición.
En esta región, además, donde el 97% de las mujeres en edad reproductiva vive en países con leyes de aborto restrictivas, las tentativas de limitar el acceso a la ILE son regulares.
El caso más reciente es el de Brasil, donde el Gobierno del ultraderechista Jair Bolsonaro emitió en agosto una resolución que exigía a la víctima de violación pruebas de violencia sexual y la presentación de un informe policial, entre otros requisitos, para acceder a la ILE.
El otro gran afectado es el continente africano: mientras que garantiza el derecho pleno al aborto en Sudáfrica, Mozambique y Tunicia; se permite bajo justificaciones socioeconómicas en Etiopía, Guinea y Zambia; y está vedado en Egipto, Gabón, Congo, Senegal, Madagascar, Sierra León y Mauritania.
El resto del territorio se distribuye entre los países que lo habilitan con fines terapéuticos o justificaciones de salud, y los que lo permiten en caso de riesgo de vida de la mujer.
De acuerdo con un mapa del Centro de Derechos Reproductivos (CRR), en Canadá y Estados Unidos el aborto es legal, pero al igual que en América Latina, la amenaza es constante.
En Estados Unidos, en abierto desafío al derecho constitucional, 21 estados restringieron el acceso a la ILE durante el último año, buscando el pronunciamiento de la Corte Suprema, aunque la justicia finalmente bloqueó dicha acción.
Además, el país firmó el 22 de octubre, junto a Brasil, Egipto, Indonesia, Uganda y Hungría, la Declaración de Consenso de Ginebra, que defiende a los derechos de las mujeres como "parte inalienable, integral e indivisible de todos los derechos humanos y libertades fundamentales", pero que rechaza a la ILE como "método de planificación familiar".
Según el mapa de CRR, el acceso a la ILE sí está garantizada en Australia y la mayoría de los países europeos, a excepción de Irlanda del Norte y Polonia, donde la legislación acepta solo casos terapéuticos o por riesgos de salud; el Reino Unido, Islandia y Finlandia, bajo justificación socioeconómica; y Malta, donde es ilegal, al igual que en otros 25 países que concentran 90 millones de mujeres en edad reproductiva.
Recientemente, Polonia pasó de ser en 1932 el primer país en sancionar la ILE por violación en Europa a tener una de las legislaciones más restrictivas del continente, luego de que a finales de octubre se declarara inconstitucional por malformación fetal, que representó en 2019 el 97% de los 1.100 ILE practicados.
Esta avanzada se replica en al menos a cinco países europeos, Noruega, Bielorrusia, Armenia, Georgia y Rusia, que en la última década obstaculizaron la ILE con nuevas condiciones, mientras que en Croacia e Italia existe un uso extensivo de la cláusula de conciencia, que permite a los médicos no practicar un aborto por objeción moral.
Con información de Télam.