La ley que habilita la interrupción voluntaria del embarazo quedará promulgada en Argentina el jueves 14 de enero, durante un acto que encabezará el presidente Alberto Fernández en el Museo del Bicentenario de la Casa Rosada y con el que el gobierno buscará resaltar el peso histórico de una norma que amplía los derechos de las mujeres, garantiza su atención en el sistema de salud y pone fin a una legislación vigente desde 1921.

La ceremonia, prevista para las 18.30, reunirá a referentas de los colectivos que reclamaron durante años la legalización y despenalización del aborto, legisladores nacionales y a la mayoría de los funcionarios del gabinete nacional, entre ellos, la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, con un rol clave en la motorización de la iniciativa del Poder Ejecutivo.

Impulsada por el presidente, la interrupción voluntaria del embarazo fue convertida en ley por el Senado Nacional el 30 de diciembre de 2020, con el voto favorable de 38 senadores y el rechazo de otros 29. El proyecto había sido aprobado el 11 de diciembre en la Cámara de Diputados de la Nación con 131 votos a favor, 117 en contra y seis abstenciones.

Con el aborto legal, la Argentina se convirtió en uno de los primeros países de América Latina en disponer de una legislación de este tipo y se sumó a una lista de 66 naciones del mundo que permiten el aborto, mayoritariamente ubicadas en el hemisferio norte.

En el acto del jueves, el jefe de Estado también promulgará la Ley Nacional de Atención y Cuidado Integral de la Salud durante el Embarazo y la Primera Infancia –conocida como el Plan de los 1000 días– que recibió un apoyo unánime en el Senado cuando la sancionó, también el 30 de diciembre último, poco después de haber votado el aborto legal.

Hasta ese día, Argentina contaba con una ley casi centenaria que exponía a las mujeres que acudían al aborto a una condena de cárcel y sólo permitía la interrupción de los embarazos en casos de violación o de peligro de vida para la persona gestante.

Ahora, las mujeres podrán interrumpir un embarazo hasta la semana 14 sin temor a ser penalizadas y el sistema de salud pública deberá garantizar la cobertura de la intervención de manera gratuita.

En tanto, el Plan de los 1000 días establece una nueva asignación por Cuidado de Salud Integral que consiste en el pago de una Asignación Universal por Hijo -una vez por año- para ayudar al cuidado de cada niño o niña menor de tres años.

El objetivo apunta a afianzar el “derecho a la protección en situaciones específicas de vulnerabilidad” para las “niñas y los niños con necesidad de cuidados especiales en sus primeros años, personas que cursen embarazos de alto riesgo o padezcan trombofilia, mujeres u otras personas gestantes en situación de violencia por razones de género y niñas y adolescentes embarazadas.

Ambas leyes entrarán en vigencia nueve días después de su publicación en el Boletín Oficial.

Fuente: Pausa