El pedido de informes fue suscripto por todos los senadores del Bloque de la UCR: el Pte. Felipe Michlig, el Vicepte. Lisandro Enrico, Germán Giacomino, Orfilio Marcón, Rodrigo Borla y Leonardo Diana.
El Pte. del Bloque de la UCR Felipe Michlig explicó que “en octubre de 2020 el Poder Ejecutivo, mediante Decreto N° 1184/20 adoptó la decisión de no aplicar el Programa de Intervención Integral de Barrios que había sido establecido mediante Ley N° 13.896, medida que en distintos momentos cuestionamos desde esta Cámara legislativa. El Poder Ejecutivo contrapuso que el denominado “Plan Incluir" sería de mayor amplitud e inclusividad. Sin embargo, tal Plan fue creado mediante decreto del Poder Ejecutivo, sin precisiones mayores sobre los criterios distributivos entre los distintos municipios y comunas, los procedimientos de solicitud y los mecanismos de transparencia.
“Tampoco el Poder Ejecutivo tuvo la intención de elevar la jerarquía normativa de tal Plan para transformarlo en Ley Provincial que asegure, entre otros aspectos, su continuidad en el tiempo".

Abultado presupuesto y pocas certezas
En los considerandos del pedido de informes los legisladores de la UCR también manifiestan que “para el año 2020 el Poder Ejecutivo asignó una partida de $3.138 millones para dicho Plan Incluir (instrumentada mediante modificación presupuestaria). Además, para el año 2021, se incluyó en el Presupuesto de la Administración Provincial una partida de $4.000 millones”.
“De esta forma, hasta la fecha el Poder Ejecutivo tuvo a su disposición unos $7.138 millones para otorgar financiamiento en el marco de tal programa y bajo las condiciones antes señaladas. Sin embargo, con el transcurso del tiempo la ausencia de información o cerrojo informativo por parte del Poder Ejecutivo, sumado a las demás condiciones antes señaladas, fue consolidando un estado de confusión y preocupación. A diferencia del Programa de Intervención Integral de Barrios, el Plan Incluir presenta un estatus de precariedad preocupante en materia de transparencia, control y garantías de pluralismo político.
“Tal precariedad lleva a que actualmente se carezca de certezas en cuanto a los procedimientos mediante los cuales los municipios y comunas pueden adherir y solicitar financiamiento en el marco de tal Plan, los criterios de asignación de los recursos entre los distintos municipios y comunas solicitantes, los proyectos elegibles para ser financiados y las transferencias de los recursos a los gobiernos locales.

Favoritismo político
De acuerdo a información que se pudo obtener reconstruyendo distintas fuentes documentales hoy el Plan Incluir demuestra que el Poder Ejecutivo distribuye poco y, dentro de lo poco que distribuye, lo hace con una desigualdad inédita respondiendo a un criterio de favoritismo político partidista. Si se considera que entre 2020 y 2021 las partidas presupuestarias asignadas al Plan Incluir totalizan $7.138 millones, hasta la fecha se ha distribuido apenas un 11% de dicho monto”.
“Y si se analiza la forma como se distribuyó tal monto se obtiene que un 72% de los municipios y comunas gobernados por el mismo partido del Gobierno Provincial ya recibieron aportes, mientras que apenas un 16% de los municipios y comunas gobernados por otros partidos políticos recibieron aportes. Medidos en términos de montos por habitante, las localidades cuyos gobiernos locales son del mismo partido político del gobierno provincial recibieron $447 por habitante, mientras que las localidades cuyos gobiernos locales son de otro partido político recibieron $125 por habitante. En virtud de lo antes señalado es que resulta, a todas luces, necesario requerir información al Poder Ejecutivo a los fines de clarificar tal preocupante estado de situación”, argumentaron los senadores.