Así lo ordenó el juez de la Investigación Penal Preparatoria (IPP), Nicolás Stegmayer, en una audiencia que se desarrolló de forma remota en los tribunales de San Cristóbal.

La fiscal que está a cargo de la investigación y solicitó la medida cautelar es Hemilce Fissore. En tal sentido, señaló que “aunque las imputadas, cuyas iniciales son MMF y BSM, llevaron a cabo su accionar ilícito en la ciudad cordobesa de Morteros, corresponde que lo investiguemos desde el MPA”.

Competencia territorial

Fissore indicó que “el defensor de las imputadas solicitó la incompetencia territorial por razones de economía procesal”, y destacó que “rechazamos el planteo en virtud de la conexidad entre estos delitos y otros cometidos en nuestra provincia”.

En la audiencia, el magistrado desestimó el requerimiento de la defensa porque los ilícitos endilgados a las imputadas se refieren a un delito precedente y el bien jurídico afectado es la administración pública de la provincia de Santa Fe.

Encubrimiento

La fiscal puntualizó que “el jueves 26 de enero de este año a las 20:30, la mujer de iniciales MMF, circuló por la vía pública de Morteros a bordo de una motocicleta que había sido utilizada para consumar el homicidio de Gamarra y una tentativa de homicidio en perjuicio de un niño”.

Fissore aclaró que “la moto era marca Yamaha modelo XTZ y la imputada estaba al tanto de los hechos ilícitos que se habían cometido con el vehículo”.

Además, se relató que “la investigada se negó a restituir la motocicleta a su verdadero dueño con el fin de ayudar al presunto autor del homicidio a eludir las investigaciones en su contra”.

Amenazas coactivas

La funcionaria judicial se refirió a que “la otra imputada es hermana de un hombre que está prófugo y con un pedido de detención vigente porque se lo investiga como autor del homicidio de Gamarra”. Según se añadió, “ella también llevó a cabo su conducta delictiva en Morteros”.

“Tras el ataque que tuvo lugar en Suardi, la mujer de iniciales BSM amenazó de muerte al propietario de la motocicleta utilizada para concretarlo”, se aseguró. “Le exigió que la hiciera pintar para modificar sus características y dificultar su identificación”, se precisó.

Peligros procesales

Fissore afirmó que “el magistrado dispuso la prisión preventiva por 90 días de ambas imputadas dando por acreditadas la autoría y materialidad los hechos que se les atribuyeron”. Al respecto, remarcó que “se tuvo en cuenta la contundente declaración del propietario de la moto”.

Asimismo, “el juez sostuvo que tanto el encubrimiento como las amenazas coactivas atribuidas a las imputadas están relacionadas con un delito preexistente grave y esa circunstancia lleva a que la pena en expectativa sea de ejecución efectiva”, subrayó la fiscal.

Por último, la representante del MPA informó que “el magistrado adujo que por el tipo de ilícitos investigados, los testigos y víctimas son especialmente vulnerables”, y agregó que “mientras el presunto autor del homicidio -que tiene relación estrecha con las imputadas- continúe prófugo, los riesgos procesales están vigentes”.

Prisión domiciliaria

La fiscal mencionó que “en la audiencia se ordenó que las imputadas cumplan la medida cautelar de forma domiciliaria”. Explicó que “se contempló que ambas son madres y, dado el interés superior de los niños, niñas y adolescentes, se resolvió en función de sus hijos”.

Por otro lado, “el magistrado les recordó a las imputadas que tienen vedado cualquier tipo de comunicación con las víctimas y testigos de los ilícitos”, concluyó Fissore.

Calificación penal

A la mujer de iniciales MMF se le atribuyó la autoría de encubrimiento por favorecimiento personal y real calificado (por la gravedad del delito precedente); y a la de iniciales BSM, la autoría de amenazas coactivas.