Ofensiva negacionista: el Gobierno prepara cambios para el Museo Sitio ESMA

El Gobierno de Javier Milei introducirá cambios en el museo que funciona en lo que fue el núcleo del campo de concentración de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA). Todo indica que las modificaciones irán a tono con la idea de “memoria completa” que se pregona desde la Casa Rosada como forma de justificar los crímenes atroces que se cometieron durante la última dictadura.

Ya no se trata de destruir; en esta segunda fase está también la idea de construir un relato acorde a los intereses del oficialismo y sus amigos. La ESMA, como lo ha sido en las últimas décadas, será un territorio propicio para la pelea de sentidos, sobre todo cuando en tres meses se cumplirán 50 años del último golpe de Estado.

En el predio de Avenida del Libertador 8151 se espera que en los próximos días desembarque Joaquín Mogaburu como nuevo subsecretario de Derechos Humanos. Los funcionarios que habían ascendido con Alberto Baños estuvieron limpiando sus oficinas y levantando sus petates, lo que presagia la llegada del abogado.

Mogaburu consiguió que la Corte Suprema le diera licencia para ausentarse de sus tareas como secretario del Tribunal Oral Federal (TOF) 7 de Comodoro Py. Entre mayo y noviembre fue el director de Derechos Humanos, Género y Derecho Internacional Humanitario del Ministerio de Defensa. Durante su gestión, Luis Petri oficializó la eliminación de los Equipos de Relevamiento y Análisis (ERyA) documental y habilitó unos seminarios de “verdad completa” que eran impartidos por Silvia Ibarzábal y Arturo Larrabure, hijos de militares muertos durante los años ‘70.

Mogaburu solía deambular por los liceos junto con Ibarzábal y Larrabure. Ambos militan en organizaciones de “memoria completa” y se han mostrado empáticos con los represores que están presos. Los tres solían coincidir en actos en distintos regimientos en los que se repudiaban ataques de la guerrilla en los años ‘70 con Bryan Mayer, actual director de Relaciones Institucionales del Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos (CIPDH). Mayer, exliceísta, funge como un vocero informal de distintos grupos de militares. Tuvo su momento de gloria en 2023 cuando calificó como “pro terrorista” la película Argentina, 1985, que retrata la labor de la fiscalía en el Juicio a las Juntas.

En mayo pasado, el Gobierno decidió degradar la política de Derechos Humanos: la Secretaría se convirtió en subsecretaría. Coincidentemente, desjerarquizó el Museo Sitio de Memoria ESMA y lo puso a depender del CIPDH. Ese organismo quedó en manos de funcionarios que vienen del Frente Joven, una agrupación cuyos principales objetivos fueron oponerse al matrimonio igualitario y a la interrupción voluntaria del embarazo.

Fernando Vedoya, que fue designado director del Museo Sitio ESMA, ya hizo cambios en el lugar. Hacia finales de septiembre, mandó a borrar las intervenciones que se habían introducido en la muestra en 2019 para dar cuenta de la violencia diferencial que sufrieron las mujeres que estuvieron secuestradas en la ESMA, por donde se estima que pasaron 5000 detenidos-desaparecidos.

En protesta a la cruzada anti-derechos de Vedoya y los otros integrantes del CIPDH, sobrevivientes de la ESMA hicieron un abrazo para decir que la memoria no se borra. Sin embargo, las modificaciones no se van a quedar allí, coinciden distintas fuentes consultadas.

Desde hace semanas circula la versión de que el Gobierno planea cambiar la forma en la que se cuenta el “contexto” de lo sucedido en la ESMA, donde se torturó, violó, se hizo parir a mujeres con grilletes para separarlas de sus hijos recién nacidos y se drogó a personas para arrojarlas vivas a las aguas del Mar Argentino.

Uno de los ejes de los cambios podría ser el video que introduce el recorrido por la ESMA, que pone el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 dentro de una sucesión de interrupciones del orden constitucional protagonizadas por las Fuerzas Armadas. Lejos de hablar únicamente sobre la ESMA, el video inserta este campo de concentración dentro de un entramado de centros clandestinos de detención, tortura y exterminio que se diseminaron por todo el país con el objetivo de multiplicar el terror para modelar una sociedad sumisa y aterrada.

Los seminarios que dictaban Mogaburu, Ibarzábal y Larrabure en los liceos pueden dar una pista sobre cuál sería el enfoque del Gobierno: hablar de las acciones de las organizaciones armadas de izquierda como forma de “justificar” la reacción de las Fuerzas Armadas. La otra parte de la ecuación podría completarse con sembrar dudas sobre las víctimas que allí estuvieron secuestradas. Una reversión del “algo habrán hecho”.

En octubre pasado apareció en el Museo Sitio ESMA Manuel Larrabure. Es hijo de Arturo Larrabure y nieto del coronel Argentino del Valle Larrabure, que fue secuestrado por el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) tras la toma de la fábrica militar de Villa María y tiempo después apareció su cuerpo en un camino en las afueras de Rosario. La organización explicó que se había suicidado; la familia insiste con que fue asesinado.

Arturo Larrabure declaró públicamente que decidió pedir que se reabriera la causa por la muerte de su padre después de que Néstor Kirchner sacara a los marinos del predio de Avenida del Libertador. Lo que se pretende con ese expediente es equiparar las acciones de la guerrilla con el plan criminal implementado desde el Estado. En julio pasado, la Corte consideró “inoficioso” pronunciarse acerca de si podía ser calificado como un crimen de lesa humanidad porque había muerto el único imputado.

“Según la Corte Suprema, el crimen de mi abuelo sería ‘abstracto’ y no puede juzgarse. Les comento que no fue abstracto. Que fue real y fue atroz”, se quejó Manuel Larrabure en X, y se mostró consustanciado con el reclamo de su familia. Larrabure (nieto) trabaja en temas vinculados a los contenidos y la comunicación del Museo Sitio ESMA. Participa en algunos recorridos, sobre todo cuando los visitantes tienen exposición pública.

La criminalización de los militantes de los años ‘70 no es solo un reclamo de la familia Larrabure. El Gobierno anunció en marzo pasado que había firmado una solución amistosa en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para decir que las acciones de los grupos armados fueron crímenes de lesa humanidad. En estos momentos, la Cámara Federal de Casación Penal define si la bomba que explotó en julio de 1976 en la Superintendencia de Seguridad Federal (SSF), donde funcionaba un centro clandestino, debe ser tratada como una “grave violación a los derechos humanos”. Si así lo considera, convalidará un expediente que impulsa un represor condenado a prisión perpetua y una organización que nuclea a abogados defensores de acusados por crímenes de lesa humanidad.

Desde que comenzó la gestión de La Libertad Avanza, el Museo Sitio ESMA sufrió despidos y ahogamiento presupuestario. En junio, el Gobierno echó a Mayki Gorosito, la directora ejecutiva que había trabajado para conseguir que la Oficina de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) considerara que el lugar es patrimonio de la humanidad. Por falta de personal, el Museo Sitio ESMA debió recortar de seis a cuatro los días de apertura al público. Solo quedaron tres personas a cargo de acompañar las recorridas de los visitantes.