La Asamblea Legislativa aprobó tres designaciones para la Corte Suprema
La Asamblea Legislativa prestó acuerdo a los pliegos enviados por el Poder Ejecutivo para la designación de tres ministros de la Corte Suprema de Justicia de la provincia, durante una sesión realizada este jueves en el recinto de la Cámara de Senadores, presidida por el presidente provisional del Senado, Felipe Michlig.
Tras la lectura del decreto de convocatoria, la presidenta de la Comisión de Acuerdos de la Asamblea Legislativa, diputada Lionella Cattalini, informó la existencia de despacho de mayoría aconsejando la aprobación de los pliegos remitidos por el Poder Ejecutivo.
El despacho fue puesto a consideración del cuerpo y aprobado por los legisladores presentes.
Los pliegos tratados y aprobados corresponden a:
- Dr. Aldo Mario Alurralde, designado como Ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, con 56 votos afirmativos, 1 voto negativo y 9 abstenciones.
- Dr. Diego Luis Maciel, designado como Ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, con 52 votos afirmativos, 5 votos negativos y 9 abstenciones.
- Dra. Jorgelina Mabel Genghini, designada como Ministra de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, con 51 votos afirmativos, 5 votos negativos y 10 abstenciones.
Durante el tratamiento, la diputada Cattalini señaló que, “entendiendo que es necesario renovar la Corte y no habiendo recibido impugnaciones, aconsejamos la aprobación de los pliegos”, y planteó además la necesidad de avanzar en el futuro hacia una composición del máximo tribunal con paridad de género.
En el marco de un extenso debate, legisladores de distintos bloques de la oposición manifestaron su desacuerdo con las designaciones, al sostener que aún no se han generado las vacantes necesarias para la incorporación de nuevos ministros y cuestionaron la falta de paridad de género en las postulaciones.
Por su parte, legisladores del oficialismo argumentaron que las vacantes se encuentran configuradas, citando disposiciones de la Constitución Nacional, la Constitución Provincial y la Ley Orgánica del Poder Judicial.