La Caja de Jubilaciones y Pensiones de la provincia de Santa Fe paga a los beneficiarios de haberes más altos hasta 431 mil pesos por mes. El listado de los cien mayores favorecidos de este órgano previsional son exclusivamente personas que trabajaron en el Poder Judicial de la provincia. Sus ingresos mensuales van en orden ascendente desde 347.559 pesos hasta 431.309 pesos, en el último ejercicio del mes de septiembre.

La magnitud de estos haberes asombra por la desproporción con una masiva base de aportantes que cobran una jubilación mínima de 16.883 pesos. Los que más reciben están 25 veces por encima de lo que perciben los que menos cobran. Es una relación desmesurada que no guarda ninguna lógica defendible.

Los datos aquí volcados provienen de información proporcionada al diario La Capital por la misma Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia de Santa Fe. Suponen un impulso a un interesante debate público por varios motivos centrales, algunos de los cuales aquí se sintetizan.

- Los que ganan estas jubilaciones o pensiones son excluyentemente miembros retirados del Poder Judicial de la provincia con al menos 30 años de servicios o sus cónyuges. Están incluidos conocidos ex ministros de la Corte Suprema, ex camaristas, ex procuradores, ex jueces y ex fiscales. Lo que perciben sobrepasa en todos los casos los haberes del gobernador de la provincia.

- Esta distorsión proviene de una situación diferente a todas las demás actividades en la provincia que aportan a la caja estatal. Esto porque los salarios del Poder Judicial no se determinan por lo que define la provincia de Santa Fe sino por una ley que engancha los haberes a la disposición de la Justicia Nacional, desde el trabajador con menor remuneración a los sueldos máximos, de acuerdo a lo que establece la Corte Nacional.

- La circunstancia especial hace que en un sistema de reparto, donde el trabajador en actividad sustenta de manera colectiva y solidaria al trabajador pasivo, se descalabren las pautas racionales de equilibrio del sistema. No es que el que cobra estas altas sumas hizo un aporte a un sistema de capitalización personal, donde lo que cuenta es la contribución individual, sino que está atado a lo que ponen los demás. Lo que se afecta con esto es un principio esencial, el de la igualdad, motivo de una discusión vehemente que en estos días pone en jaque las formas de representación en toda América Latina.

Planteos legislativos

La diputada provincial Verónica Benas (Frente Progresista) presentó en dos ocasiones con el propósito de establecer niveles de equidad en el sistema público de jubilaciones de la provincia. El destino del proyecto es perder estado parlamentario por la voluntad negativa de la mayoría de los legisladores a darles envión. El diputado reelecto Carlos Del Frade anunció que presentará este mismo proyecto en el próximo período ordinario de sesiones en abril próximo.

Es muy interesante y significativo que en los sectores que tienen representación política en la provincia prende muy poco este debate. Quienes son gobierno están poco dispuestos a subirse a un caballo que los pone de frente en contra de las máximas autoridades del Poder Judicial. Los que están en la oposición y aspiran a ser gobierno no los entusiasma mezclarse en semejante desafío con estamentos de poder fuertes que gravitan en la gobernabilidad. El resultado es que esta inequidad sin parangón se perpetúa como si no ocurriera.

“Hay que poner un coto a esto sin perjudicar a los trabajadores del Poder Judicial pero, como ocurre en otros países del mundo, colocando un tope para no generar pagos exorbitantes, que en términos de asimetría son un disparate además para sectores que no pagan ganancias”, dijo Benas a Aire de Santa Fe.

Para Del Frade, estas desmesuras impactan inquietantemente sobre el régimen de gobierno basado en el voto. “Tenemos un problema y es que la democracia, por cosas como estas, deje de gozar de simpatía en América Latina. Necesitamos gestos para democratizar la democracia. Y si vemos que la pobreza sube no podemos seguir en este tipo de altanerías que socavan el propio sistema. Necesitamos rediscutir ingresos de los tres poderes del Estado, rediscutir impuestos, desengancharnos de los privilegios. Los costos de no hacerlo lo estamos viendo”, sostuvo.

Una aspecto llamativo es que este resbaladizo debate no lo asumen los que con uñas y dientes se aferran a estos privilegios sin defenderlos con una discusión franca. La corporación judicial y política presiona para desterrar del debate público y de los medios de prensa estos temas. Cada vez que Benas ingresó un proyecto para limitar estos haberes en la Comisión de Asuntos Previsionales y Laborales de la Cámara de Diputados provincial le pasó lo mismo. “No encontré acompañamiento aunque todos mis colegas me decían que era razonable. Pero me hacían saber que no tenía destino porque nadie iba a estar dispuesto a dar esta pelea”, comentó.

Incongruencias

La distorsión de los pagos de la Caja Provincial se nota en contraste con dos comparaciones. En España, por ejemplo, un país de una solvencia fiscal incomparable a Argentina, la máxima pensión que paga el Estado es de 2.659,41 euros en septiembre, equivalente a 183 mil pesos. Y a nivel interno también se advierte cuando la Administración Social de la Seguridad Social (Anses) tiene un tope que supone no pagar haberes a pasivos por encima de los 90 mil pesos.

Benas cree que se necesitan gestos de las mismas autoridades del Poder Judicial. “Hablo de establecer alguna relación interna que implique un tope razonable a las máximas remuneraciones jubilatorias porque todos lo tienen. Por ejemplo que no puedan haber salarios más altos que los del gobernador de la provincia. Porque esto otorga privilegios a un sector mínimo a expensas de toda la población más. Se rompe un criterio de solidaridad elemental. Si por ejemplo se pagaran 10 jubilaciones mínimas como límite tendríamos haberes de casi 170 mil pesos. Nadie puede pensar que esa es una suma despreciable”, sostuvo.

La Caja de Jubilaciones de Santa Fe tiene 90.773 beneficiarios. De estos 68.212 son jubilados y 22.561 pensionados. La jubilación mínima en septiembre pasado fue de 16.883 pesos, la máxima de 431.309 pesos y el haber promedio quedó en 51.988 pesos. La pensión mínima en ese mes fue 12.662, la máxima 323.482 pesos y el promedio estuvo en 29.797.

La Caja atraviesa un déficit mensual que orilla los mil millones de pesos. No sería ajustado atribuir el déficit a las jubilaciones y pensiones desfasadas de las que trata esta nota. “Todas las cajas de reparto tienen algún nivel de déficit que en Santa Fe fue bastante manejable, otras cajas la de Córdoba y Entre Ríos están mucho peor, y sin pagar estas ventajas. La Nación ha incumplido durante mucho tiempo los aportes desde los acuerdos del Pacto Fiscal II durante el gobierno de Carlos Menem. Lo que es importante es que este desacople se pueda corregir puntualmente, lo que es necesario no solo por cuestiones de lógica, sino de ética”, afirma Benas. “No tengo nada en contra de ningún trabajador y tampoco del Poder Judicial. Pero para sostener esta situación de ventaja y de privilegio somos otros los que estamos pagando esa fiesta”.

Fuente: AireDigital