La Cámara de Senadores finalmente aprobó en la sesión de este jueves el proyecto del Ejecutivo sobre la Ley de Necesidad Pública.

El proyecto aprobado, con 11 votos positivos, dos abstenciones y cuatro negativos, es el que envió el Ejecutivo a principios de febrero, aunque con algunas modificaciones de los senadores justicialistas.

"Lo más importante son los cambios en seguridad", le confió en off un senador justicialista a UNO Santa Fe y aclaró que lo que no se podía sostener era el pase a disponibilidad de los agentes policiales sin que tengan una instancia donde puedan ejercer su derecho a defensa. "Es una cuestión de seguridad jurídica que está establecido en la Constitución. Si no se le abre la puerta a una catarata de juicios", dijo el legislador y agregó: "Hay cosas que no vamos a votar bajo ninguna circunstancia. Eso se lo dijimos al gobernador, frente a frente".

Además, los senadores del Justicialismo le hicieron algunos retoques al proyecto original para no conceder todas las delegación de facultades que el gobernador Omar Perotti había solicitado en el mensaje enviado a la Legislatura.

Por el lado del Frente Progresista, los radicales ratificaron en una conferencia de prensa que no iban a delegar ninguna atribución de la Legislatura en el Poder Ejecutivo y se mostraron confiados en que en Diputados será votado por la mayoría el proyecto que fue minoría en la Cámara alta. De esa manera, todo se daría vuelta y con esas modificaciones el proyecto volvería al Senado.

Algunos dirigentes progresistas son optimistas porque una vez aprobada en Diputados –tal vez con algunas modificaciones al dictamen que este jueves fue minoría– la iniciativa le dejará en bandeja al gobierno 22.000 millones de pesos. Pero, además, confían en que los intendentes y presidentes comunales del propio justicialismo puedan empezar a pedir con mayor ahínco la aprobación de la ley sin mayores dilaciones.

Las idas y vueltas comenzaron en diciembre cuando Perotti envió la ley de emergencias. Ya se llegó a principios de marzo y la media sanción del Senado no garantiza que se esté más cerca de un acuerdo para que haya ley de necesidad. Mientras tanto, Miguel Lifschitz espera sentado y en silencio. El desgaste lo están haciendo el oficialismo y los radicales.

El que puso la lupa en esa situación fue el senador justicialista Armando Traferri. El sanlorencino se quejó de que cuando el PJ fue oposición, desde 2011 a la fecha, le votó todas las leyes que los gobernadores socialistas les pidieron.

En ese sentido señaló que siempre se pensó en la institucionalidad de la provincia y no se buscó un rédito político. "Esto es lo que está pensando parte de la oposición y no la de esta cámara", dijo para señalar a la figura del exgobernador sin mencionarlo. Aunque minutos después no dudó en acusar a Lifschitz de discriminar a los intendentes del PJ en el reparto de recursos.

Los dos proyectos

El senador por Castellanos, el justicialista Alcides Calvo, marcó los principales puntos de la iniciativa donde se sostienen los dos fondos por 2.500 millones de pesos cada uno para la necesidad alimentaria y la sanitaria. Además, hay otro fondo por 1.000 millones de pesos para Seguridad.

Luego, el legislador perottista reconoció que uno de los puntos más complejos para llegar a un acuerdo fue el de la asistencia financiera que se estaba solicitando. "Para encarar la renegociación de los contratos, el gobierno busca autorización para tomar deuda por $ 6.000 mil millones para pagar y renegociar, a través de distintos instrumentos (Letras de tesorería, pagarés, etc.), la deuda flotante y los contratos públicos, a devolver hasta en 36 meses. La autorización se hace extensiva a la EPE por $2.700 millones. Los municipios y comunas que se declaren en estado de necesidad pública podrán también concertar operaciones de crédito para ese fin por un importe equivalente a $1.600 millones", especificó.

Además, para recomponer el Fondo Unificado de Cuentas Oficiales (Fuco), se establece una autorización para tomar deuda por otros $16.000 millones de forma escalonada: 8.000 millones de forma inmediata y, sujeto a aprobación de la comisión bicameral de seguimiento que se creará mediante esta ley, se podrán tomar otros 4.000 millones en junio y otros 4.000 millones en septiembre.

En cuanto a la ayuda para municipios y comunas, Calvo sintetizó que se autorizaría que puedan tomar un 50 por ciento de lo que la provincia adeuda del Fondo de Obras ¨Menores (FOM) por los años 2018 y 2019, más un 25 por ciento de lo que corresponde a los 2.000 millones asignados al FOM para 2020.

Además, se crea un régimen transitorio de asistencia financiera a municipios y comunas por $ 3.500 millones, de los cuales se pondrá a disposición $3.200 millones de la siguiente manera: 60% a Rosario y Santa Fe; el 30% a los municipios de segunda y 10% a comunas. Asimismo se destinan $ 300 millones al Programa de Fortalecimiento Institucional y Saneamiento Financiero para los Municipios de Segunda Categoría y Comunas que estén en estado de emergencia.

Calvo dijo que para pasar en limpio de los recursos solicitados en esta ley el 75% van para la provincia y el 25% restante a los municipios y comunas, ya que la suma de los presupuestos de todos los gobiernos locales santafesinos suman el 22% del presupuesto provincial. "Ese fue el criterio de distribución de la toma de deuda", argumentó Calvo quien además dijo que el endeudamiento servirá para solventar el boleto estudiantil gratuito, el congelamiento de las tarifas de luz y agua, saldar las acreencias de la provincia con los municipios y comunas y hacer frente a la deuda flotante.

La propuesta opositora

La iniciativa que promovieron los radicales frentistas sostiene los fondos para ayuda alimentaria y salud, pero duplica los montos para seguridad. Además, amplía la ayuda a los municipios y comunas llevando a un total de 8.000 millones de pesos el auxilio a través de diferentes programas.

El senador Felipe Michlig sostuvo que con el proyecto que está ofreciendo la oposición se autoriza a una toma de deuda al gobierno provincial de 22.000 millones de pesos. De ese monto total se destinan 9.000 millones para el boleto estudiantil gratuito y el congelamiento de tarifas. Además, hay 5.000 millones para los certificados de obras que provincia adeuda y que tienen como objetivo evitar el quebranto de las pequeñas empresas y evitar la pérdida de puestos de trabajo en el sector de la construcción.

Otra de las diferencias es que se incorpora a Rosario y Santa Fe al FOM, con una afectación del 0,5% del presupuesto. Además, se habla de reprogramación de plazos de obras y no de rescisión de contratos. Michlig resaltó que "hay voluntad política en el Frente Progresista porque se está aprobando toma de deuda para gastos corrientes, algo que en la provincia nunca se hace".

Mientras los senadores estaban terminando sus argumentaciones, en la ciudad ya se empezaban a escuchar los cacerolazos y los vocinazos de los vecinos que en distintos puntos de la ciudad salieron a las calles a reclamar más seguridad. A veces los tiempos de la política no son los de la gente, pero es hora de que la política llegue a un consenso para empezar a atender las necesidades de la gente.