Qué dice la megarreforma en seguridad que impulsa el ministro Sain

Parte de la reforma de seguridad de la provincia que promueve el ministro Marcelo Sain se conoció este miércoles durante una videoconferencia en la que el ministro detalló el borrador de la primera de tres leyes. Las dos restantes –de control policial y la organización de tres servicios de policía– se pondrán a debate público el 17 y el 24 de junio próximos.
 
Esta primera ley consta de 60 páginas y 184 artículos. Define lo que es el Sistema de Seguridad Pública, cuyo responsable es el gobernador y el brazo ejecutor el ministro de Seguridad. Alcanza el diseño, planificación, ejecución y administración de todas las políticas de seguridad bajo la conducción política de la provincia. En ese sentido, asienta taxativamente que la “conducción superior del sistema policial es política” y por lo tanto el Ministerio tiene la dirección superior y la administración general del mismo.

Algunos de estos temas se esbozaron por primera vez en los 90 con el ex ministro (Roberto) Rosúa; se habló más cuando (el ex gobernador Hermes) Binner creó el Ministerio de Seguridad; se discutieron mucho en los tiempos de (ex ministro Raúl) Lamberto, y hoy por suerte Santa Fe tiene sobre la mesa la encrucijada

La videoconferencia se realizó desde la Universidad Nacional Rosario. Fue moderada por el rector Franco Bartolacci y de forma virtual participó el procesalista y director de Inecip Alberto Binder. Se transmitió por las redes sociales de la UNR y luego se respondieron algunas preguntas del público virtual.

Binder no es un desconocido de Santa Fe. Experto en reformas judiciales, junto con los cuadros del Inecip asesoró en la reforma e implementación en 2014 del Código Procesal Penal de Santa Fe.

Este jueves defendió los ejes centrales del proyecto y dejó un mensaje: “Algunos de estos temas se esbozaron por primera vez en los 90 con el ex ministro (Roberto) Rosúa; se habló más cuando (el ex gobernador Hermes) Binner creó el Ministerio de Seguridad; se discutieron mucho en los tiempos de (ex ministro Raúl) Lamberto, y hoy por suerte Santa Fe tiene sobre la mesa la encrucijada. Los legisladores toman este camino y lo toman en serio, o en los próximos años veremos cómo en el futuro cercano tenemos que atender a otra de las cíclicas crisis de seguridad”.

 
El proyecto reorganiza el trabajo de la fuerza policial para enfocarla en las distintas realidades criminales que tiene cada región de la provincia.
Maiquel Torcatt / Aire Digital
Con respecto al futuro de la reforma, Sain indicó que “la idea es alcanzar un buen nivel de acuerdos” para cuando los proyectos ingresen a la Legislatura, donde el tránsito de los mismos por ahora no está asegurado en especial después de los cortocircuitos entre el ministro y los senadores. En esta oportunidad Sain evitó polémicas –salvo alguna ironía menor sobre el final– y desplegó su reconocida solidez para fundamentar cada propuesta.

La imposibilidad presencial del lanzamiento de la reforma impidió palpar la cantidad y calidad de los respaldos que acompañan al ministro tras 6 meses de polémicas y peleas con oficialistas y opositores, sumadas a las idas y vueltas en la relación con el gobernador.

Qué dice el proyecto
Seguridad pública. Esta primera parte de la reforma es la que sienta las bases jurídicas e institucionales del Sistema de Seguridad Pública, que formula, implementa y controla las políticas de seguridad y, particularmente, las referidas a prevención de la violencia y el delito, así como las de persecución penal, de seguridad preventiva y de investigación criminal.

Sistema policial. Buena parte de esas funciones recaen en el “sistema policial”, que de aprobarse la ley abarcará no una sino tres policías diferentes que ya están operativas por vía de decreto desde que asumió el actual gobierno: la Policía provincial de prevención (dirigida por el comisario Víctor Sarnaglia); la Agencia de Investigación Criminal (Maximiliano Bertolotti) y la Agencia de Control Policial (Mariana Olivieri).

-La primera tiene una misión preventiva, mantener el orden público, ser auxiliar de la Justicia y resguardar vidas, bienes y derechos. El ministro ayer dio un adelanto de la reorganización que proyecta para este servicio policial: “Pensamos en una regionalización distinta a la actual, por regiones con policiamiento por resolución de problemas, enfocados a la problemática criminal que en cada región es distinta. No es igual la llanura chaqueña, el oeste provincial o Rosario y el sur”.

-La Agencia de Investigación Criminal investiga delitos, asiste a fiscales y cumple diligencias durante la investigación penal preparatoria de los juicios. Las Tropas de Operaciones Especiales están bajo su mando.

-La Agencia de Control Policial, que absorbe las antiguas áreas de Asuntos Internos, persigue actividades ilícitas que involucren a personal policial o que signifiquen faltas disciplinarias.

El artículo 71 deja en claro que se trata de tres servicios policiales “con nivel equivalente” y por lo tanto sus máximas autoridades dependen del ministro y no de un jefe superior. La ley específica indicará los mecanismos de coordinación. La actual ley que regula la Policía es de 1975.

Datos e información. En el capítulo denominado “Gestión del Conocimiento de la Seguridad Provincial” se crea el Sistema Unificado de Información y Análisis del Delito y la Violencia de la Provincia de Santa Fe. Sain busca dejar atrás el déficit estructural de información y constituir una plataforma de recolección, procesamiento y análisis de datos tanto de la situación del delito y la violencia, como de las respuestas y el funcionamiento de los componentes del sistema de Seguridad provincial.

“No puede ser que en Santa Fe nos tiremos los muertos entre los partidos políticos", dijo Sain.

La gestión del Sistema Unificado será responsabilidad del Observatorio de Seguridad Pública, encargado de la gestión y análisis de la información. El Observatorio tendrá a su vez un consejo asesor ad honorem integrado por representantes de universidades públicas y privadas, organizaciones no gubernamentales, sociedad civil y entidades privadas “con trayectoria e idoneidad” en la materia. El artículo 33 obliga a los organismos públicos provinciales o municipales y las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, a suministrar la información que se le requiera.

Sain puso mucho el acento en este punto: “No se puede prevenir o conjurar aquello que no se conoce”.

Y fundamentó con un ejemplo: “No puede ser que en Santa Fe nos tiremos los muertos entre los partidos políticos. Desde los delitos que se cometen dentro de los hogares, hasta la complejidad del narcotráfico, todos esta información se tiene que conocer y tiene que doler donde tenga que doler, no podemos dejar esto en manos de la especulación política, o de los medios cuyos intereses no siempre pasan por mostrar objetivamente una situación”.

Armas. Se crea la Agencia Provincial de Prevención de la Violencia con Armas de Fuego, que tendrá entre sus funciones operativas “el control sobre la totalidad de los arsenales y depósitos del sistema policial”, además del objetivo central que es reducir la circulación de armas de fuego y municiones.

Dentro de este mismo capítulo, se crea el Sistema Automático de Identificación Balística. Se trata de una base de datos única de evidencia balística para permitir el cotejo de armas y proyectiles. Una de las funciones es que llevará el registro de “proyectiles testigo” que obligatoriamente toda persona que adquiera o posea un arma en la provincia deberá entregar a este banco de datos.

Bienestar policial. Se genera una Subsecretaría de Bienestar y Género, que buscará prevenir la violencia laboral (“Ningún policía puede garantizar derechos de las personas si sus derechos están siendo vulnerados en su lugar de trabajo”, dijo Sain) y de género, garantizar igualdad de derechos entre mujeres y hombres, y retoma lo hecho por gestiones anteriores con las comisiones de Higiene y Seguridad Laboral, que ahora se denominaría Comisión de Bienestar Policial integrada, por 12 representantes del Ejecutivo y otros tantos policiales, también elegidos por voto secreto. También crea la figura del Defensor del Policía.

Formación. La Academia de Seguridad Democrática reemplaza al Instituto Superior de Seguridad Pública. Tendrá dos pilares institucionales: la Academia de Policía y la Escuela de Gobierno en Seguridad Democrática. Ésta última destinada a funcionarios y personal del Ministerio de Seguridad, dirigencia política y miembros de partidos políticos; personas físicas o jurídicas, públicas o privadas y personal de seguridad privada. El ministro explicó que “el vacío de expertos en seguridad en el Estado en las últimas décadas generó un daño enorme en Argentina”. También establece condiciones de ingreso, formación y capacitación policial.

Gobiernos locales. La coordinación institucional a través de Mesas de Seguridad Locales es central en la idea de Sain. No es novedoso, pero sus resultados fueron parciales y nunca tuvieron un soporte institucional que se le pretende dar ahora. Las mesas de constituirán en cada ciudad o localidad que se evalúe necesario, entre provincia, gobiernos locales y actores de la sociedad civil.

Seguridad privada. A partir del artículo 156 regula la actividad de las agencias privadas, a las que define como de “interés público” y “complementarias y subsidiarias de las políticas de seguridad del Estado”. Si bien acá define el marco político institucional en el que desarrollan su actividad, pide regular el sector con una ley específica.

Control legislativo. Prevé la constitución de una comisión bicameral de seguimiento, que entre otras potestades podrá controlar los fondos reservados para investigaciones especiales. El ministro dijo que “son partidas que son indispensables, que requieren absoluta reserva pero que deben ser controlados desde lo administrativo y lo legislativo”.

Fuente: Aire Digital