El viernes pasado, terminado el allanamiento en el lugar donde residía (hoy lo hace en la Unidad Penitenciaria N°6), el fiscal Gustavo Ponce Asahad mostró quién es. Exigió “una profunda investigación porque al mismo tiempo que se iniciaba el allanamiento, un portal de noticias ya tenía detalles del procedimiento. “¡Acá hay filtraciones de todo tipo!”, exclamó fingiendo indignación y sin ponerse colorado. 72 horas después uno de los tres delitos que le imputaron fue “transmisión de datos reservados”, es decir filtrar información judicial a delincuentes.
 
En otro pasaje, Ponce Asahad dijo: “Estoy conmocionado por mi familia, porque es la familia lo que duele”. Hacía que no comprendía por qué las cámaras estaban frente a su casa, como hacen diariamente los noticieros en allanamientos a sospechosos de delitos comunes. Cuando coimeaba ¿no contemplaba consecuencias sobre su familia, que sus seres queridos convivirán con eso para siempre? Y si lo piensan y asumen el riesgo, ¿cómo es que cuando las cosas se ponen feas pretenden escudarse en su familia o en “un familiar gravemente enfermo” para zafar?

 Hacía que no comprendía por qué las cámaras estaban frente a su casa, como hacen diariamente los noticieros en allanamientos a sospechosos de delitos comunes.

 La defensa que ensaya Serjal es menos patética. Apunta a una motivación política aunque también se declara inocente y dice desconocer al arrepentido que lo hizo caer. Esa interna es real dentro del Ministerio Público Fiscal, pero más real es la montaña de evidencias que llevaron preso a Ponce Asahad y quizás la semana que viene también a él. Los fiscales adelantaron que los acusaron por los mismos delitos y pedirán la prisión preventiva.

Dos veces bajo la lupa
Ponce Asahad ya estuvo bajo la lupa en dos oportunidades. En 2015, cuando se analizó su pliego, se ventiló lo ocurrido en 2013, cuando era el hombre fuerte de la inolvidable María Luisa Pérez Vara, la jueza de instrucción que se fue de paseo a Cariló estando de turno. Tuvo la “mala suerte” de que ese fin de semana ejecutaron a un notable narco y su novia. Ponce Asahad era entonces el prosecretario del juzgado en lo formal y mano derecha de la señora jueza en la práctica. Le cubrió las espaldas, la protegió. El fallo de cámara fue muy explícito sobre el rol que cumplió en esos días. Aun así, la Legislatura aprobó su pliego, con menos votos positivos (sólo de una parte del justicialismo) que la suma de negativos y abstenciones.

 En 2017, ya siendo fiscal, la Auditoría General del MPA formuló y presentó cargos ante el Tribunal de Disciplina porque su rol fue determinante para dejar en libertad a un hombre que era prófugo de la cárcel de Coronda y condenado por dos homicidios. Ese 2017, la Legislatura hachó la autonomía del MPA al quitarle la potestad de sancionar a sus miembros cuando la sanción en expectativa sea mayor a dos meses de suspensión del cargo. ¿Qué hizo la Legislatura desde entonces? Poco y nada.

Siempre quedó la sensación de que esa ley que modificó el reglamento disciplinario fue más bien un arrebato de poder con la intención de tener al alcance de la mano el control y el condicionamiento de la fiscalía (¿cuántos fiscales pueden ir contra los que pueden echarlos?). Es vox populi que esa reforma se parió como reacción a las investigaciones sobre cuatro senadores y sobre sectores de poder real con más capacidad de influencia en la política que en el MPA.

Legislatura sin puntería
La puntería de la Legislatura está desafinada hace tiempo. Era muy curioso ver la escena de la audiencia imputativa a Ponce Asahad el martes pasado. De un lado el acusado, que llegó favorecido por sus vínculos con el peronismo (hombre de compartir asados con Carlos Menem en los 90, se dice) y entró por la ventana. Del otro, el fiscal Luis Schiappa Pietra, uno de los más destacados fiscales de la provincia, de esos “pocos con cojones” y “visión estratégica” que menciona el ministro de Seguridad Sain, y protagonista de juicios relevantes que llevaron a la cárcel a Los Monos o a Esteban Alvarado. En 2013 su pliego, a pesar de que era el mejor calificado, fue rechazado por la mayoría opositora por el sólo hecho de haber trabajado en los equipos del ex ministro de Justicia Superti.

 Sin duda la confesión del empresario del juego Leonardo Peiti es interesada, pero en este caso destacó la labor de la Fiscalía, que en cuestión de días corroboró los hechos con filmaciones en días y horarios indicados, llamadas telefónicas, tickets de peajes, registros en hoteles.

 La audiencia de imputación a Ponce Asahad fue histórica por varias razones. Entre otras, debutó en Santa Fe de la polémica figura del arrepentido. No es la ocasión para desplegar aquí las innumerables contras de esa figura, pero sí vale destacar el contundente trabajo de los fiscales de la Agencia de Criminalidad, que conformaron un cuerpo de evidencia que dejó a la defensa de Ponce Asahad como estaba Brasil el día que Alemania le ganó 7-0 en el mundial y de local.

 Sin duda la confesión del empresario del juego ilegal Leonardo Peiti es interesada, pero en este caso destacó la labor de la Fiscalía, que en cuestión de días corroboró los hechos con filmaciones en días y horarios indicados, llamadas telefónicas, tickets de peajes, registros en hoteles, testigos, etc. Esos elementos por sí solos no son prueba para llegar a una condena, como no lo es la confesión del arrepentido. Pero los fiscales armaron el rompecabezas hasta componer un cuerpo de evidencia contundente. De hecho la jueza aceptó todos y cada uno de los argumentos. Si echar mano a la figura del arrepentido puede resultar vidrioso, en este caso se hizo de la mejor forma y en el mejor sentido.

A corazón abierto
La chicana de los senadores del NES el lunes pasado al radical Lisandro Enrico expone a corazón abierto la concepción “entre los nuestros y los de ustedes” que está primando en la Legislatura con respecto a la Justicia. En el comunicado de prensa los justicialistas Gramajo y Pirola “solicitaron a sus pares de la Cámara Alta (léase radicales) ir a fondo con la sanción preventiva que les correspondiere a todos y cada uno de los fiscales sospechados de actos fuera de la ley”.

 “La situación que involucra a los fiscales Serjal y Ponce Asahad no debe ser utilizada como “cortina de humo para ocultar situaciones de igual gravedad que implican a los fiscales Adrián Spelta y Mauro Blanco”, cuya suspensión fue solicitada por ese espacio oportunamente “sin lograr el acompañamiento necesario de parte de la mayoría de los miembros de la comisión”. Para que se entienda, Serjal y Ponce Asahad son fiscales próximos y con llegada al sector de Cambiemos y buena parte del peronismo, en ese orden. El fiscal de Venado Tuerto Mauro Blanco, según dicen en el peronismo, es un protegido del radicalismo, en especial del senador Enrico quien se estaría moviendo para que la sanción no sea la destitución.

 Si, como se dice, Enrico pretendía reducir daños para salvar a Blanco y senadores peronistas hacer lo propio con la investigación que ya tenía abierta Serjal, el escándalo por las coimas podría generar un cambio de clima sobre la situación de fiscales y jueces cuyo futuro pende de un hilo. La semana que viene la comisión bicameral tiene que cerrar el dictamen sobre Blanco. Y el martes se reúne el Tribunal de Enjuiciamiento para resolver si inicia el procedimiento contra el juez Hernán Postma, denunciado por el mismo caso que motivó la apertura de investigación legislativa al fiscal Adrián Spelta, cuyo trámite viene un paso atrás que el de Blanco.

 El Tribunal resolverá sobre el juez de Villa Constitución Ignacio Vacca, que dejó en prisión domiciliaria a un hombre acusado de quemar a su mujer y se fugó cuando se enteró que la víctima falleció.

 También el Tribunal resolverá sobre el juez de Villa Constitución Ignacio Vacca, que dejó en prisión domiciliaria a un hombre acusado de quemar a su mujer y se fugó cuando se enteró que la víctima falleció. En ese caso la Policía lo capturó días después, salvando de mayor escándalo al juez, pero ¿quita eso su grave error? Con ese criterio la semana pasada se salvó de enjuiciamiento a una magistrada de San Justo que acumuló una pila de errores técnicos, algunos con consecuencias serias, recopilados en la denuncia de la Procuraduría de la Corte. Sin embargo, como todos fueron enmendados en la instancia de apelación, continuará en el cargo.

 Hasta ahora, el umbral disciplinario está muy alto. Pareciera que el piso para una sanción fuerte es cometer un delito, como los fraudes del juez Martin, las escuchas telefónicas por asuntos personales del fiscal Rodrigo, o las coimas que se le achacan a Ponce y Serjal. Hay toda una gama de situaciones que se toleran, como las causales referidas a idoneidad técnica para aplicar el derecho o reproches éticos, que hoy por hoy no pesan en los criterios disciplinarios.

Fuente: Aire Digital