Su nombre sonó entre los posibles interventores, luego de que Diputados sancionara la medida que aparta a la familia Sola de la administración del pueblo. Desde su entorno se habla de una “vendetta”.
Actualidad03 de abril de 2024
El Departamental
La foto de Matías Gamboa, sentado sobre la cama de un hospital, mostrando las tres heridas de bala que le pudieron haber costado la vida, pusieron el nombre de la comuna santafesina de Villa Saralegui en el centro de la escena política. La violencia y las denuncias por el curso de la administración del pueblo del departamento San Cristóbal derivaron en una sucesión de noticias que terminaron en la legislatura provincial, donde el miércoles 27 de marzo se sancionó la intervención comunal.
Esa mañana, Gamboa, que se recuperaba de la balacera, celebraba la caída del “cacique” Walter Sola como un triunfo. Con él, un grupo de productores agropecuarios de la zona, que a fuerza de denuncias, pusieron coto a la omnipotencia del hombre que gobernó durante más de una década.
Gamboa (Juntos Avancemos) había disputado las últimas elecciones -10 de septiembre de 2023- como alternativa a la familia Sola (Santa Fe Para Todos). Y aunque vencido por éste, ganó la posibilidad de integrar el ejecutivo local como miembro de la primera minoría, derecho que nunca pudo ejercer en tres meses de gestión.
Suerte cambiante
Esta última irregularidad, atribuida al jefe local, fue la que jaqueó su continuidad y según se investiga, habría derivado en el ataque armado que sufrió el contrincante político -antes ladero de la familia Sola-, el pasado 7 de marzo.
Es decir que vivo y con la intervención dispuesta por la legislatura santafesina, Gamboa se perfilaba como un candidato firme a llevar adelante el proceso. No obstante, no habían pasado 48 horas desde la sanción en diputados para que la suerte se volviera en su contra.
Una denuncia -se dice que del propio entorno de los Sola- derivó en una serie de allanamientos, uno de ellos en la vivienda de Matías Gamboa, donde la policía secuestró un revólver calibre 22 sin la documentación correspondiente. Eso sumado a desafortunadas declaraciones cuando siendo víctima deslizó que si la justicia no lo defendía lo haría por cuenta propia, invirtió su condición a la de imputado.
Quemando basura
“Lo denunciaron porque dijeron que estaban tirando tiros al aire. Lo allanaron y le encontraron un revólver calibre 22 que es un arma de uso civil”, intentaron justificar desde su entorno.
El allanamiento se realizó el viernes pasado en su domicilio de V. Saralegui, del cual Gamboa salió esposado alrededor de las dos de la tarde. Fue trasladado a la Alcaidía de Las Flores y de allí a los tribunales de la capital, donde el sábado le atribuyeron el delito de “tenencia simple de arma de fuego”.
La audiencia estuvo a cargo del juez Nicolás Falkenberg, quien ese mismo día le concedió “la libertad bajo alternativas”, según explicó su abogado José Ignacio Mohamad, que lo defendió en dupla con el Dr. Ignacio Crespo.
Para la defensa, que acordó la libertad con el fiscal en turno Alejandro Benítez, “no hay antecedentes” que justifiquen su encarcelamiento. Además, desde el entorno del detenido dejaron entrever que lo ocurrido parece una “vendetta” política, puesto que Gamboa “es uno de los candidatos a ser el interventor de la comuna”.
Por último, consultado sobre las acusaciones de los disparos, el Dr. Mohamad desmintió la versión argumentando que en realidad “estaba quemando basura en el patio de su casa” y que la explosión escuchada fue la de un envase de desodorante.
En definitiva, como resultado de lo ocurrido, “se acordaron alternativas” a la prisión preventiva, “consistentes en fijar domicilio, firmar una vez cada 30 días en la comisaría de Saralegui y que se abstenga de tener o portar armas de fuego”, subrayaron desde la defensa.
Intervención y elecciones
El miércoles 27 de marzo la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe aprobó con 28 votos a favor, ninguno en contra y 8 abstenciones, la intervención de la Comuna de Villa Saralegui (departamento San Cristóbal), como respuesta a una serie de denuncias presentadas por productores agropecuarios.
La decisión implica el nombramiento de un interventor, previa remoción de la actual gestión comunal y la convocatoria a elecciones, un proceso que podría llevar hasta 6 meses, en base a los tiempos de procesos similares en la provincia.
“En unos meses se debe llamar a elecciones para restituir la normalidad institucional”, manifestó el abogado Pablo Torres Barthe, en diálogo con Campolitoral. Normalidad que “hoy se encuentra subvertida no solo por la no rendición de cuentas (que es parte del sistema democrático) y que fue lo que motivó la rebelión fiscal inicial, sino por no haber dejado asumir a Matías Gamboa ni al miembro de la Junta Controladora de cuentas por la primera minoría”, completó.
Fuente: El Litoral - Juliano Salierno.
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