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Designaron la Cámara de Ejecución Penal y Supervisión Carcelaria de Santa Fe
El oficialismo impuso los tres nombres remitidos por el Poder Ejecutivo más allá de los cuestiones de sectores de la oposición a dos pliegos.
El fiscal de Estado, Domingo Rondina, dijo que por decisión del gobernador Maximiliano Pullaro se dará cumplimiento al fallo y se pagará a los damnificados, “que estuvieron 21 años esperando justicia”. Con esta medida “se tiene que cerrar la parte judicial de esa tremenda historia”.
05/04/2024El fiscal de Estado, Domingo Rondina, informó que el gobierno santafesino resolvió no apelar la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia en las causas vinculadas a las inundaciones ocurridas en la ciudad de Santa Fe en 2003, poniendo fin de esta manera a los reclamos económicos de los damnificados.
Al respecto, el funcionario explicó que la Corte provincial “resolvió por primera vez el tema de las indemnizaciones a las familias afectadas por la tremenda inundación de 2003. Después de 21 años la Corte decidió que la culpa fue del gobierno provincial de ese momento”, y agregó que el fallo dijo que “es inexcusable la responsabilidad por la falta de obras y de previsión de la Provincia, así que en ese sentido condena a la Provincia a indemnizar a todas las familias que sufrieron como consecuencia de la inundación”.
Asimismo, Rondina mencionó que la Corte tomó la decisión de “que aquellas personas que cobraron la indemnización que pagaba en aquel momento el Ente de la Reconstrucción, ya están suficientemente compensadas con aquella indemnización, pero que quienes no cobraron tienen derecho a cobrar ahora, siempre y cuando hayan hecho su juicio”.
Por otro lado, el Fiscal explicó que lo habitual sería “apelar esta sentencia mediante un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, no obstante, la provincia aceptará el fallo y pagará.
“Esto lo hemos hablado con el Gobernador Maximiliano Pullaro y él considera que no tenemos que apelar, cosa con la que estoy totalmente de acuerdo, porque las familias han esperado 21 años para que se les haga justicia. Es gente que además de sufrir la inundación tuvo que padecer la tremenda demora del Poder Judicial y la desatención del gobierno”.
En ese sentido, Rondina agregó: “Creemos que ahora hay que dejar que termine la causa. Ya se decidió que la Provincia es responsable, y la Provincia se hará responsable. Quienes no cobraron y tuvieron que hacer juicio, serán pagados cada uno en su expediente. Con esto se tiene que cerrar por lo menos esta parte de esa tremenda historia”.
“Nosotros no vamos a apelar el fallo -insistió-, vamos a aceptar la condena y vamos a esperar, porque cada uno de los casos va a ir saliendo de la Corte. Estimo que durante este año ya todos los casos van a van a quedar en posición de empezarse a liquidar las sumas”, y reconoció que “seguir dilatando la cuestión judicial era seguir manteniendo abierta las heridas de la ciudad: tenemos que cerrar por lo menos la etapa jurídica de la inundación”.
En este mes de abril se cumplen 21 años de lo que fue una de las peores tragedias de la ciudad de Santa Fe. La crecida del río Salado inundó gran parte del cordón oeste de la capital provincial. La circunvalación oeste ubicada sobre un terraplén destinado a frenar el agua del río, aún no estaba terminada. Esa situación dio inicio a la trágica jornada del 29 de abril de 2003 cuando la crecida histórica del río Salado provocó una de las inundaciones más graves en la provincia.
A lo largo de varios días, el agua avanzó por las calles y los barrios de la ciudad. Esto causó muertes, miles de personas evacuadas y daños materiales. En ese sentido, Rondina agregó: “Creemos que ahora hay que dejar que termine la causa. Ya se decidió que la Provincia es responsable, y la Provincia se hará responsable. Quienes no cobraron y tuvieron que hacer juicio, serán pagados cada uno en su expediente. Con esto se tiene que cerrar por lo menos esta parte de esa tremenda historia”.
El oficialismo impuso los tres nombres remitidos por el Poder Ejecutivo más allá de los cuestiones de sectores de la oposición a dos pliegos.
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