Carlos Lucero
La presentación estuvo a cargo del ex diputado Eduardo Toniolli, integrante del Observatorio, que definió la estrategia del gobierno nacional como de “degradación planificada” del transporte ferroviario del interior del país.
El estudio afirma que en diciembre de 2023 Trenes Argentinos contaba con 22 servicios en el interior y dos años después solo tiene diez funcionando. En lo que respecta a la cantidad de usuarios de los servicios de larga distancia, el informe señala que durante el año 2025 cayeron un 24,3% con respecto al 2024, y un 37,4% con relación al 2023.
Toniolli señaló que “esos números son consecuencia directa de la política ferroviaria del gobierno de Milei”, que –afirmó- “reproduce una fórmula que los argentinos ya sufrimos en los 90: algunas obras en el AMBA para atraer a privados que se hagan cargo de las concesiones, y para el interior del país solo destrucción progresiva y cierre de los trenes de pasajeros’’.
“Uno de cada dos servicios de trenes de larga distancia y regionales han dejado de funcionar por decisión de la gestión del gobierno nacional, y los que siguen corriendo son cada vez más irregulares y más caros, en el marco de un proceso de degradación planificada que busca que nadie reclame demasiado cuando se van dando de baja esos corredores”, amplió Toniolli, y graficó con dos ejemplos que involucran al sur santafesino: “esto pasó, por ejemplo, con el tren Rosario - Cañada de Gómez, que llegó a tener un pico de 10 mil usuarios en julio de 2024, y ahí Trenes Argentinos empezó a boicotearlo, hasta cerrarlo en noviembre de ese año, y está pasando ahora con Rosario – Retiro, al que están destruyendo sin prisa pero sin pausa”.
Con respecto a este último servicio, que une a Rosario con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el informe del Observatorio Social del Transporte señala que en 2025 presentó una caída interanual del 27% en la cantidad de pasajeros, y que en comparación con el 2023 el descenso fue del 37,3%.
Por último, Toniolli agregó como “un agravante de la situación” la intención del gobierno nacional de deshacerse de más de 300 terrenos e inmuebles públicos en todo el país, muchos de ellos claves para el transporte ferroviario, y definió la política de Milei en la materia como “un nuevo intento de ferrocidio” al que hay que frenar “si queremos defender tanto nuestras posibilidades de desarrollo de una logística acorde a las necesidades del interior productivo, como de una movilidad realmente federal”.
