Reforma laboral: El impacto silencioso sobre las futuras empresas recuperadas

(Fuente: MARCELA VIVIANA MACELLARI  Abogada. Lic. en Cooperativas)

Desde hace más de dos décadas, Argentina desarrolló una experiencia singular en materia de empresas recuperadas por sus trabajadores, muchas de ellas organizadas como cooperativas de trabajo. Este proceso fue posible gracias a una combinación de herramientas jurídicas, entre ellas la propia Ley de Concursos y Quiebras (Ley 24.522), que reconoce privilegios a los créditos laborales y permite a los trabajadores utilizar esos créditos como mecanismo de compensación para adquirir la empresa en crisis. 

En ese esquema, el crédito laboral cumple un rol central. Las indemnizaciones, salarios adeudados y otros conceptos reconocidos por la legislación laboral constituyen muchas veces el principal capital con el que cuentan los trabajadores para participar en procesos de continuidad productiva. 

La reforma laboral introduce modificaciones que, si bien no alteran directamente la Ley de Concursos y Quiebras, podrían tener efectos indirectos relevantes.

Entre los cambios más significativos se encuentran: 1) modificaciones en la base de cálculo de las indemnizaciones, 2) reducción o eliminación de determinadas multas laborales, 3) nuevas modalidades de contratación y organización del trabajo.

Estos cambios pueden generar un efecto concreto: una disminución del monto de los créditos laborales que se verifican en los procesos concursales o falenciales.

Si los créditos laborales disminuyen, también se reduce la capacidad económica de los trabajadores para intervenir en los procesos de adquisición de la empresa, lo que puede afectar indirectamente las posibilidades de conformar cooperativas de trabajo en casos de empresas en crisis. 

La experiencia argentina demuestra que las empresas recuperadas han sido una herramienta importante para preservar puestos de trabajo, mantener capacidades productivas y sostener economías regionales.

Por eso, frente a este nuevo escenario normativo, resulta necesario abrir un debate jurídico y político sobre una pregunta clave:

¿Cómo asegurar que los trabajadores sigan teniendo herramientas reales para recuperar sus fuentes de trabajo cuando una empresa cierra o quiebra?

La articulación entre legislación laboral, derecho concursal y economía social será, sin duda, uno de los temas más relevantes en los próximos años.

La discusión recién comienza.