Imputaron a un ex fiscal de Rosario por desviar $425 millones de cuentas judiciales: “Administraba los fondos como si fueran mi billetera”

El ex fiscal de Delitos Económicos de Rosario Mariano Ríos Artacho fue imputado este lunes como presunto jefe de una asociación ilícita acusada de desviar $425 millones de cuentas judiciales bancarias entre 2017 y 2024. El propio acusado se disculpó ante las autoridades y su familia y admitió haber realizado las maniobras. Según sostuvo, lo hizo a raíz de su grave problema con la ludopatía.

Imputaron a un ex fiscal de Rosario por desviar $425 millones de cuentas judiciales: “Administraba los fondos como si fueran mi billetera

Mariano Ríos Artacho fue señalado como presunto jefe de una asociación ilícita que habría operado entre 2017 y 2024. Durante la audiencia, admitió las maniobras, las vinculó con su ludopatía y aseguró que el resto de los imputados actuó por sus órdenes

El ex fiscal de Delitos Económicos de Rosario Mariano Ríos Artacho fue imputado este lunes como presunto jefe de una asociación ilícita acusada de desviar $425 millones de cuentas judiciales bancarias entre 2017 y 2024. El propio acusado se disculpó ante las autoridades y su familia y admitió haber realizado las maniobras. Según sostuvo, lo hizo a raíz de su grave problema con la ludopatía

En una extensa audiencia que comenzó este lunes por la mañana, los fiscales Adrián Spelta y Carla Cerliani atribuyeron a su ex colega la manipulación del dinero depositado en cuentas judiciales correspondientes a causas en las que había intervenido dentro del Ministerio Público de la Acusación (MPA)

Esos fondos provenían, entre otras fuentes, de dinero secuestrado en procedimientos en flagrancia y allanamientos, y de reparaciones económicas o cauciones acordadas con las defensas para morigerar la situación procesal de personas imputadas.

Según explicaron Spelta y Cerliani, el entonces fiscal de Delitos Económicos libraba oficios a entidades bancarias mediante los cuales ordenaba transferencias o autorizaba retiros de dinero en efectivo por ventanilla a personas que supuestamente debían cobrar esos fondos en concepto de reparaciones o restituciones.

En un momento de la audiencia —que pasó a un cuarto intermedio y continuará este martes—, Ríos Artacho solicitó ante la jueza María Trinidad Chiabrera hacer uso de la palabra. Primero pidió disculpas a su familia y al Ministerio Público de la Acusación y atribuyó las maniobras expuestas en la sala del Centro de Justicia Penal a su ludopatía, que, según afirmó, comenzó en 2013, cuando era funcionario judicial en la jurisdicción de de Melincué.

“Yo administraba los fondos como si fuese mi billetera”, reconoció durante su declaración, en la que asumió la responsabilidad por los hechos atribuidos. Según sostuvo, no existió ninguna asociación ilícita, ya que fue él quien, a través de sus órdenes, “arrastró” al resto de los imputados a participar de las maniobras investigadas. También adelantó que está dispuesto a colaborar con la investigación para esclarecer los distintos casos.

Los fiscales ubicaron como presuntos organizadores de la asociación ilícita a Julio Héctor Mercado, Fabricio Emanuel Romero y Gustavo Cesaretti. Según la acusación, reclutaban prestanombres, aportaban sus propias cuentas bancarias, retiraban dinero por ventanilla y luego distribuían los fondos junto con Ríos Artacho.

En otro nivel de la estructura, fue ubicado el abogado penalista Emilio Rubén Barcacia, ex cuñado de Ríos Artacho, a quien los fiscales le atribuyeron la tarea de recomponer temporalmente los saldos de cuentas que previamente habían sido vaciadas.

Según la acusación, cuando avanzaba una causa cuya cuenta judicial ya no tenía disponibles los fondos que debía contener, Barcacia depositaba dinero para cubrir el faltante. Esa maniobra se habría realizado ante la proximidad de una probation o un juicio abreviado en el expediente correspondiente.

Barcacia también declaró durante la audiencia y aseguró que desconocía la trama detrás de los pedidos que le hacía Ríos Artacho, con quien mantenía una relación cercana porque habían sido cuñados.

Los otros acusados son Nahuel Riquelme, Agostina Riquelme, Bruno Bergero, Paola Batistic, Daniel Cesaretti y Daniel Ballistreri, todos señalados como presuntos miembros de la organización. De acuerdo con la Fiscalía, aportaban sus cuentas bancarias o retiraban dinero por ventanilla para luego entregárselo al ex fiscal. A cambio, aparentemente recibían un porcentaje de los fondos.

Entre las maniobras investigadas, los fiscales destacaron lo ocurrido en una causa contra el empresario cerealero Sebastián Grimaldi, investigado por estafas millonarias. En allanamientos realizados en ese expediente se secuestraron USD 4.800 y $340.000 que nunca fueron depositados en la cuenta judicial y cuyo destino se desconoce.

Además, más de $2 millones habrían sido desviados hacia el coimputado Nahuel Riquelme y luego distribuidos entre Ríos Artacho, Mercado y Romero, según expusieron los fiscales.

En esa misma investigación aparece otro episodio que ya había puesto bajo sospecha al ex fiscal. Un Mercedes Benz C250 Kompressor secuestrado al empresario Grimaldi fue entregado de manera irregular a un comisario amigo de Ríos Artacho, pese a que debía quedar alojado en un depósito judicial. El vehículo fue recuperado posteriormente cuando el policía fue detenido en el marco de una causa por abuso sexual.

Ese episodio derivó en una suspensión de dos meses para Ríos Artacho en abril de 2024. Tras ser reincorporado, renunció a su cargo el 25 de junio de ese año alegando problemas personales.

Tiempo después se conoció que también había sido imputado por los fiscales de Santa Fe Alejandro Benítez y Marcelo Nessier a raíz de una pelea a golpes dentro de un casino, donde presuntamente lesionó y amenazó a otra persona. El episodio también habría ocurrido en un contexto vinculado con su ludopatía, cuando el funcionario judicial se encontraba apartado de sus funciones.

Sin embargo, para cuando fue reincorporado, el 18 de junio de 2024, Ríos Artacho ya comenzaba a ser investigado por su actuación en un desprendimiento de la causa Vicentin.

En ese expediente se investigaba un posible beneficio al entonces jefe de la AFIP Carlos Vaudagna, quien declaró que le pertenecían unos USD 200.000 encontrados en una caja de seguridad de Gastón Scarel, hijo de Omar Scarel, presidente del directorio de Vicentin.