La Legislatura debatió el sobreendeudamiento de las familias santafesinas

En la Cámara de Diputadas y Diputados de Santa Fe se realizó este martes la “Jornada de Debate sobre Sobreendeudamiento de las familias”. La actividad fue destinada a analizar desde distintas miradas las causas, consecuencias y desafíos de esta creciente problemática que afecta a las personas consumidoras y usuarias de la provincia para pensar herramientas de prevención, protección y abordaje integral.

El encuentro fue impulsado por la diputada Gisel Mahmud, autora de un Código de Protección de Consumidores y Usuarios que, entre otras cosas, busca un mayor control y responsabilidad de los prestadores de dinero y propone mecanismos para sanear deudas a las familias santafesinas que no pueden salir del círculo. El panel principal estuvo a cargo de Mahmud, Emiliano Libman (economista del think thank Fundar) y María Paula Arias (presidenta de la Asociación civil para la Protección y Educación del Consumidor).

Durante la apertura la diputada Mahmud destacó la importancia de generar “un ámbito donde nos encontremos aquellas personas, profesionales, instituciones y entidades atravesados por la problemática del sobreendeudamiento”.

La legisladora advirtió que se trata de una problemática que “es consecuencia directa de decisiones de política económica nacional” que según datos de CEPA, afecta a más de 412 mil santafesinos que ya se encuentran en situación de deuda irregular. Asimismo, estudios de DEMOS muestran que el 81% de las deudas provienen de refinanciar tarjetas y pedir préstamos personales para afrontar gastos cotidianos.

“Algunos años atrás, el crédito era una escalera para proyectar el futuro, para pensar en una vivienda, en un emprendimiento. Hoy está pasando a ser un salvavidas para solventar los gastos de todos los días. “Cada vez es más rápido sacar un crédito y cada vez cuesta más pagarlo” reflexionó Mahmud.

Finalmente, recordó que el Bloque Socialista impulsa un sistema de protección de consumidores y usuarios que contemple herramientas de prevención, asesoramiento, mediación y conciliación. 
En particular, propuso avanzar en “un sistema extrajudicial de saneamiento de deudas”, un procedimiento gratuito, administrativo y ágil, que permita reunir a todos los acreedores para renegociar, junto a un equipo de abogados, en una audiencia única evitando que las familias deban negociar individualmente cada deuda.
Por su parte, el economista Emiliano Libman, de Fundar, analizó el crecimiento del endeudamiento y la morosidad en el país. Señaló que durante 2024 los préstamos personales aumentaron un 134% en términos reales, mientras que la morosidad pasó del 2,8% en mayo de ese año a alrededor del 12,8% en mayo de 2026. En Santa Fe, estimó que unas 400 mil personas se encuentran en situación de mora, aproximadamente uno de cada cuatro deudores.

Libman vinculó este escenario con la caída del poder adquisitivo, la expansión del crédito y el aumento de las tasas de interés, factores que atribuyó a decisiones de política económica nacional. Si bien destacó la importancia de fortalecer los mecanismos provinciales de defensa del consumidor, advirtió que “por más que nosotros le tiremos parches al problema”, las soluciones de fondo requieren recuperar los ingresos y la actividad económica. “Todas las familias endeudadas no pueden salir de la situación si la economía no les da una respuesta aumentando sus ingresos”, sostuvo.

A su turno, la abogada María Paula Arias, especialista en Derecho del Consumidor, destacó que la nueva Constitución de Santa Fe, en su artículo 32, reconoce expresamente el derecho de acceso al consumo y establece una protección especial frente al sobreendeudamiento. En ese sentido, advirtió que “existe un mandato constitucional de que se dicte una norma de implementación” y recordó que “Santa Fe es la única provincia del país que no cuenta con una ley provincial de implementación de los derechos del consumidor”.

Asimismo, señaló que las medidas actuales resultan parciales y planteó la necesidad de avanzar en mecanismos de prevención, asesoramiento y renegociación de deudas. También remarcó la responsabilidad de las entidades financieras en el otorgamiento de créditos, especialmente cuando no se evalúa adecuadamente la capacidad de pago. “El proveedor debe asumir los riesgos que contribuyó a generar”, sostuvo, refiriéndose a los prestadores que prestan dinero sin analizar la capacidad de devolución de los ciudadanos. 

Exposiciones

La jornada contó con la participación de representantes de organizaciones de defensa de las personas consumidoras, entidades financieras, universidades y centros de estudio, organizaciones sociales, colegios profesionales, organismos públicos y demás actores vinculados a la problemática.

Durante el encuentro, la multiplicidad de miradas de los expositores quedó explícita en la riqueza de los aportes: se compartieron desde cifras de estudios estadísticos, hasta casos relevados en los barrios, pasando por experiencias de defensa de los consumidores, perspectivas jurídicas o diagnósticos universitarios. A lo largo de las exposiciones, referentes de distintos sectores coincidieron en la necesidad imperiosa de diseñar tanto herramientas para atender la urgencia y la emergencia como soluciones de fondo.

En algo coincidieron los participantes: las normas y los mecanismos actuales ya no están dando respuesta a la magnitud de la crisis que atraviesan las familias. El diagnóstico fue compartido por todos, desde especialistas en derecho concursal y del consumidor, así como representantes de organizaciones sociales como Los Sin Techo.