--- canonical_url: "https://eldepartamental.com/contenido/37501/allanamientos-sin-oren-judicial-la-tecnologia-avanza-por-que-retroceder-en-las-g" title: "Allanamientos sin orden judicial: La tecnología avanza, ¿Por qué retroceder en las garantías constitucionales?" article_type: "Article" main_image: "https://eldepartamental.com/download/multimedia.normal.957ee31552968a97.bm9ybWFsLndlYnA%3D.webp" date_published: "2026-11-10T11:36:00-03:00" date_modified: "2026-11-10T12:14:25-03:00" author_name: "El Departamental" author_url: "https://eldepartamental.com/usuario/13/el-departamental" category_name: "Actualidad" category_url: "https://eldepartamental.com/categoria/3/actualidad" --- # Allanamientos sin orden judicial: La tecnología avanza, ¿Por qué retroceder en las garantías constitucionales? *- Por Germán Ariel Vivas. Abogado. Ex Juez de la provincia de Santa Fe -* La reciente media sanción otorgada por la Cámara de Diputados de Santa Fe al proyecto de reforma de seguridad pública abre un debate que considero fundamental: la posibilidad de ampliar los supuestos en los cuales las fuerzas policiales pueden ingresar a un domicilio sin autorización judicial previa. La seguridad pública constituye una obligación esencial del Estado. Combatir la delincuencia, proteger a las víctimas y garantizar la tranquilidad de los ciudadanos son responsabilidades que no admiten indiferencia. Pero la legítima necesidad de perseguir el delito no puede llevarnos a debilitar garantías constitucionales que representan conquistas fundamentales de nuestra organización jurídica. El artículo 18 de la Constitución Nacional establece la inviolabilidad del domicilio. No se trata de un privilegio del delincuente, sino de una garantía que protege a todos los habitantes frente a posibles arbitrariedades del poder estatal. Tradicionalmente, los allanamientos sin orden judicial se justificaron en situaciones excepcionales de urgencia. La explicación era comprensible: hace algunas décadas, localizar a un juez, trasladar actuaciones, obtener una resolución escrita y comunicarla a la policía podía demandar un tiempo considerable. *Pero estamos en 2026. La realidad tecnológica es completamente distinta.* Hoy contamos con comunicaciones instantáneas, teléfonos inteligentes, videoconferencias, expedientes digitales, firmas electrónicas y sistemas informáticos seguros que permiten transmitir información y adoptar decisiones judiciales en plazos extraordinariamente breves. Un fiscal puede comunicar inmediatamente al juez los motivos de una solicitud de allanamiento, acompañar fotografías, videos y antecedentes de la investigación y obtener una resolución por medios electrónicos. En numerosas situaciones, este procedimiento podría resolverse en pocos minutos. Y aquí aparece una pregunta que merece una respuesta seria: *si la tecnología permite obtener una autorización judicial prácticamente inmediata, ¿por qué resulta necesario prescindir del juez?* No estamos proponiendo algo desconocido para nuestro ordenamiento jurídico. El artículo 169 del Código Procesal Penal de Santa Fe ya contempla expresamente la posibilidad de comunicar las órdenes de allanamiento por medios electrónicos o informáticos. El Código Procesal Penal Federal también reconoce mecanismos tecnológicos para tramitar y transmitir autorizaciones urgentes. Incluso existen provincias argentinas, como La Pampa, que implementaron hace años procedimientos electrónicos para solicitar, resolver y comunicar órdenes judiciales de allanamiento. Es decir, las herramientas jurídicas y tecnológicas existen. Lo que corresponde es garantizar su funcionamiento permanente, con jueces disponibles durante las veinticuatro horas y sistemas seguros de comunicación. Por supuesto, hay situaciones verdaderamente excepcionales. Cuando una persona pide auxilio desde una vivienda, cuando existe peligro inmediato para la vida o cuando una persecución exige intervenir sin demora, la propia legislación contempla supuestos que pueden justificar una actuación urgente. Pero esas situaciones no deben confundirse con las necesidades ordinarias de una investigación penal. *La urgencia no puede convertirse en una excusa para reemplazar al juez.*Hay, además, una cuestión que merece especial atención y que pocas veces aparece en el debate público: la situación de los propios funcionarios policiales. Ampliar sus facultades para allanar domicilios sin autorización judicial puede presentarse como una medida destinada a facilitar su trabajo. Sin embargo, considero que puede producir exactamente el efecto contrario. Se coloca al personal policial ante la responsabilidad de decidir, muchas veces bajo presión, si existen circunstancias excepcionales suficientes para ingresar a un domicilio y limitar una garantía constitucional. Una decisión de semejante trascendencia jurídica debería corresponder, como principio, a un juez. No debemos olvidar que el artículo 151 del Código Penal argentino contempla sanciones para los funcionarios que allanen un domicilio fuera de los casos o sin las formalidades establecidas por la ley, sin perjuicio de las excepciones legales y de los requisitos necesarios para determinar una eventual responsabilidad penal. *Por lo tanto, ampliar indiscriminadamente estas atribuciones no necesariamente protege al policía. Por el contrario, puede exponerlo a decisiones constitucionalmente controvertidas, al filo de la ilegalidad y con consecuencias personales que podrían ser graves.* Una orden judicial previa, fundada y comunicada inmediatamente, no solamente protege al ciudadano. También otorga respaldo jurídico a la actuación policial, delimita sus facultades y contribuye a evitar nulidades que pueden perjudicar investigaciones por delitos graves. La lucha contra la delincuencia necesita policías capacitados, fiscales eficientes, jueces disponibles y tecnología moderna. No necesita sustituir controles constitucionales cuando existen instrumentos capaces de hacerlos funcionar con rapidez. La discusión, entonces, debería orientarse hacia una pregunta diferente: ¿por qué no implementar un sistema provincial de autorizaciones judiciales urgentes, disponible las veinticuatro horas, que permita obtener órdenes de allanamiento de manera inmediata? El verdadero desafío consiste en hacer que la Justicia responda a la velocidad que exige la investigación del delito, sin resignar las garantías constitucionales. *La tecnología debe servir para combatir mejor la delincuencia, no para justificar la eliminación de los controles judiciales.* Y, sobre todo, no debemos colocar a los funcionarios policiales en la obligación de asumir responsabilidades que corresponden a quienes ejercen la función jurisdiccional. La seguridad y las garantías constitucionales no son conceptos incompatibles. Un Estado verdaderamente eficiente debe ser capaz de garantizar ambas. *Porque combatir el delito dentro de la Constitución no debilita la autoridad del Estado: la legitima.* --- *Contenido creado y optimizado para IA con [Medios CMS](https://medios.io)* — Plataforma profesional para la gestión de medios digitales y portales de noticias.