El espíritu de la ley es tener una visión positiva del envejecimiento y la vejez, lo cual supone valorar el aporte de las personas mayores a la sociedad. Esto implica también protegerlos del aislamiento y la exclusión social y considerarlos como “participantes activos del desarrollo social y económico de nuestra sociedad”.
La iniciativa también busca proteger a los adultos mayores de situaciones de violencia física y económica, creando la figura del Defensor Provincial de Personas Mayores, que tendrá un servicio de atención para víctimas de abuso, maltrato y delitos económicos con personal capacitado para el seguimiento de este tipo de problemáticas.
Además, se creará un Registro Único Provincial de cuidadores y un Registro de Instituciones públicas y privadas (ver detalle). Además, el Estado tendrá la obligación de controlar y multar con penas de hasta 70 mil pesos aquellos establecimientos que no se encuentren en regla.
“Cabe destacar que, con las herramientas que brindará esta ley para la integración social, los geriátricos deberían ser la última instancia en cuidado de las personas mayores”, explicó el diputado.
Otro aspecto importante es la aparición de la perspectiva de género y el respeto de los derechos de las mujeres mayores, obligando al Estado su inclusión en el diseño e implementación de las políticas públicas.
Según las proyecciones del INDEC, en Santa Fe hay cerca de 574 mil personas mayores de 60 años y para el 2040, cerca del 22% de la población estará en ese rango etario. “Es por eso que aparece la necesidad de promover y dar visibilidad a los Cuidados de las Personas Mayores como un tema de interés público”, destacó Blanco.
“Apostamos a la integración intergeneracional como pilar fundamental para la construcción de una sociedad más justa y equitativa. Involucramos a la familia, a la comunidad y al sector privado, cada uno de los cuales asume funciones diferentes e imprescindibles”, agregó.
Con esta ley, Santa Fe se convierte en la primera provincia de la Argentina en aplicar la Convención Interamericana sobre Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, que obliga al Estado a profundizar o poner en marcha políticas públicas que concreten los derechos contemplados en ella; y permite que cualquier santafesino pueda interponer una petición individual para denunciar la violación de sus derechos.
"Estamos convencidos de que una sociedad más igualitaria es posible y para su logro es necesario un Estado presente en el reconocimiento de los derechos humanos, la defensa, promoción, protección y el goce pleno de los derechos de las personas mayores", concluyó el legislador socialista.