Una protesta en contra del retorno a Fase 1 en Formosa devino en una fuerte represión ayer alrededor de las 11 de la mañana. El saldo fue de varios heridos de bala de goma, 74 adultos y 13 menores detenidos, agresiones a ciudadanos, periodistas, políticos de la oposición, comunicados de repudio de la ONU, Amnistía Internacional y CELS, una expresión de la Secretaría de Derechos Humanos cargada de peros, Waldo Wolff y Patricia Bullrich jugando al pacifismo y una crisis política nunca vista en un régimen que ya tiene poco más de 25 años igual.

Convocada por redes sociales, la movilización se produjo tras el anuncio gubernamental de retorno a las Fase 1, en razón de la aparición de 17 casos de coronavirus en la capital de la provincia. Formosa sostuvo una política sanitaria contra el coronavirus que para el resto del país tiene rasgos inaceptables por ilegales y, acaso, inaplicables por resistencia social. Sobresalen los cierres de fronteras casi totales y la apertura de centros de detención compulsivos, de mala condición habitacional. Esa cuarentena de régimen asiático tuvo un excelente resultado para la salud –Formosa registra apenas tres muertos de Covid 19 cada 100.000 habitantes, el país está arriba de los 115– al precio de toda garantía civil.

Tras la difusión de lo sucedido ayer se sucedieron los rechazos de distintos organismos, que contrastan con la reacción oficial de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, conducida por Horacio Pietragalla, más preocupada por mitigar su repudio que por otra cosa. El Coordinador Residente de Naciones Unidas Argentina, Roberto Valent, y el Representante Regional para América del Sur del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jan Jarab, emitieron un comunicado donde expresan «su preocupación por los hechos de violencia ocurridos hoy en la ciudad de Formosa. De acuerdo a la información recibida, la respuesta de la policía implicó el uso de violencia indiscriminada que resultó en personas heridas y detenidas». Amnistía Internacional resaltó que «La violencia y represión no debe ser la respuesta estatal para resolver la crisis #COVID19″, en un hilo en Twitter.

El CELS también se expresó por las redes

También lo hizo la Secretaría de Derechos Humanos, en un comunicado de dice que: «La permanente campaña de desprestigio llevada adelante por los medios hegemónicos de comunicación sobre el gobierno provincial, el constante boicot a las medidas sanitarias excepcionales para hacer frente a la pandemia, no justifican el uso desproporcionado de la fuerza policial en la represión de la protesta. Las fuerzas de seguridad, tanto las nacionales como las provinciales, deben estar capacitadas para contener actos de violencia, en el contexto de protestas en un marco de pleno respeto de los derechos humanos».

Sólo para apuntar a lo más directo: los actos de violencia de los manifestantes fueron un supuesto intento de ingreso a la Casa de Gobierno de la provincia, el lanzamiento de huevos y algunas pedradas; todo fue muchísimo menos que lo sucedido durante el velatorio de Diego Armando Maradona, tanto en Casa Rosada como en los alrededores, cuando la represión desatada por la Policía de la Ciudad de Buenos Aires fue rápida y taxativamente repudiada de todos los modos posibles.

Más enfático, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, señaló que «el Estado debe garantizar la libre expresión pacífica de la ciudadanía». «La violencia nunca es el camino. Y mucho menos la violencia institucional», agregó. La ministra de Seguridad, Sabina Frederic, expresó: «Rechazamos la represión a toda manifestación pacífica, así como nos oponemos a la restricción a la libertad de expresión. Nuestra obligación es fortalecer las instituciones y reducir la violencia».

Rápida de reflejos, la representante del bolsonarismo en Argentina, Patricia Bullrich, se comisionará este domingo junto a Waldo Wolff, en defensa de los Derechos Humanos. La utilización de esa consigna por parte de la ministra de Seguridad de uno de los gobiernos más violentos de toda la historia de la democracia, sólo superado por De la Rúa, es amarga y aviesa. Como ningún otro gobierno pegaron y mataron por razones políticas y de control social. No busca captar adhesión por quienes sí piensan que los Derechos Humanos no son «un curro», sino que busca, y logra, rebajar y enlodar esa bandera. Es una profanación perversa, jugada que queda habilitada por el torpe paso en falso del gobierno nacional.

Cómo le vas a decir que no a Gildo

La policía formoseña repartió duro, incluso utilizando cartuchos de balas de goma vencidos en 1995. Todo un signo: los gobiernos de Gildo Insfrán se iniciaron en 1995 y nunca pararon.

Amparado en el sistema federal y, por lógica, en su Constitución provincial que él mismo reformó en 2003, Gildo Insfrán viene siendo reelegido continuamente desde 1995. Único y excepcional, no sucede lo mismo en Catamarca y Santa Cruz, que también tienen reelección indefinida, la permanencia de Insfrán es legal y está en regla y validada por los votos.

El gobernante siempre fue criticado por su política respecto de los pueblos originarios, en todos los sentidos –desde su simple represión hasta su avanzada evangelizadora sobre las culturas indígenas– y por la imbricación entre el poder público, el partidario y su propia figura personal de corte paternal. Del otro lado, con una lealtad inverosímil por sobreactuada, se suele defender la reelección indefinida de Insfrán, y sus consecuencias para el sistema político, hasta con comparaciones absurdas con los sistemas parlamentarios. La más común: la continuidad de Ángela Merkel como canciller alemana desde 2005.

Ocuparse argumentativamente de esa burrada es extenuante. Los sistemas parlamentarios pueden devenir en reelecciones indefinidas de los jefes de Estado, pero no producen el mismo resultado que los sistemas donde el voto directo elige y reelige indefinidamente una cabeza única del Ejecutivo, como en el caso de la provincia de Formosa. Cada gobierno parlamentario –excepto en el caso de que haya un triunfo electoral por mayoría absoluta– está obligado a la coalición con otros partidos. Todos los gobiernos de Merkel están llenos de figuras, desde ministros y ministras hasta funcionarios menores, que son de los partidos de la oposición y cada gabinete es distinto, como resultado de cada elección. En Formosa, es todo de Gildo, sin parar, desde hace 25 años. No hay reparto del poder del Estado con nadie más, ni siquiera del propio partido. En una de las provincias más pobres del país y con más peso del sector público sobre la economía, eso significa para cualquier oposición –externa e interna– tener que enfrentar no sólo la caja más consolidada en cada elección, sino la que cuenta con más recursos humanos, con más estructura y con mayor capacidad retaliativa una vez contados los votos. Si Gildo y el Estado son inseparables, se hace extremadamente complicado pensar en una sucesión, incluso dentro del mismo partido, que no involucre la crisis social, la intervención desde afuera –en este caso, de la Nación– o el retiro del líder, por decisión de sí mismo o de la parca. En Santa Fe, para el caso, hasta los líderes del partido en el gobierno se le paran de manos al gobernador, porque su lapicera pierde poder muy rápidamente en la medida en que no hay siquiera una reelección. En Formosa, ¿cómo hacés para decirle que no a Gildo?

¿Este contexto permite pensar en alguna de estas opciones? No parece. Por lo pronto, sí se empaña, otra vez, la gestión en Derechos Humanos. La represión de la protesta y de los movimientos y demandas sociales no se repudia con peros. Así se le quita fortaleza al inédito pacto entre ciudadanía y Estado que había construido Néstor Kirchner después del 2001, que se chamuscó en Tucumán en 2015, que el macrismo convirtió en papel quemado y que en el actual momento político ya se violó en Guernica.