La Argentina se queda por estas horas sin su régimen de promoción de biocombustibles. La ley 26093 tuvo su última prórroga con el decreto 322 que el presidente Alberto Fernández firmó el pasado 8 de mayo; allí estableció que  su vigencia se extendería  hasta el 12 de julio de 2021 “o hasta que entre en vigencia un nuevo ‘Marco Regulatorio de Biocombustibles’, lo que ocurra primero”.

El Senado nacional aún no tiene convocatoria formal. Pero esta semana se apresta a convalidar el nuevo marco regulatorio que el santafesino camporista Marcos Cleri impulsó en Diputados a instancias de Máximo Kirchner y a espaldas de la posición de la Casa Gris.

El esquema rebaja el uso de biocombustibles en sus mezclas con naftas y gasoil en surtidores. El presidente se apresta a enviar al Congreso un proyecto de ley petrolera que incentiva la producción -no convencional y convencional- libera divisas y exportaciones para los que incrementen por encima de niveles actuales y pone énfasis en el gas como combustible de transición, según lo ha explicitado el secretario de Energía de la Nación.

El neuquino Darío Martínez viene negociando con el Comité Ejecutivo de la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos. Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Chubut, Río Negro, La Pampa, Mendoza, Salta, Jujuy y Formosa se han sentado formalmente a la mesa de negociaciones para analizar el proyeco que ha de tener en Cristina Fernández su visto bueno, antes de llegar al Congreso.

Son provincias que cobran regalías sobre el uso de un recurso no renovable. Una diferencia sustancial con lo que ocurre con los biocombustibles, que necesitan de los productores y de su inversión para mantener los suelos. Y que pagan con su cadena productiva, retenciones como ninguno de sus pares en todo el mundo.

El tucumano Juan Manzur fue el único mandatario provincial “no petrolero” que salvó posiciones ante las decisiones del gobierno central. El etanol en base a caña mantendrá sus cortes al 12% sobre las naftas en surtidores, según la nueva ley aprobada en Diputados, que el Senado se apresta a sancionar. 

Santa Fe y Córdoba discriminadas
 

Distinta es la suerte de Juan Schiaretti y Omar Perotti. En territorio cordobés habitan las grandes plantas de etanol de maíz, cuyo corte en surtidores no pasará del 6% según la nueva norma; en Santa Fe están radicadas 16 plantas de biodiésel que concentra el 82% de la capacidad instalada, pero ese combustible verá recortada del 10 al 5% su participación en el gasoil que se expende en surtidores.

Córdoba y Santa Fe -también San Luis y Entre Ríos- se han quedado fuera de las decisiones nacionales en materia energética. Es cierto que no son provincias petroleras, pero el senador santafesino Roberto Mirabella alegó que en términos proporcionales, el biodiésel que se puede producir en territorio santafesino equivale a 58 mil barriles de petróleo, lo que pondría al distrito  detras de Neuquén, Chubut y Mendoza.

La política nacional afecta especialmente a Santa Fe. De las 33 plantas en el país, la provincia  cuenta con 16 de ellas y concentra el 82% de la capacidad instalada según un reciente informe de la Bolsa de Comercio de Rosario en base a cálculos de la Asociación Argentina de Biocombustibles e Hidrógeno. Santa Fe podría producir 3,2 millones de toneladas de biodiésel por año sobre los 3,9 Mt de capacidad instalada a nivel nacional.

A contraste del relato, la política kirchnerista subsidiará a las petroleras mientras “le pega en la línea de flotación” a 100 Pymes que entregan aceite a las plantas de biodiésel en Santa Fe. O a 50 mil productores pequeños y medianos de maíz de todo el país, que proveen a la planta de Aca Bio en Córdoba. La cooperativa invirtió allí U$ S 200 millones y paga mejores precios a sus proveedores pequeños y medianos, excepto que el recorte de la nueva ley los dejará fuera de escala.

Regulación
 

La ley 26093 fue de “promoción”; la nueva norma propuesta es en cambio un marco “regulatorio” en el que la autoridad de aplicación por parte del Estado queda con la capacidad de repartir los cupos del mercado interno y de fijar su precio. Se impiden además, de manera explícita, nuevas inversiones en el sector. El senador Mirabella ha reclamado -sin éxito ante sus pares de bancada- que al menos el autoconsumo se incluya en el nuevo marco normativo.

Regresión
 

Al reducir el uso de biocombustibles -un70% desde los niveles teóricos actuales en el caso del biodiésel- la nueva norma que propone el kirchnerismo entra en conflicto con el bien protegido por la ley 25675, nacional de Medio Ambiente, que dispone el “principio de progresividad”. A su vez el hecho configura una contradicción con el Acuerdo de París, ratificado en la Argentina por ley 27270 -tiene rango constitucional- que ordena no volver atrás en la reducción de emisión de gases de efecto invernadero. 

¿Mercados intervenidos?
 

Claudio Molina, director ejecutivo de la Asociación Argentina de Biocombustibles e Hidrógeno, advirtió que entre las facultades delegadas en el nuevo régimen al Secretario de Energía estaría la de “intervenir en los mercados granarios”, incluso en la etapa de exportación.

El artículo 3 del proyecto de ley le da a la autoridad de aplicación la facultad de “regular, administrar y fiscalizar la producción, comercialización y uso sustentables de los biocombustibles”. 

Pero además le otorga, en su inciso “G”, la potestad de “Garantizar la disponibilidad de los insumos necesarios para la elaboración de los biocombustibles con destino a la mezcla obligatoria, pudiendo arbitrar y establecer los mecanismos que estime necesarios a fin de que la adquisición de aquellos sea llevada a cabo según las condiciones normales y habituales del mercado y sin distorsión alguna, estableciendo como límite en el caso que corresponda, el precio de exportación de dichos insumos menos los respectivos gastos”. 

Fuente: El Litoral