Defendamos el trabajo y la comunicación en manos argentinas

La economía atada a una lógica financiera que extrae, una vez más, la riqueza de los argentinos, mata y pone en jaque a miles de pyme y destruye miles puestos de trabajo mes a mes.

Como siempre ocurrió en la historia de nuestro país, la implementación de políticas monetaristas favorece el colosal proceso de concentración económica en marcha. A su vez, destruyen el esfuerzo de la producción nacional expresada en las pequeñas y medianas empresas.

En este escenario, los editores de diarios y periódicos regionales sufrimos adicionalmente la falta de condiciones para competir en el mercado gráfico, dado el monopolio del Papel Prensa, a lo que se suma la inseguridad jurídica manifestada en la insólita modificación legislativa de fines del año pasado que, en un trámite express sin escuchar a ningún actor del rubro, implicó la derogación de la declaración de interés público y desreguló el precio de este insumo clave para el funcionamiento de nuestras empresas.

Así las cosas, el año pasado aumentó 110% el precio al que estamos obligados a comprar el papel. Este año acumulaba un 17%, hasta hace algunos días. Los movimientos al alza del dólar y el espiral inflacionario anticipan más subas del papel en los próximos meses.

Recordemos que Papel Prensa es controlada en un 49% por el grupo Clarín, un 22% por el diario La Nación y un 27% por el Estado Nacional. Como resulta obvio, este último accionista representa a todos los argentinos por lo cual resulta inadmisible que sea co-partícipe del carácter monopólico que esta empresa expresa en su funcionamiento.

Esta situación es, además, frontalmente contradictoria con leyes como la 25.750, de Preservación de Bienes y Patrimonios Culturales, que ordena al Estado nacional preservar especialmente a diarios, revistas, periódicos y empresas editoriales en general. Si el Estado Nacional hiciera valer sus intereses, los de todos nosotros, en Papel Prensa, bien pudiera redistribuir recursos para cumplir con la normativa vigente.

Sería deseable que, además, una Ley de Protección de los Medios Regionales contemplara las particularidades de estos actores de la comunicación. En efecto, se trata de micro, pequeñas o medianas empresas, muchas sostenidas como emprendimientos familiares, otras como cooperativas de trabajo, varias como cualquier otro comercio local que apuesta por el empleo y el desarrollo de su comunidad.

Pero más aún, somos la voz de nuestras comunidades y el espejo en el cual se ven las culturas, las tradiciones, las innovaciones y las riquezas de cada rincón del país. Este rol es irremplazable, más allá de la actualización de soportes y de tecnologías que estamos encarando.

Ningún pulpo comunicacional con oficinas en Buenos Aires ni grandes corporaciones globales pueden expresar, ni cuidar ni favorecer el desarrollo autóctono de cientos de pueblos y ciudades donde viven más de 30 millones de argentinos.

Por eso consideramos también que es urgente debatir un marco jurídico para imponer tributos a las plataformas digitales que extraen datos de toda nuestra población para hacer su negocio sin dejar nada a cambio.

Esa sería otra fuente de recursos para favorecer el crecimiento de aquellas empresas que garantizan la libertad de expresión y el derecho a la información en nuestras comunidades.

En suma, hoy estamos sufriendo:
1. Persecución tributaria a través del aumento de la alícuota del Impuesto al Valor Agregado (IVA) para nuestra actividad durante 2019.
2. Embargo de las cuentas bancarias por parte de Afip, impidiendo a las empresas en dificultades priorizar el pago de los salarios de los trabajadores y trabajadoras.
3. Liberación del precio del papel para diarios producido por la empresa Papel Prensa SA, favoreciendo las compras a menor precio por parte de los diarios Clarín y La Nación.
4. Concentración de la pauta publicitaria en el conglomerado empresario que le brinda el blindaje mediático.
5. Crecimiento -con fondos que deberían destinarse a contribuir con el sostenimiento de los medios regionales- de los gigantes digitales extranjeros, que se adueñan de los contenidos producidos por los medios regionales sin pagar por los mismos.

Es extraño que se promueva retóricamente la libre competencia cuando cada, por acción u omisión de los propios poderes públicos, se genera un escenario cada vez más desigual a favor de las grandes corporaciones y en detrimento de aquellas empresas de la comunicación que existen por, para y desde las comunidades.

Este 1 de mayo conmemoramos el Día de los Trabajadores y, dos días después, el Día Mundial de la Libertad de Expresión. En este marco, expresamos nuestra más absoluta coincidencia con las razones argumentadas por las centrales obreras a convocar a un paro de 24 horas para el martes 30 de abril.

Es oportuno reafirmar nuestro compromiso con la defensa del trabajo y la comunicación en manos argentinas. La que hacemos todos los días. La que, en estas condiciones, está en peligro.