(Fuente diario AR) El nuevo plan de pagos propuesto por el Gobierno, que permitiría incluir en el sistema alrededor de 800.000 personas en los próximos dos años, no fue tratado en el Congreso por falta de quórum. Insistirán en las sesiones extraordinarias.
 Patricia Valverde trabajó muchos años por su cuenta, haciendo comidas que vendía a los trabajadores de los outlets de Villa Crespo. Con un crédito y mucho esfuerzo alquiló un fondo de comercio para ampliar su emprendimiento, pero tras la muerte repentina de su pareja no lo pudo sostener; cerró y remató todas sus cosas. Arrancó de nuevo, esta vez limpiando en casas particulares y en los mismos outlets del barrio. Con más de 50 años y sin experiencia en el currículum le fue imposible conseguir otra cosa. Hoy, a los 60, con problemas de espalda y las secuelas de un ACV, ya no puede baldear pisos. Tiene la edad necesaria para jubilarse, pero solo tres años de aportes registrados. 

“Estaba ilusionada con que pudiera agarrar la moratoria para jubilarse y tener obra social, porque acá la salud pública es malísima”, dice Florencia, su hija, que es administrativa en una empresa frutihortícola y hace un año la llevó a vivir con ella a Río Negro. “Mi mamá se sostiene con la jubilación de mi abuela, que cobra la mínima y una pensión de mi abuelo fallecido. Mi preocupación es que mi abuela ya es grande y cuando no esté más se terminan los ingresos con los que vive. Yo la ayudo con lo que puedo, pero tengo dos hijos, soy jefa de familia y llegamos a fin de mes arañando. Tengo terror de no poder con todo; te juro que no duermo bien desde que se cayó la sesión”. 

Florencia se refiere a la sesión de la Cámara de Diputados del 21 de diciembre, en la que estaba previsto que se discutiera el nuevo Plan de Pago de Deuda Previsional que habilita la regularización de los períodos faltantes de aportes hasta diciembre del año 2008 y que, según cálculos de la Anses, le permitiría incluir en el sistema alrededor de 800.000 personas en edad jubilatoria en los próximos dos años, el 60% mujeres. 

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    El ministro Sergio Massa y la titular de Anses, Fernanda Raverta
La moratoria que regía hasta ahora venció el 31 de diciembre y, por lo tanto, a partir de este 1° de enero 9 de cada 10 mujeres y 7 de cada 10 varones próximos a cumplir la edad jubilatoria –60 años para las mujeres, 65 para los varones– no podrán acceder a esa cobertura porque no reunirán los 30 años de aportes requeridos por ley. El proyecto destinado a reemplazarla, que lleva la firma de legisladores del Frente de Todos, tiene media sanción del Senado desde el 30 de junio, pero no fue tratado en la sesión prevista por falta de quórum de la oposición. 

 Según aseguraron a elDiarioAR en las oficinas de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), este organismo ya no tiene posibilidad de prorrogar el régimen vigente como lo hizo en otras oportunidades y las alternativas son o un decreto presidencial o el tratamiento del nuevo régimen en el Congreso. El presidente Alberto Fernández ya anticipó que insistirán con el proyecto en sesiones extraordinarias, previstas para la segunda quincena de enero. “De todas formas ya no tendría mucho sentido sostener la actual ley, que va perdiendo efecto”, apuntan. Esto es porque los períodos de aportes que se permite regularizar van quedando muy atrás en el tiempo.

Una moratoria y un plan de pagos no son técnicamente lo mismo. Según explica el tributarista César Litvin, el plan de pagos es solo una financiación de la deuda, un pago en cuotas. La moratoria, en cambio, normalmente condona todas las sanciones y a veces reduce los intereses. Es decir que, en el reemplazo de un instrumento por otro, el Estado reduce el esfuerzo fiscal del Estado. 

Caído el régimen vigente, quedan pocas alternativas. Las mujeres deben esperar hasta los 65 años para acceder a la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) que paga la Anses a quienes no cuentan con ninguna jubilación ni pensión y que equivale al 80% del haber mínimo. A valores de hoy, son $40.099. También los varones de 65 años o más pueden tramitar este beneficio, que no toma en cuenta los años efectivamente aportados y elimina el derecho a recibir una pensión por muerte del cónyuge.