( Fuente: Pausa) Se formalizó esta semana una denuncia ante la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por el protocolo represivo dispuesto por el Gobierno nacional y reclamaron el "cese" de su aplicación en vísperas de la movilización convocada por Unidad Piquetera para este 20 de diciembre.

La denuncia contó con el apoyo de más de 1700 organizaciones sindicales, sociales, de derechos humanos, estudiantiles y políticas.

 
“Junto a centrales sindicales, movimientos sociales, organismos de derechos humanos y cientos de organizaciones sociales, gremiales, estudiantiles y políticas, pedimos a los mecanismos internacionales que exijan al Estado argentino que cese la aplicación de las medidas que buscan impedir y reprimir las manifestaciones públicas. Las presentaciones también fueron acompañadas por más de 15.000 firmas individuales”, informó este martes el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

Entre los solicitantes que acompañaron la presentación se encuentran la CTA de los Trabajadores y la CTA Autónoma, FATPREN, la Unión de Trabajadores de la Economía Popular-UTEP, la Ctep, ATE Nacional, Somos Barios de Pie, Polo Obrero, Patria Grande, Partido Obrero, Nuevo Encuentro y más.

La presentación consistió en “dos comunicaciones a los procedimientos especiales de la ONU y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, respectivamente, denunciando el nuevo protocolo” presentado días atrás y oficializado luego con la Resolución 943/2023 del Ministerio de Seguridad en el Boletín Oficial.

Además, las cartas fueron acompañadas por más de 15 mil firmas que apoyaron la presentación a título personal.

En los escritos, se advierte que “la mayoría de las disposiciones fijan pautas de actuación policial y estatal que son incompatibles con los derechos a la libre reunión y asociación, a la libertad de expresión y a la protesta social, reconocidos tanto en normas locales, como en la Constitución Nacional y en los tratados y estándares internacionales de derechos humanos”.

“El protocolo establece que cualquier manifestación que se realice con cortes de calles o rutas constituye la comisión de un delito en flagrancia y habilita la actuación de las fuerzas de seguridad para desalojar o dispersar la protesta. A su vez, contiene disposiciones para recabar información y luego criminalizar, perseguir y estigmatizar a los líderes y participantes de manifestaciones públicas y a las organizaciones políticas, sociales y sindicales involucradas”, añadieron en la denuncia.

En tanto, se solicitó al organismo dependiente de la ONU y a la CIDH que intervengan en la situación y "manifiesten públicamente y ante el Estado argentino la preocupación por este protocolo".