En una decisión histórica, la Iglesia Católica ya no recibirá más aportes económicos del Estado. Y siguiendo con esa misma línea, los arzobispos y obispos tampoco recibirán una asignación mensual. Esta medida comenzó a regir a partir del 1 de enero de este año -este lunes). Así quedó establecido luego de que la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) concluyó el proceso de renuncia de los arzobispos, obispos diocesanos y obispos auxiliares a la asignación mensual prevista en la ley 21.950.
Este proceso había comenzado en 2018, luego de que la Iglesia anunciara la decisión de "renunciar progresivamente" al aporte del Estado nacional, que en ese año representaban algo así como 130 millones de pesos anuales.

Así lo informó este martes la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), quien comunicó que, el último día hábil de diciembre de 2023, concluyó, conforme a lo establecido en Asamblea Plenaria y a lo informado a la Secretaría de Culto de la Nación, el proceso de renuncia de los arzobispos, obispos diocesanos y obispos auxiliares a la asignación mensual prevista en la ley 21.950.
A partir de consultas recibidas, también informó que, en una resolución del 26 de abril de 2023, el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, en uso de sus facultades, dio lugar a que los arzobispos y obispos que “hayan cesado en sus cargos por razones de edad o de invalidez puedan solicitar, de manera particular, con una serie de requisitos, recibir el beneficio de la asignación prevista en la ley”.
“El monto actual de la asignación es de 98.000 pesos”, se puntualizó en un comunicado.

Luego de que, en 2018, la CEA anunciara su decisión de renunciar progresivamente a los fondos estatales -que entonces representaban unos 130 millones de pesos anuales-, en julio de 2020, los obispos avanzaron en su idea de generar nuevos mecanismos para financiarse y presentaron el Programa de Financiamiento Eclesial (FE), destinado al desarrollo de la consecución de donantes y fondos para solventar las tareas pastorales en el país.

Si bien el aporte que realizaba el Estado -que se destinaba principalmente a pagar las asignaciones mensuales a obispos, párrocos de frontera y seminaristas diocesanos- cubría solamente el diez por ciento del presupuesto total de la Iglesia, era de gran ayuda para las diócesis más pobres.