(Fuente: Santa Fe-Plus) Ya sea a favor o en contra, varios de los diputados que argumentaron las modificaciones propuestas a la ley orgánica del Ministerio Público de la Acusación (MPA) mencionaron los intereses “políticos” tanto de su texto como del trámite exprés con el que esta semana se aprobaron 11 de sus 46 artículos.

La premura respondía al receso obligado de enero que no les permitiría sesionar hasta febrero, motivo por el que los legisladores oficialistas trabajaron contrareloj para sacar al menos parcialmente una de las leyes de seguridad prioritarias para el gobernador Maximiliano Pullaro.

Tal fue así que incluso José Corral inició y terminó su alocución pidiendo disculpas por las formas: “nos entusiasmamos y pensamos que íbamos a llegar”, se sinceró. A este pedido se sumó la socialista Lionella Cattalini.

Superpoderes o cartón pintado

La norma propone una serie de moficaciones a la ley orgánica del MPA, siendo uno de sus puntos más observados el aumento de atribuciones a la figura de la Fiscalía General, hoy en manos de María Cecilia Vranicic, la tercera en ocupar el puesto desde la creación del ente judicial autónomo.

Quienes justificaron el texto tanto como sus detractores resaltaron que el articulado apunta a reforzar la cabeza política del MPA y a cubrir las vacantes necesarias para dar inicio con la ley de narcomenudeo.

“Le estamos dando a la fiscal general funciones para que puedan determinar agencias de investigación y dictar instrucciones generales y particulares. Para que pueda fijar la política de investigación. Y concretamente para que pueda cumplir con la ley de microtráfico”, puntualizó la diputada Lionella Cattalini, encargada de justificar el proyecto.

José Corral añadió: “Estamos dando herramientas a la fiscal general porque hace falta no una centralidad sino una organicidad del MPA. Son herramientras y cargos para crear agencias y unidades especiales de investigación, pero no queremos que se siga al vendedor de porro que no incide.”

Sobre este último punto, Cattalini advirtió además la “mayor responsabilidad” que recaerá sobre los legisladores encargados de controlar y sancionar a los funcionarios judiciales.

Pero reafirmó lo votado: “Hoy la fiscal general parece cartón pintado y por eso estamos saldando una deuda de la Legislatura”.

Quienes cuestionaron esta posición fueron los diputados del Frente Amplio por la Soberanía, quienes votaron en contra del proyecto.

Fabián Palo Oliver cuestionó que la ley “cambie de un modelo descentralizado a uno centralizado”, un paradigma que “no compartimos porque la seguridad pública debe ser abordada desde una perspectiva democrática y da muchas facultades al fiscal general”.

Desde el peronismo, que aportó varias abstenciones, Celia Arena puso el ojo en que “esta nueva modificación crea 17 cargos de fiscales sumamente importantes destinados a implementar la ley de microtráfico que se aprobó”.

Sin embargo, añadió, “hace pocos días se rechazaron los pliegos de nuevos fiscales para cargos muy importantes, como en Frontera, que fueron dados de baja con el pretexto de que no se necesitan más funcionarios, sino empleados. Instamos entonces que se cubran esos cargos vacantes.”

Para Carlos del Frade, en cambio, “la crisis institucional del MPA viene de la política pero ahora se busca la persecución de fiscales comunes porque se metieron a investigar el manejo del dinero de determinados senadores provinciales”.

Sobre la ley de narcomenudeo, recordó que “es una modificación para justificar la fenomenal hipocresía de llenar las cárceles de gente que no tiene nada que ver con el negocio del narcotráfico”.

No perder la institucionalidad
Por las “desprolijidades” con la que la norma se aprobó parcialmente y de forma exprés, la sanción cosechó abstenciones a ambos lados de la oposición.

Desde el peronismo, Celia Arena habló de “falta de respeto” y de “manoseo” contra los legisladores mientras que Miguel Rabbia solicitó la presencia de algún “referente” del Gobierno para contar las reformas.

La diputada celeste Alicia Azanza y su par Juan Argañaraz admitieron a su turno que estaban “para acompañar” la norma pero que desde su espacio no podían “avalar las formas”.

“No queremos que la Legislatura se convierta en una escribanía del Ejecutivo”, cerró la también peronista Lucila de Ponti.