La Asociación de Defensores y Defensoras del Pueblo expresó su respaldo a la ley de financiamiento universitario

En el marco de su reunión plenaria, defensores y defensoras del pueblo de todo el país se reunieron en la ciudad de Santa Fe la semana pasada para discutir la situación del sistema universitario nacional y pronunciarse en defensa de la Ley de Financiamiento Universitario, recientemente aprobada por amplia mayoría en el Congreso.

En este contexto, el rector de la Universidad Nacional del Litoral (UNL) Enrique Mammarella recibió este mediodía en la sede del Rectorado al Defensor del Pueblo de Santa Fe Jorge Henn, quien le hizo entrega de una declaración en apoyo a esta ley fundamental.

Sobre el significado de esta declaración, Mammarella indicó que se trata de “un apoyo muy grande con una mirada federal, porque en el marco del trabajo que estuvieron haciendo aquí jueves y viernes les explicamos la importancia para nosotros de esta actualización presupuestaria que es la Ley de Financiamiento Universitario, en el marco de lo que representa la universidad pública para el país”. En este sentido el rector agradeció el “compromiso que nos manifestaron el propio viernes, que hoy se concreta en esta declaración que ha sido enviada a las autoridades nacionales y que elevaremos al Consejo Interuniversitario Nacional para que la tengan en la reunión de mañana, porque también entendemos que es un apoyo más para todo el trabajo que venimos haciendo desde el CIN”.

Durante la reunión, Henn enfatizó que la falta de financiamiento adecuado no solo afecta a las instituciones, sino también a miles de estudiantes que dependen de una educación de calidad.

“Es esencial que nuestras universidades cuenten con los recursos adecuados para enfrentar los desafíos actuales. La educación superior es un pilar del desarrollo social y económico de nuestro país, y debemos trabajar juntos para asegurar su sostenibilidad”, afirmó Henn.

En el encuentro, se subrayó el compromiso de la Defensoría del Pueblo con la comunidad educativa y su disposición a colaborar con las autoridades universitarias en la defensa de los derechos de estudiantes y trabajadores.

Sobre la declaración

La declaración firmada por integrantes de la Asociación de Defensores y Defensoras del Pueblo de la República Argentina (ADPRA) y enviada a Presidencia de la Nación afirma que la ley de Financiamiento Universitario “constituye una herramienta fundamental para la recomposición del presupuesto de las universidades nacionales, en un contexto donde estas instituciones se encuentran en una situación de emergencia presupuestaria, tal como lo reconocen todos los sectores vinculados al ámbito académico. La actualización del presupuesto universitario en función de la inflación acumulada, y su distribución basada en criterios de equidad, permitirá garantizar no solo el funcionamiento básico de las universidades, sino también el derecho a una educación superior de calidad para miles de estudiantes en todo el país”.

Asimismo, aseguran que esta ley “no genera un impacto fiscal adicional, ya que simplemente ajusta los recursos asignados a las universidades en base a los índices inflacionarios acumulados”.

Por último desde ADPRA solicitan “respetuosamente que reconsidere la posibilidad de vetar esta ley y se avance en la implementación de un sistema de financiamiento que asegure la estabilidad de las universidades nacionales, el respeto a los derechos de los estudiantes y docentes, y el fortalecimiento del sistema educativo público, sin que ello implique un desajuste en las cuentas públicas”.