Verónica quiere despedir a 200 trabajadores pero dicen que la crisis es inventada

Este viernes habrá una reunión convocada por la Secretaría de Trabajo de la Nación. Los trabajadores, que no cobran sus salarios desde mayo, denuncian un "vaciamiento" por parte de la firma. "Prácticamente no queda nada. La empresa fue vaciada de insumos y materia prima", evaluó Rodolfo Rodríguez, trabajador y delegado gremial de la planta de Clason. 

"Los titulares de Lácteos Verónica están vaciando progresivamente la empresa y el Ministerio de Trabajo de la Nación desoye los reclamos de sus empleados", advirtió el diputado nacional Eduardo Toniolli, luego de reunirse con los trabajadores en la sede de ATILRA en Totoras, para apoyarlos y acompañarlos en su lucha.

Los representantes de Lácteos Verónica y los trabajadores se verán las caras este viernes en una audiencia convocada por la Secretaría de Trabajo de la Nación. Será un encuentro virtual, en el marco del proceso preventivo de crisis solicitado por la firma.

La empresa cuenta con alrededor de 700 trabajadores distribuidos en las tres plantas que posee en las localidades de Clason, Lehman y Suardi. De ese universo, buscan despedir a unos 200 abonando una indemnización del 50% en cuotas.

Otro de los puntos que plantea la firma es la baja del convenio colectivo, lo que implica una reducción del salario prácticamente a la mitad. A todo eso, el proceso incluye un pedido de "suspensiones aleatorias" de acuerdo a la necesidad productiva de la empresa.

"Hace dos meses que estamos tratando de cuidar la poca producción que hay, pero prácticamente no queda nada. La empresa fue vaciada de insumos y materia prima. El proceso preventivo de crisis es la estocada final", sostuvo Rodríguez "

El objetivo de los trabajadores en la reunión de este viernes es poder conservar las fuentes de trabajo. Sin embargo, reconocen que no hay demasiadas expectativas: "Todavía no hemos podido tener una charla amena con la empresa, desde que se inició el conflicto. Al mismo tiempo, la Secretaría de Trabajo está siendo funcional a las políticas de este gobierno. Actúan como un ente flexibilizador, más que como mediadores".

Si bien entienden que el panorama no es el óptimo, los trabajadores no creen que la empresa esté en crisis. De hecho, sostienen que en los últimos cinco años la firma exportó por más de cien millones de dólares.

Lo que notan detrás del proceso preventivo de crisis son "maniobras deliberadas" para licuar pasivos laborales y fugar recursos. Dentro de esas sospechas aparece el vínculo entre Lácteos Verónica y Las Becerras S.A., una empresa dedicada al mismo rubro. Desde su creación en 2012, la sociedad está controlada por la familia Espiñeira, accionista mayoritaria de Verónica. 

"Los mismos accionistas de Verónica son poseedores de La Becerra, que tienen tambos. Antes, la leche que extraían la usaban en Verónica, que era su misma empresa. Hoy esa leche la están llevando a La Tarantela, que es otra empresa láctea de la zona", reveló Rodríguez. En esa línea, los trabajadores sostienen que hay informes sobre ventas de campos a La Becerra en operaciones "cuya transparencia y valuación real no fueron comunicadas".

La misma mirada sostiene el diputado provincial Carlos Del Frade. "Lo que estamos viendo acá es un conflicto inventado por los propios patrones, muy parecido a lo que pasó en Vicentin. Hacen la invención de una crisis para despedir trabajadores e incluso con la idea de traspasar bienes a otras empresas".

"Por detrás está el movimiento a Las Becerras, que ha sacado las ganancias de la industria láctea para comprar más campo y finalmente quedarse con una planta más chica de la que tenían. Es un conflicto que tiene que ver más con movimientos empresariales que con la realidad económica o laboral de los trabajadores", añadió.

Otro dato que vuelve a estar en relieve es que en 2017, la familia Espiñeira, dueños de Lácteos Verónica, realizó un blanqueo de activos que alcanzó montos estimados entre u$s40 y u$s420 millones, según fuentes del régimen de sinceramiento fiscal de ese año. 

Este proceso incluyó la regularización de bienes en el exterior y el pago de una multa millonaria que rondó los $63 millones. Fuentes del sector lácteo indican que parte de esos fondos provenían de maniobras vinculadas a la subfacturación en exportaciones de leche en polvo durante los años previos, en especial entre 2010 y 2012. 

Fuente: Radio Belgrano