Santa Fe adhirió a la Ley Nacional Antimafias
La Provincia de Santa Fe, sin resignar la potestad de su Poder Judicial, sancionó una norma mediante la cual adhiere a la Ley Nacional de Crimen Organizado N° 27.786. Esta legislación busca endurecer las sanciones y proporcionar nuevas herramientas para la persecución del delito organizado.
A diferencia de la media sanción obtenida en la Cámara de Diputados, la denominada «Ley Antimafias» fue aprobada por unanimidad en la Cámara Alta de la Legislatura Provincial. Esta adhesión contó con el respaldo explícito del gobernador Maximiliano Pullaro, quien se pronunció al respecto ante la prensa.
La adhesión provincial a la normativa resguarda la competencia de los tribunales santafesinos para intervenir en estas causas, pero habilita la posibilidad de coordinar acciones con el Poder Judicial de la Nación y entre los fiscales de ambas jurisdicciones.
El eje en el nuevo paradigma
Los senadores aprobaron la ley, y durante el debate se destacaron los discursos que enfatizaron el cambio de paradigma que se espera generar a partir de esta y otras normativas. El presidente provisional del Senado, Felipe Michlig, y otros legisladores del oficialismo, señalaron al «garantismo» como el contrapunto de los objetivos de seguridad que se buscan afianzar.
Por su parte, el presidente del bloque de la UCR, Rodrigo Borla, resaltó que la nueva legislación permitirá, entre otras novedades, habilitar «allanamientos exprés» y facilitar los decomisos para afectar las bases económicas de las organizaciones criminales.
La Cámara autorizó a intervenir en el recinto a la diputada Ximena Sola, autora de la iniciativa. La legisladora subrayó que, a diferencia de las marcadas diferencias entre oficialismo y oposición en votaciones recientes, esta vez se logró la unanimidad. Michlig explicó posteriormente que en esta Cámara «siempre buscamos dialogar, dialogar y dialogar», lo que podría justificar los meses que el proyecto permaneció en las comisiones.
La media sanción de la Cámara de Diputados se había obtenido en julio del año pasado, poco después de la promulgación de la ley nacional. Esta iniciativa fue impulsada por un mensaje del Poder Ejecutivo Nacional y contó con el decidido apoyo del gobernador Pullaro, en un período en que la actual senadora Patricia Bullrich se desempeñaba como ministra de Seguridad.
En sintonía con las declaraciones de Borla, la diputada Sola afirmó que «con decisión política es posible atacar a las mafias» y destacó que la ley nacional –a la cual Santa Fe adhirió este jueves 19– incorpora «todos los aportes» formulados en las comisiones del Congreso de la Nación por el gobernador Pullaro y el ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni.
La diputada, que recibió aplausos de los senadores, enfatizó que «no es una norma autoritaria». En otro pasaje de la sesión, Joaquín Gramajo (bloque Unite-Unidos-9 de Julio) dirigió una advertencia a aquellos jueces «que no son garantistas, sino que se abusan de la garantía» a la defensa, fundamental en todo proceso judicial. Les instó a realizar «una interpretación exegética de la norma», es decir, a respetar estrictamente el tenor literal del texto legal.
El respaldo del gobernador
Un comunicado de prensa oficial destaca que, para el gobernador Pullaro y el ministro de Seguridad, «esta iniciativa representa una señal clara, un nuevo avance en una política sostenida para enfrentar a las organizaciones criminales, y se posiciona como una de las herramientas más firmes impulsadas en este sentido. La adhesión de Santa Fe es una muy mala noticia para quienes integran o financian estas estructuras delictivas».
El mismo comunicado subraya que, según la visión de la Casa Gris, «el garantismo le hizo mucho daño al país». Entre los principales alcances de la ley se mencionan la profundización del uso de técnicas especiales de investigación, el fortalecimiento de la cooperación interjurisdiccional y la posibilidad de intervenir sobre los bienes y recursos económicos de las organizaciones criminales.
De esta manera, Santa Fe busca consolidar un esquema de intervención integral que permita atacar todas las dimensiones del delito organizado: desde su planificación hasta su financiamiento.