El dip. Marcelo González propone la bajar la edad de imputabilidad juvenil

El diputado provincial Marcelo González envió el 28 de enero de 2026 a las Honorables Cámaras de Diputados y de Senadores de la Nación una propuesta para reabrir de manera urgente el debate legislativo sobre la reforma del régimen de responsabilidad penal juvenil, que contempla la baja de la edad de imputabilidad a partir de los 13 años y establece la obligatoriedad de la educación y la formación como eje central de la reinserción social de los menores privados de la libertad.
La iniciativa busca dar una respuesta institucional frente al aumento de delitos graves cometidos por menores.
Puntos clave de la propuesta
En la nota presentada, el diputado provincial propone la baja de la edad de imputabilidad: desde los 13 años, dentro de un régimen penal juvenil diferenciado. En ese sentido, los delitos de especial gravedad incluidos serian:
• Homicidio doloso y homicidio agravado
• Robo agravado por el uso de armas.
• Robo seguido de muerte.
• Lesiones gravísimas dolosas.
• Privación ilegítima de la libertad agravada y secuestro extorsivo.
• Participación comprobada en organizaciones criminales vinculadas a hechos violentos.
Ante los hechos enumerados, a partir de los 13 años, los menores serán juzgados bajo criterios equivalentes a los aplicables a las personas mayores de edad.
En cuanto a los programas y medidas complementarias se destacan para los menores: • Supervisión judicial reforzada. • Programas de justicia restaurativa. • Programas socioeducativos obligatorios. • Tratamiento psicológico y abordaje de adicciones. • Acompañamiento familiar y fortalecimiento de la responsabilidad parental.
Cabe señalar que, dentro de la propuesta, para los delitos que no revistan especial gravedad, la responsabilidad penal juvenil desde los 13 años operará dentro de un régimen
flexible y especializado, que permita al juez adecuar la respuesta penal a las circunstancias concretas del hecho y del autor.
Por último, González remarcó que la reforma apunta a prevenir la reincidencia, evitar la utilización de menores por organizaciones criminales y fortalecer la confianza social en el sistema de justicia y la seguridad de los propios habitantes de nuestra nación.