La Justicia Federal hizo lugar a la medida cautelar interpuesta por Michlig para la realización de tareas urgentes sobre RN34

En el marco de los autos caratulados: "Michlig, Felipe Enrique c/ Dirección Nacional de Vialidad s/ amparo Ley 16.986" Expediente Nº FRO 34534/2025, el Juzgado Federal de Primera Instancia de la ciudad de Rafaela, a cargo del Dr. Aurelio Cuello Murúa, resolvió hacer lugar a la medida cautelar, en el marco de la acción de amparo, promovida por el senador por el Departamento San Cristóbal, Felipe Michlig.

La resolución judicial determina “Hacer lugar a la medida cautelar solicitada, por un plazo de tres (3) meses, y en consecuencia, ordenar a la Dirección Nacional de Vialidad y corredores viales S.A., para que realicen de forma inmediata tareas de mantenimiento mínimo indispensables, tales como iluminación, señalización horizontal y vertical, bacheo provisorio, limpieza, reparación y acondicionamiento de banquinas y desagües, en el tramo vial de la Ruta Nacional N° 34, comprendido entre las localidades de Curupaity, Monigotes y Palacios, del departamento San Cristóbal; abarcando una extensión de aproximadamente 50 km. perteneciente a la Provincia de Santa Fe.

La resolución exige a la Dirección Nacional de Vialidad y Corredores Viales S.A. que “en el plazo de 10 días, acredite en estos autos inicio de cumplimiento”.

Antecedentes de la presentación
Cabe recordar que, a fines del pasado mes de diciembre, con el patrocinio de los abogados Hugo Parma y Arturo Ferrero, el accionante Felipe Michlig, en su doble carácter de Senador Provincial y de usuario habitual de la Ruta Nacional Nº 34 (por tener domicilio en la localidad de Ambrosetti, Provincia de Santa Fe) presentó “Acción de amparo, contra la Dirección Nacional de Vialidad, a fin de que se ordene a la demandada a realizar, en forma urgente, inmediata y definitiva, la reparación integral y la presentación de un plan de operación y mantenimiento del tramo vial comprendido entre la Ruta Nacional N° 34…”, en el tramo citado.

“Este es el objeto de la acción principal (reparación integral y la presentación de un plan de operación) lo cual se resolverá al dictarse sentencia definitiva”, explicó el Dr. Hugo Parma, agregando que “ahora se hizo lugar a la medida cautelar cuyo despacho se pidió en relación con las tareas más urgentes en el marco de la acción de amparo (mantenimiento)”.

En cuanto a la pretensión del senador Michlig solicitando el urgente “…permiso de USO” para dar inicio inmediato de las obras viales necesarias (rotonda, iluminación, etc.) en la intersección de la Ruta Nacional N° 34 y la Ruta Provincial N° 39, en jurisdicción de la localidad de Arrufó, Provincia de Santa Fe”, quedó resuelto “al otorgar la D.N.V. -en los días siguientes a la notificación del inició de la demanda- el permiso para la realización de la obra, (cuya inversión corre a cargo de la Provincia)”. Al respecto el Dr. Arturo Ferrero explicó que «iniciamos en diciembre el amparo, ante la mora de la administración nacional y en enero la DNV autorizó la obra, (por eso, cuando contestaron la demanda luego de la feria judicial, dijeron que era una cuestión abstracta, pues ahí la autorizaron, pero lo hicieron luego que presentamos el recurso de amparo)».

“Tenemos que evitar que se sigan matando gente”
El senador Michlig recalcó que “acudimos a la vía judicial ante la mora y desidia de la DNV, y la falta de respuesta oportunas y urgentes a los trámites administrativos que se han realizados desde el gobierno Provincial y que muchísimas veces y por distintos canales hemos reclamado, generando que, en el mientras tanto, se sigan produciendo accidentes que han costado vidas humanas y enormes daños de distintas consideraciones”.

Cabe acotar que, en la resolución judicial de la medida cautelar -ante excepciones interpuesta por la demandada- también se resuelve que el senador Michlig se encuentra “legitimado” para promover la acción en el doble carácter invocado, ya que “esta situación lo coloca en la posición de afectado directo por la desidia administrativa de la DNV que, a su vez, pone en riesgo la vida y la salud de los ciudadanos a los que representa en ejercicio de sus funciones institucionales”.