En las elecciones del 16 de junio del año pasado los santafesinos votaron con contundencia por un cambio de gestión de los destinos de la provincia, y una orientación diferente de las políticas públicas, tras 12 años de continuidad de gobiernos de un mismo signo político. Esa definición compromete por igual, en términos de cultura democrática, a quienes fuimos favorecidos por el voto popular,  y a quienes no lo fueron.

El respeto a la voluntad popular manifestada en las urnas debe expresarse, en primer lugar y ante todo, en el reconocimiento expreso del derecho que le asiste a quienes fueron elegidos para conducir los destinos de Santa Fe los próximos cuatro años, de desarrollar el programa de gobierno que propusieron a la ciudadanía, dentro del marco de la ley y las instituciones de la Constitución.

En una larguísima transición previa a la asunción del Gobernador Omar Perotti y su equipo de gobierno, ese derecho elemental fue desconocido, en tanto se lo condicionó a través de la formulación del proyecto de presupuesto; y a menos de transcurrido un mes del nuevo gobierno, la Cámara de Diputados, con mayoría opositora, rechazó de plano un proyecto de ley de emergencia enviado por el Poder Ejecutivo, para contar con las herramientas mínimas e indispensables para atender una situación que a todas luces es crítica.

Tan crítica que, en sus aspectos sociales, alimentarios y sanitarios fue calificada como de emergencia por el Congreso de la Nación, con leyes que tuvieron el acompañamiento de las mismas fuerzas políticas que niegan esa calificación en la provincia; en una inconsecuencia lógica que no puede dejar de señalarse, y como si Santa Fe no fuese parte del país, o estuviera exenta de sus graves problemas.

Por el contrario, la situación financiera de la provincia – y por carácter transitivo de sus municipios y comunas – es crítica, y amerita dotar a su gobierno de las herramientas necesarias para afrontar una crisis que ha heredado, y que no generó; herramientas imprescindibles para poder honrar los compromisos contraídos en nombre del Estado, atender a las necesidades básicas y elementales de la sociedad que el Estado debe proveer, en especial las que afectan a los sectores más desfavorecidos, y garantizar la continuidad en la prestación de los servicios y cometidos a su cargo.

En la indiscutible situación de crisis presente, reivindicamos el rol del Estado como árbitro para restablecer el equilibrio de los distintos intereses cuando su evidente ruptura afecta una armoniosa convivencia social. Los intereses sectoriales, por muy legítimos que sean, no pueden anteponerse al interés público cuya tutela constituye el fin último del Estado, ni a los de los más desfavorecidos que requieren que éste llegue allí donde las fuerzas del mercado los abandonan a su suerte.

A poco que se analice objetivamente la situación provincial, se debe concluir en que motivos para aprobar la ley enviado por el Ejecutivo, sobran. Para lo que no hay espacio es para las especulaciones y mezquindades políticas de corto vuelo, o para debates inconducentes que los santafesinos saldaron con su voto, en las pasadas elecciones provinciales.

Como tampoco pueden existir ambigüedades ni deserciones en el compromiso para combatir, con la ley en la mano y toda la energía que de ella surja, al delito organizado en todas sus formas, que afecta la paz y tranquilidad de los santafesinos, generando una legítima preocupación que fue parte esencial de las razones que orientaron su voto. Delito que, como dijo el Gobernador en su discurso inaugural ante la Legislatura, fue creciendo en los últimos años al amparo de tolerancias y complicidades en la fuerza policial, y en el propio sistema político.

Nadie pretende superpoderes, ni delegación de facultades extraordinarias, ni quedar exento de los controles sobre el correcto uso de los fondos públicos que establece el ordenamiento jurídico vigente. De hecho, con facultades mayores y por un tiempo más prolongado contó la gestión anterior, en especial en materia de seguridad. Argumentar sobre esto es innecesario, basta una lectura de buena fe del texto del proyecto de ley sometido por el Poder Ejecutivo al debate parlamentario. Los ataques mediáticos y las operaciones de prensa que sostienen lo contrario no pueden desplazar el legítimo debate democrático, del espacio en el que debe darse: las instituciones creadas por la Constitución de los santafesinos.

En virtud de las consideraciones expuestas, el Partido Justicialista de Santa Fe expresa su más rotundo apoyo a la gestión del Gobernador Perotti, e insta a los legisladores de nuestros bloques legislativos y de los de los partidos de oposición a respaldar el proyecto de ley de Estado de Necesidad Pública en Materia Social, Alimentaria y Sanitaria, de las Contrataciones Públicas, Financiera y de Seguridad.