A seis años de la desaparición de Maxi Sosa, el chico de 3 años que en la calurosa siesta del lunes 21 de diciembre de 2015 salió de su casa con el propósito de ir a jugar con unos vecinos del barrio Juan Pablo II, en el acceso sur a Ceres -el último poblado antes de ingresar a Santiago del Estero por la Ruta Nacional 34-, la causa quedó en un punto muerto y el caso, impune. Peor aún: a Maxi ya nadie lo busca. Además, a pesar de las recompensas ofrecidas (hasta un millón de pesos), nadie aportó un dato fidedigno que llevara a los investigadores a desentrañar el caso.

Se lo buscó por tierra y aire, y hasta en el agua acumulada de una laguna no tan cercana al barrio donde residía la familia Sosa, en la zona conocida como “El viejo hospital”, aquel nosocomio que alcanzó a construirse solo hasta sus bases y quedó olvidado desde la década del 60.

Se dijo que podría haber sido “entregado” a una familia que supuestamente lo trasladó al norte del país. La abuela de Maxi, Patricia Sayago (entonces de 43 años), que lo cuidaba por esos días, ya que la mamá del menor estaba internada y a punto de dar a luz, y la pareja de aquella mujer, Ariel Malagueño (de 39), estuvieron detenidos, sospechosos del delito de trata de personas en las modalidades de traslado y ofrecimiento, agravado por haber mediado abuso de la situación de vulnerabilidad de la víctima, por no poder esta valerse por sí misma, por la participación de tres o más personas, y por ser aquella menor de dieciocho años.

La versión insistente que recuerdan hoy los vecinos es que a Maxi, su abuela y Malagueño lo trasladaron desde Ceres hasta un inmueble llamado “El Chalecito”, ubicado en Colonia Montefiore, una pequeña localidad 28 kilómetros al norte. En el expediente se consideró que allí el menor fue retenido y ocultado por lo menos hasta un año después. La versión que se impuso por entonces fue que el niño habría sido entregado o “vendido” a una red de trata de personas. Tampoco esa hipótesis prosperó.

Inicialmente, la causa estuvo en la justicia provincial y las actuaciones fueron realizadas por la fiscal de los Tribunales de San Cristóbal, Emilce Fissore. Pero esta funcionaria pidió el pase de la causa al fuero federal ante la presunción de que se trataba de un hecho de trata. La Corte Suprema de Justicia de la Nación le dio la razón y ordenó que la Justicia Federal de Rafaela investigue la desaparición de Maximiliano Sosa.

Ya en esa jurisdicción, la investigación también imputó a una tercera persona, Pablo Américo Pinedo, un supuesto cómplice que habría ayudado a la pareja a concretar el delito. Eso fue apelado y la Cámara Federal de Rosario solo confirmó los procesamientos de Sayago y Malagueño por el delito de sustracción de menores y dictó la falta de mérito de Pinedo.

La caída de las acusaciones

Pero en febrero de 2021, los jueces federales José María Escobar Cello, María Ivón Vella y Luciano Homero Lauría, absolvieron a Sayago por el beneficio de la duda. En el caso de Malagueño, el fiscal entendió que no había elementos para sostener la acusación. Ambos fueron liberados el miércoles 10 de ese mes, luego de haber permanecido cuatro años en prisión preventiva.

Daniela Sosa, la mamá de Maxi, dijo entonces: “A mí, como creo que a todos, me sorprendió que los liberaran, pero es lo que ellos decidieron”; y al ser consultada sobre si había tenido oportunidad de hablar con Sayago, su madre, respondió: “No hablamos y tampoco nos cruzamos. Solo cuando entré en la sala la vi ahí sentada, pero no cruzamos ni siquiera una mirada”.

Sobre el futuro y qué pasará de ahora en adelante, la mamá de Maximiliano dijo: “Lo único que sé es que mi hijo sigue desaparecido y que ellos están sueltos. Tampoco sé cómo seguirá todo esto porque yo ahora estoy viviendo en la casa donde estaba mi mamá cuando desapareció Maxi, así que no sé qué va a pasar. Si eso ocurre tendré que ver, además, dónde iré con mis otros hijos. Y aunque todavía no hablé con los vecinos del barrio me imagino que estarán enojados como yo y sorprendidos por el fallo del Tribunal”.

En el cierre de la entrevista periodística, Daniela manifestó: “Yo entiendo que la Justicia en este caso fue injusta, por eso pido a quien corresponda que lo sigan buscando, que no permitan que siga en esta condición de desaparecido. Yo creo que la responsabilidad es toda de mi mamá, porque Maxi estaba al cuidado de ella. Y nadie mejor que ella sabe qué fue lo que pasó ese día que desapareció”.

Tras la resolución de la justicia de Santa Fe, los vecinos no ocultaron su indignación. Carla Torres, vecina del barrio y madre del amiguito con el que Maxi iba a jugar, una de las testigos en el juicio oral, reconoció: “El fallo nos cayó muy mal. Es que no se perdió un perro, se perdió una criatura”, reflexionó.

Fuente: La Nación