Desalojo: el municipio dio su versión de los hechos y aseguró que se cumplieron todos los pasos legales

Esta semana se generó una gran repercusión por el desalojo de una familia de la ciudad de San Cristóbal. Ellos debieron dejar la vivienda que habitaban el día martes y, a partir de eso, muchas personas opinaron al respecto y hasta se movilizaron a la casa del intendente local para solicitar ayuda para esta familia. 
Este desalojo no se concretó de un día para el otro sino que fue el resultado de un largo proceso judicial en el cual se respetaron las etapas legales correspondientes. La familia del señor Eduardo Escobar, conformada por su hija y sus cuatro nietos, fue notificada en reiteradas oportunidades sobre deudas de tributos municipales, después, acerca de un posible remate de la propiedad y, por último, el desalojo total de la vivienda. Dicho desalojo no fue llevado adelante por la Municipalidad, sino por el particular que adquirió el inmueble en subasta judicial.
Muchas versiones circularon durante estos días, principalmente, en las redes sociales, indicando como “injusto” el desalojo de esta familia y los vecinos pidieron que se resguarde y proteja a los menores de edad. 
Finalmente, la municipalidad de San Cristóbal dio su explicación al respecto y argumentó los motivos por el cual se concretó el remate en mayo del año 2018 y el desalojo en noviembre del 2019.
El Secretario de Gobierno Germán Michlig, el Dr. Joaquín Strada del departamento de Asuntos Jurídicos de la Municipalidad y la Secretaria de Acción Social Andrea Argañarás fueron los responsables de brindar toda la información necesaria y aclarar dudas sobre este tema. 
“Se trata de un proceso judicial por ejecución de tributos municipales, de impuestos, es un proceso bastante viejo del año 2007 y se trata de un inmueble que no es de titularidad del señor Escobar sino que es de una tercera persona. Él supuestamente refiere que tiene un boleto o escritura y eso nunca se presentó en el expediente judicial ni a nivel administrativo en la municipalidad. Se subastó la propiedad en mayo del 2018, lo compró un particular, la subasta se aprobó y el particular que adquirió el inmueble requirió judicialmente su posesión, que produjo el desalojo”, explicó el abogado.
Para aclarar, el señor Escobar fue notificado por los Oficiales de Justicia en tres oportunidades, tanto él como su hija recibieron y firmaron las notificaciones. Según explicaron desde el municipio, en ningún momento se acercó a consultar sobre este problema o a mostrar todos los documentos que lo señalen como el dueño de la vivienda al municipio antes de la venta en pública subasta. 
Cuando se concluye el remate, una persona de la ciudad es quien adquirió ese terreno hace un año y medio, y ahora necesita hacer uso del mismo. De esta manera, el mismo particular requirió ante la justicia el desalojo que así fue ordenado por el Juzgado interviniente y comenzó la polémica en toda la sociedad.
“El señor Escobar vino al departamento jurídico después de mayo 2018, cuando el inmueble ya se había rematado. Antes no apareció nunca, ni presentó documentación, ni hizo reclamo judicial o administrativo. Me vio en tres o cuatro oportunidades, yo le repetí siempre lo mismo, que si el tenía una supuesta documentación, estaba a tiempo de presentarla a nivel municipal y a nivel judicial en el expediente a través de un abogado”, argumentó acerca del proceso el Dr. Strada. 
El proceso judicial de ejecución como asimismo el posterior desalojo requerido ante el Juez por el particular adquirente del inmueble, se llevaron adelante cumplimentando todos y cada uno de los requisitos legales y pasos procesales correspondientes y fue resuelto por el Juzgado de Circuito Nro. 10 a cargo del Dr. Germán Vivas. El Juzgado interviniente adoptó todos los recaudos necesarios, respetándose todas las garantías y etapas procesales, finalmente se llegó a la subasta y, al año y medio posterior al desalojo requerido por el adquirente.
“Escobar y su hija tenían conocimiento que el proceso estaba iniciado. La subasta se notificó previamente en el boletín oficial, en puertas del juzgado, en placas del cable video y en cédulas de notificaciones a quien habita el inmueble”, agregó el representante legal del municipio.
Una de las principales cuestiones sobre este desalojo y el fundamental reclamo de la comunidad, es que allí vivían cuatro niños que quedaron sin hogar. Por eso, los encargados de desarrollo social del municipio trabajaron desde esa misma noche para ayudar a los menores. A saber, la municipalidad no tiene la responsabilidad de alquilar viviendas a ningún particular, este es un caso especial, porque la ley obliga a que el Estado se haga cargo de los menores. La Municipalidad que funciona con el dinero aportado por los contribuyentes, sólo puede gestionar viviendas sociales a familias que las necesiten.  
“Cuando existen menores o incapaces y quedan en situación de calle el Estado tiene una intervención legal, establecida en tratados internacionales, principios constitucionales y en normas jurídicas. El Estado está representado por la Municipalidad, la Defensoría de San Cristóbal, la Fiscalía de San Cristóbal, la Subsecretaria de los Derechos del Niño de Santa Fe y la Defensoría del Pueblo de Santa Fe. A saber, los principales responsables de un menor son los progenitores, a falta de ellos son los parientes y si no hay el Estado debe actuar”, indicó el abogado, acerca de la protección de los niños, niñas y adolescentes y de lo que indica la Constitución Nacional y las leyes de nuestro país. 
En este caso, la única parte del Estado que intervino y se hizo cargo de la situación fue la Municipalidad de San Cristóbal. Por orden de desarrollo social, los niños fueron trasladados al hospital junto con su madre, uno de ellos fue a la casa de su abuela y el padre de ellos a la casa de su madre. En tanto, el señor Escobar fue alojado en un hotel de la ciudad y después fue su familia también, con los cuidados y atenciones de salud correspondientes. 
El día jueves, Andrea Argañarás de acción social consiguió una vivienda para alquilar y se la ofreció a la familia. Durante un tiempo los gastos correrán por cuenta del municipio hasta que logren estabilizar su situación actual. Sin embargo, la familia expresó por los medios y por redes sociales que la casa tiene algunos problemas edilicios y que no quieren estar ahí.
“El día martes recibo un llamado del defensor donde me comunica que estaba en la casa de la familia Escobar por un desalojo. A las once y media de la noche me llama el Oficial de Justicia para decirme que todavía estaban en la casa, que estaban los niños ahí, que nadie había ido y mandé al Dr. Pablo Gatti del equipo de niñez. A nosotros nunca nos notificaron de este caso como sí sucedió con otros. Salimos a buscar una vivienda durante muchas horas, conseguí una casa y, momentáneamente, están ahí hasta que consigamos algo mejor. Uno quiere lo mejor para ellos y priorizamos el cuidado de los niños”, relató Andrea.