En diálogo con el programa Algo que Decir, el ministro de Seguridad de la provincia, Marcelo Sain explicó los ejes del proyecto de ley de Seguridad Pública que fue girado por el Ejecutivo a la Legislatura.
Actualidad 18/10/2020
El Departamental
El ministro de Seguridad de la provincia, Marcelo Sain brindó algunas precisiones vinculadas al proyecto de ley de Seguridad pública que fue girado por el Ejecutivo a la Legislatura santafesina. En diálogo con el programa Algo que Decir, que se emite por Aire de Santa Fe, Sain advirtió que “no estamos inventando la pólvora. Muchos de los puntos incluidos en el proyecto son cosas que se quisieron llevar adelante en gestiones anteriores y, por incapacidad o falta de voluntad, no se lograron”.
Una de esas cuestiones es “diferenciar los servicios policiales por especialidad”, comentó el funcionario quien explicó que “ese punto estuvo en la reforma que se propuso tras la crisis de 2013. La formuló Lamberto pero no se pudo hacer”.
Sobre las propuestas incluidas en el proyecto, el titular de la cartera de Seguridad de la provincia explicó que “se trata de instrumentos y dispositivos para que la seguridad pública sea gestión del gobierno político y no de las policías. Los policías son instrumentos”.
“Corresponde a los gobernantes decidir cómo se gestiona la seguridad, qué tipo de policía estructurás y cómo los hacés trabajar”, enfatizó el funcionario. En el mismo sentido, Sain preguntó: “Si no había observatorio del delito, cómo vas a planificar una política de seguridad si no sabés qué delitos ni dónde se cometen?”
Por último, al ser consultado sobre el debate en la Legislatura, el ministro que espera que “haya un debate democrático, amplio, donde cada uno pueda exponer sus posiciones, disidencias y acuerdos, pero supongo que va a haber consenso en esta materia”.
En qué consiste el nuevo plan de seguridad
Cómo explicó Germán de los Santos en su columna en Aire Digital, la “estrategia de seguridad preventiva para grandes centros urbanos” plantea desarrollar análisis criminal, con una mayor capacidad de gestión informática y la preparación para los policías, para planificar operaciones especiales orientadas al trabajo preventivo de delitos comunes y complejos, como así también implementar dispositivos de control policial.
La apuesta del gobierno es que con este nuevo esquema más moderno y con mayor tecnología la seguridad se transforme en un instrumento preventivo, para que el policía, en base a mapas delictivos y a información de análisis, pueda llegar antes de que estallen los problemas en una determinada zona. Este plan se llevará adelante a través de seis “centros de análisis y operaciones policiales”.
En una primera etapa se pondrán en marcha en tres ciudades, como Santa Fe, Rosario y Rafaela. Luego seguirán Venado Tuerto, Reconquista y San Lorenzo. Según la idea del Ministerio de Seguridad, para esta etapa se requiere una reorganización de los efectivos que integran las unidades regionales, según indica la resolución Nº1138 del Ministerio de Seguridad.
Esta nueva estrategia se apoya en tres pilares, según Sain: “El ejercicio pleno del gobierno político sobre los asuntos de seguridad pública”, con una conducción fuerte, sin delegar –como se hizo en otros periodos- en la conducción policial el manejo de la seguridad pública. El segundo eje es “la profesionalización de la policía”, a la que se le otorgará una formación y entrenamiento para jerarquizarla a nivel profesional. La tercera pata es la “adopción de estrategias de control del delito para los diferentes problemas criminales”.
El ministro de Seguridad, Marcelo Saín, avanzará en la instalación de centros de control operacionales de la Policía en las principales ciudades de la provincia de Santa Fe.Con el foco en el personal que estará involucrado en este plan, la mirada del Ministerio de Seguridad es que la organización y el funcionamiento de la policía, que históricamente estuvo anclado a nivel territorial, se encuentra limitado para operar porque esa estructura es poco flexible y no tiene movilidad.
Las “unidades regionales tienen un número significativo de agentes de Orden Público (comisarías, destacamentos y puestos), como por ejemplo, en la URI hay 55 unidades; en la URII, 69 y en la URV, 53. “Este tipo de dependencias policiales demandan personal para atender los aspectos administrativos y logísticos de funcionamiento y absorben los escasos recursos asignados que podrían volcarse a seguridad preventiva”, señala la resolución del Ministerio de Seguridad, que agrega que el 29,8 por ciento del personal en la provincia (unos 6.400 efectivos) se encuentran asignados en agrupaciones de Orden Público.
“El problema se profundiza cuando en esas unidades se le añade que poseen una organización interna desactualizada, con cargos y funciones que exigen una cantidad de personal que es imposible de alcanzar”, señala el plan. Según el diagnóstico, “la perspectiva de alcanzar una dotación de personal para desplegar estrategias de seguridad preventiva de forma masiva y constante en el territorio es irrealizable”.
Ante esta situación, planean desarrollar estrategias de seguridad preventiva “focalizadas” y “enfocadas” en los problemas delictivos identificados, para un uso “racional, proporcionado y efectivo” de los recursos policiales en las grandes ciudades de la provincia. El plan que comenzará en Santa Fe, Rosario y Rafaela buscará direccionar el trabajo de la policía a la prevención y a la “conjuración temprana de delitos” y a la “respuesta lo más rápido posible ante los acontecimientos”. Para esto es necesario, según el ministro, que estas estrategias “no deben derivar de la estructura y las prácticas” que existe actualmente sino que se deben ajustar “a los problemas criminales en desarrollo”.
Los COP realizarán un “mapeo delictivo” para conocer la actividad criminal en un determinado barrio o zona para tener una respuesta rápida y focalizada con acciones en el terreno. Para hacer este análisis confluirá allí la información que se genere todas las áreas de las unidades regionales, de los centros territoriales de denuncias y de los municipios. La idea es que los COP que estarán asentados en estas tres ciudades en un principio y en seis después tengan “la misión de producir análisis criminal, planificar operaciones e intervenciones policiales focalizadas”.
Los COP realizarán un “mapeo delictivo” para conocer la actividad criminal en un determinado barrio o zona para tener una respuesta rápida y focalizada con acciones en el terreno. Para hacer este análisis confluirá allí la información que se genere todas las áreas de las unidades regionales, de los centros territoriales de denuncias y de los municipios. El despliegue en el terreno correrá por parte de la Agrupación Cuerpos de cada Unidad Regional y de las policías de Acción Táctica, Comunitaria y de Seguridad Vial. La tecnología para dotar a estos centros operativos de análisis se va a adquirir con los fondos que aportó el gobierno nacional. Son 3.000 millones de pesos que no se podrán usar para pago de sueldos, sino para adquirir “celulares robustos, equipos y sistemas de posicionamiento, hardware, licencias de software, dispositivos de rastro, cámaras de rastreo, y drones, entre otras cosas”. Esos fondos se deberán usar, según el convenio, dentro de un plazo de 120 días.
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