Aunque la violencia de género es una cuestión compleja, las cifras constituyen uno de los caminos posibles para comenzar a tomar dimensión del problema. En Argentina, entre el 1° de enero y el 20 de noviembre se perpetraron 404 ataques femicidas: 229 femicidios, 168 intentos de femicidios y siete transfemicidios. Si dividimos la cifra total por la cantidad de días del período relevado (323), el promedio indica que hay más de un hecho por día: uno cada 19 horas, para ser más exactos. En este escenario, los colectivos feministas se movilizarán una vez más este 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, con el pedido de declaración de la Emergencia en violencia de género como consigna aglutinante.
 
Los datos referidos surgen del relevamiento desarrollado por el Observatorio de las violencias de género "Ahora que sí nos ven", a partir del relevamiento de noticias publicadas en medios gráficos y digitales de todo el país entre el 1° de enero y el 20 de noviembre. Desde la organización explicaron que la inclusión de los intentos de femicidio en el registro se debe a "la necesidad de visibilizarlos para entender el alcance real de la violencia machista y la forma progresiva en que se da". Además, advirtieron que "es necesario que el Estado y sus instituciones se comprometan a garantizar una vida libre de violencias y que la sociedad en su conjunto entienda que la violencia machista nos afecta y atraviesa a todas, todos y todes".

Sin refugio ni resguardo 

Lejos del sentido común que concibe al hogar familiar como un lugar seguro para quienes lo habitan, el 60,6% de los femicidios fue cometido en la vivienda de la mujer (que usualmente comparte con el agresor) y en el 87,7% de los casos el femicida pertenecía al círculo íntimo de la víctima, siendo la mayoría de los crímenes (65,5%) perpetrados por hombres que son parejas o exparejas de las víctimas. "Resaltamos estos datos para romper con el imaginario que sostiene que para las mujeres el peligro se encuentra en la calle, solas y frente a un desconocido", manifestaron desde el Observatorio. El 23% de los femicidas se dio a la fuga tras cometer el asesinato y el 25% se suicidó o intentó suicidarse, como modo de evadir la condena social y judicial en expectativa.

Como consecuencia de los 229 femicidios registrados, al menos 168 niños y niñas perdieron a sus mamás. En muchos casos, el femicida es el propio padre (que se da a la fuga, se suicida o cae preso), lo que deja a los menores en una situación de total vulnerabilidad al perder a sus dos progenitores.

Denuncias no escuchadas

El 16% de las víctimas de femicidio había radicado al menos una denuncia previa contra su agresor, pero solo el 10% tenía una restricción de acercamiento dictada por la Justicia –aunque es sabido que, sin control ni custodia, las órdenes de alejamiento son letra muerta, apenas un papel que no logra frenar ni el cuchillo que apuñala ni el arma que dispara–. "De esto se desprenden dos cuestiones que preocupan: la falta de respuesta adecuada para aquellas que denuncian, lo que deriva en que pocas mujeres se animen a denunciar. A pesar de haber pedido ayuda estas víctimas fueron asesinadas, desprotegidas por una Justicia patriarcal que continúa reacia a capacitarse en perspectiva de género porque se cree omnisciente, desconociendo cómo abordar a las víctimas de violencia, revictimizándolas a ellas y sus familias, tomando decisiones sin una mirada integral e interseccional sobre el tema", reclamó el comunicado y agregó: "Seguimos exigiendo la implementación de la Ley Micaela en el Poder Judicial y continuaremos visibilizando cada decisión tomada por jueces y fiscales que ponga en peligro la vida de las mujeres y que naturalice la violencia machista".

Femicidas en las fuerzas de seguridad

Entre los autores de los 229 femicidios relevados, se destacan los miembros de fuerzas de seguridad (19 policías, cuatro militares y agente de Gendarmería), que en la mayor parte de los casos cometen los crímenes con el arma reglamentaria provista por el Estado para –supuestamente– proteger a la ciudadanía. "Las fuerzas de seguridad no solo no controlan que los agresores cumplan las órdenes de alejamiento, sino también avasallan los derechos de las víctimas. Tal es el caso del cabo Rubén Martínez (de la Policía de Salta), quien debía custodiar la casa de una mujer que había denunciado violencia de género y, en vez de protegerla, la abusó sexualmente; o el de los policías de San Luis que asesinaron a Florencia Magalí Morales en una comisaría. Estos hechos no sorprenden, ya que estos femicidas tienen a su disposición su arma reglamentaria y contactos en las instituciones, lo que profundiza la vulnerabilidad de las mujeres y posibilitan la impunidad de los atacantes", sentenciaron desde el Observatorio.

Fuente: Aire Digital