En la normativa, el Gobierno Nacional establece que es política en materia tarifaria de los servicios públicos, que estén en línea con la evolución de los ingresos salariales, de tal forma que los costos de la energía no crezcan por encima de ellos y, por el contrario, representen proporciones progresivamente menores.

En consecuencia, el traslado de estas medidas implicará una actualización en la tarifa para los usuarios residenciales de la EPE del orden del 7,6% promedio y para los usuarios no residenciales, del 11% promedio.

A modo de ejemplo, un usuario residencial que se ubica en el segmento mayoritario de consumo, que demanda en 60 días 500 kWh, abonará ahora $2.617 por mes, es decir, $185 de actualización. 

Un comercio con un consumo bimestral de 1.600 kWh, abonará por mes un monto de $11.185, lo que significa un adicional de $1.050.