Maxi Sosa y Bruno Gentiletti, la historia de los dos nenes desaparecidos que nunca fueron encontrados

Bruno fue visto por última vez hace 25 años en un balneario de Rosario, y es considerado un caso emblemático; Maxi fue visto por última vez, en 2015, en su Ceres natal, y hace pocos meses la Justicia Federal absolvió por falta de pruebas a los principales sospechosos que tuvo la causa. Ahora se suma el caso de Noah, el nene de dos años desaparecido desde el sábado 29 de octubre.

En la actualidad, el caso de Bruno Gentiletti se tramita en la Agencia de Criminalidad Organizada de la Fiscalía de Rosario, mientras que la desaparición de Maxi volvió a la justicia provincial tras la resolución del Tribunal Oral Federal en lo Criminal de Santa Fe.

Un caso emblemático
Se terminaban las vacaciones de verano de 1997 y la familia Gentiletti, de Las Rosas, decidió ir a pasar el domingo a una playa de Rosario. Marisa, Claudio y los cinco hijos del matrimonio llegaron al balneario “La Florida” a media mañana; bajaron del auto y eligieron el sector de playa privado por una cuestión de seguridad: los chicos apenas tenían entre 5 y 12 años. Los hermanitos salieron corriendo para el río, pero Bruno, de 8 años y medio, que nunca había visto el río, se paró de golpe porque no le gustó el agua amarronada. Papá Claudio fue al agua con los dos más grandes, y mamá Marisa fue con los tres más chicos a buscar un lugar para pasar el día. Entonces, los chicos vieron el sector de juegos y fueron al tobogán. Cuando Marisa terminó de preparar el almuerzo, llamó a toda la familia a comer; llegaron dos de los más chicos, y cuando preguntó por Bruno le dijeron que estaba en el tobogán. Claudia miró hacia el juego pero su hijo no estaba. Todavía no había pasado media hora desde la llegada de la familia Gentiletti al balneario. Los hermanitos que habían ido con Bruno a los juegos le dijeron a Marisa que el chico había ido a ver otro tobogán, que se encontraba afuera del predio. La mujer, desesperada, comenzó a hacerle señas a su esposo; desde la administración alertaron por altoparlantes sobre el menor extraviado y todos los guardavidas que estaban ese día en el balneario se metieron al agua a buscar al chico. Pero el chico había sido visto por última vez en otro lugar.
Claudio y Marisa sabían que era imposible que Bruno estuviera en el agua: padecía una afección en los oídos que lo obligaba a utilizar tapones en los oídos hasta para bañarse; ese día no los había llevado. Sin embargo, ninguna de las personas que participaba de la búsqueda en aquellos primeros momentos escuchó a la familia. La mujer comenzó a buscarlo por otros lugares: fue hasta el auto familiar, hasta la playa pública, hasta el tobogán donde sus hijos le dijeron que Bruno había ido. No encontró rastro de su hijo. En tanto, los trabajadores del balneario le aseguraban que era imposible que el chico hubiera salido solo del predio, por la zona de los molientes. Hasta que una persona que estaba colaborando con la búsqueda advirtió que había una apertura en el alambrado que circundaba el balneario, cerca de la zona del bar: lo habían realizado los proveedores para hacer la descarga sin tener que ir hasta la entrada. La denuncia fue radicada ese mismo domingo en la comisaría 10ma de Rosario, cerca de las dos de la tarde. Hasta las 22 no tuvieron novedades de las autoridades policiales: habían estado abocados al clásico entre Newell’s y Central que se disputó ese 2 de marzo de 1997. El martes, Claudio y Marisa fueron a ver al juez que tenía la causa por la desaparición de Bruno; el magistrado aún no había recibido las actuaciones. Como suele ocurrir en casos similares, la sospecha se volvió hacia la familia, hacia presuntas actividades ilícitas de Claudio, hacia la vida privada de Marisa. Pasó con la familia Pomar, pasó con el caso de Sofía Herrera, en el sur del país; pasó con Ángeles Rawson. Pasó con la familia de Bruno Gentiletti. Así, los papás del chico perdido debieron contratar abogados para defenderse de causas armadas. En 25 años de búsqueda, que se mantiene activa por la Agencia de Criminalidad Organizada de la Fiscalía de Rosario, que Missing Children Argentina considera emblemática, y que el Ministerio de Seguridad de la Nación ofrece un millón y medio de pesos de recompensa, los papás de Bruno se enteraron de muchas cosas: que la denuncia del juez a migraciones para evitar que un menor pueda ser sacado por la frontera no había llegado, que un secretario de un juez le vendía información a la prensa que frustraba los allanamientos; de Bruno hasta el día de hoy no se sabe nada.

Misterio en el norte provincial
Maxi Sosa desapareció el 21 de diciembre de 2015, mientras jugaba en la vereda en plena siesta; tenía 3 años y residía en una vivienda del barrio Juan Pablo Segundo II de Ceres. Daniela, mamá de Maxi, lo había dejado al cuidado de su abuela Patricia Sayago, de 43 años, ya que ella comenzó a sentirse mal debido a su avanzado estado de embarazo. Fue la última vez que vio a su hijo. Primero, la investigación recayó en el personal de la Policía de Investigaciones de la Unidad Regional XII, con intervención de la fiscal de Rafaela, Emilce Fissore. La búsqueda inicial fue intensa: se realizaron rastrillajes en la zona, se tomaron testimonios a familiares, vecinos, allegados, se solicitaron peritajes de teléfonos celulares. Sin embargo, nada arrojó resultados positivos que indiquen dónde estaba Maxi y qué había pasado con él. Cuando se dio intervención a la División de Trata de Personas y Violencia de Género de la Unidad Regional V, sospechas puntuales llevaron a la intervención telefónica del teléfono de la abuela del niño, Patricia Sayago y de su pareja, un camionero de 39 años llamado Ariel Malagueño.
El 26 de junio de 2016, seis meses después de la desaparición de Maxi, se pudo escuchar una conversación entre ellos en la que Malagueño decía que “Maxi” estaba con él, en la comuna de Montefiore, ubicada en el departamento 9 de Julio. Los caminos se encontraban anegados y se complicó el arribo de la policía al lugar: cuando llegaron sólo encontraron teléfonos celulares y otros elementos importantes para el caso, y si bien no estaba Maxi, encontraron ropa de niño y un medicamento pediátrico, lo que llamó la atención porque en el inmueble supuestamente no vivía ningún chico. Es así que ante la sospecha del delito de trata de personas, la fiscal Fissore solicitó que la causa pase al fuero federal, en 2017. A partir de allí, la investigación tuvo sus idas y vueltas entre un fuero y otro, hasta que el 7 de junio de 2018 la Corte Suprema de Justicia de la Nación ordenó que el expediente se radique en el Juzgado Federal de Rafaela. Un año después, en julio del 2019, el entonces fiscal subrogante Federico Grimm buscó declarar una nueva incompetencia en el caso y el juez Abásolo hizo lugar. Sin embargo, ese planteo fue apelado por la defensa de Sayago, por lo que tuvo que intervenir un juez de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario. Dos meses después, el juez Guillermo Toledo, ordenó que la causa siga en el Juzgado rafaelino.

En medio de esos planteos, Javier Arzubi Calvo quedó a cargo de la Fiscalía Federal de Rafaela, por lo que la causa cobró un nuevo impulso y terminó en el procesamiento de Sayago y Malagueño. Un año después, se hizo cargo de la Fiscalía, Gustavo Onel, el cual dio por terminada la investigación y elevó la causa a juicio. En tanto, Sayago y Malagueño se encontraban detenidos en prisión preventiva desde hacía más de tres años, es así que fueron acusados de haber sustraído al pequeño sin el consentimiento de su madre, entre los días 18 y 21 de diciembre del año 2015. Ambos habrían “retenido y ocultado” al menor, hasta el 26 de diciembre en un inmueble donde habitaban, conocido como el “Chalecito”, ubicado en la localidad de Colonia Montefiore. El juicio se desarrolló a puertas cerradas en el Tribunal Oral Federal de Santa Fe en febrero de 2021, y culminó con la absolución de los acusados por decisión de los jueces Luciano Lauría, María Ivón Vella y José María Escobar Cello. La sentencia tuvo la particularidad de que el tribunal absolvió solamente a Sayago, ya que sobre Malagueño no pesó ningún pedido de pena por parte del fiscal, Martín Suárez Faisal. Al dar a conocer los fundamentos de la sentencia, los jueces resaltaron que “la única certeza que dejó el debate fueron las dudas” y que de esas dudas “todos acuden a la necesidad, un tanto displicente, un tanto facilista, de encontrar en Patricia Sayago a la responsable que soluciona el terrible suceso”.

El fallo sostiene que a lo largo del juicio ningún testigo indicó “con certero destino” que la abuela de Maxi haya cometido una acción u omisión en pos de deshacerse y desaparecer al niño. “Nadie dijo aquí en la sala de debate que Patricia Daniela Sayago fue la responsable, con su actuación demostrada, constatada, advertida o acreditada, de este trágico hecho. Y si en sospechas fundamos la condena, debo decir que lejos de aquello la imputada se mostró en todo momento conmovida con lo sucedido, angustiada, inconsolable, queriendo encontrarle una respuesta a la ausencia de su nieto”, destacó la resolución. Los argumentos de la absolución también hicieron hincapié en los cargos que le supieron atribuir a Sayago tanto en la investigación de la Justicia provincial, la de sustracción de un menor de 10 años, como la que siguió la Fiscalía Federal de Rafaela que elevó la causa a juicio. Para los jueces, tal acusación fue errónea ya que de lo develado a lo largo del debate no existieron las acciones típicas que prevé la norma que sanciona tal delito.

En otro tramo de los fundamentos, los jueces se refirieron a lo que fue la investigación, que primero se tramitó en la Unidad Fiscal N°5 de San Cristóbal, a cargo de Emilce Fissore, y que luego fue remitida a la Justicia federal ya que desde el fuero provincial entendieron que existía el delito de trata de persona. “Han pasado más de cinco años de la desaparición de Maximiliano Javier Sosa y no han surgido del debate indicios o pruebas que permitan tener una línea investigativa adecuada para dar con su paradero”, dijeron los magistrados. Finalmente, los tres jueces del TOF ordenaron que remitir nuevamente las actuaciones al Ministerio Público de la Acusación de San Cristóbal para que profundice la investigación por el paradero del niño, el cual fue visto por última vez el 21 de diciembre del 2015 en el barrio Juan Pablo II de la ciudad de Ceres.

Fuente Aire de Santa Fe