La prisión preventiva para quien porte o use armas en la comisión de un delito, proviene de la modificación del Artículo 221 del Código Procesal de la Provincia de Santa Fe (Ley 12.734), que suma al artículo que habla de “peligrosidad procesal” el uso o portación de armas de fuego. Este proyecto, se gestó en el año 2020 cuando comenzaron a aumentar los hechos de inseguridad relacionados con balaceras utilizadas como amedrentamiento tanto a vecinos, como a funcionarios, comerciantes, jueces y fiscales, tanto en edificios públicos como privados. En este sentido, vale recordar que en muchos de esos hechos fueron asesinadas víctimas inocentes que en ese momento se encontraban en estos lugares lo que agravó aún más la situación que hoy en día aumenta sin cesar.

El largo camino que recorrió el proyecto

En ese momento (setiembre 2020), el legislador del Frente Renovador-PJ, Oscar Martínez presentó en la Cámara Baja esta propuesta, quien le dio media sanción en diciembre de 2021. De allí pasó a la Cámara de Senadores para su aprobación final, pero al no ser tratada en tiempo y forma perdió estado parlamentario, y volvió a Diputados para una nueva aprobación, la que se concretó en ese momento, y entonces quedó nuevamente en manos de la Cámara Alta. En diciembre del año pasado, Martínez envió una carta al Gobernador Perotti para que este tema fuera tratado en Sesiones Extraordinarias por la importancia que reviste en la situación de la provincia en este tema. Luego en febrero del 2023 se volvió a pedir su tratamiento al Ejecutivo mediante una carta firmada por el Observatorio de Víctimas de la Cámara de Diputados, y todas las Asociaciones de Víctimas de Santa Fe y Rosario. Así fue como se le dio lugar al pedido y Perotti envió su tratamiento a la Cámara Alta, quien  aprobó pero con modificaciones, el texto original. Así es que este jueves, volverá a Diputados y Martínez pedirá su tratamiento sobre tablas, para que esta importantísima herramienta en la lucha contra las mafias en la provincia sea Ley de una vez por todas. 

La palabra de su autor

“Este proyecto, presentado en plena pandemia fue motivado por los graves hechos que estaban ocurriendo principalmente en las ciudades de Rosario y Santa Fe. Si hacemos una mirada retrospectiva claramente vemos que eso solo había sido el principio de esta verdadera epidemia que vive la provincia. Y en ese marco, se hace indiscutible llevar adelante políticas públicas que ayuden a menguar esta realidad”, argumentó.
“A la luz de los hechos que se están sucediendo queda claro que la tenencia y el uso de armas en el momento que se comete el hecho además de constituir o no un delito autónomo, es también una demostración de la conducta que va a asumir el imputado con respecto al proceso, y a los sujetos que intervienen en el mismo; si al momento de cometer el hecho elige un modo que sabe que produce en la víctima miedo no solo actual sino también a futuro es consiente de que su acción también va en procura de su impunidad. Creemos firmemente que quien porta o usa un arma deja en claro cual va a ser su accionar en el proceso y por lo tanto esa conducta habilita el dictado de la prisión preventiva como mecanismo cautelar”.

Martínez hizo hincapié además en que gran parte de los fundamentos del proyecto que presentó “se basan en los números que elaboró el propio Observatorio de Seguridad Pública provincial, que son de público acceso. En estos últimos años hemos sido testigos de una enorme escalada de la violencia urbana cuyas causas son múltiples y sus efectos devastadores.Un dato que le suma gravedad es que tanto en Rosario como en Santa Fe más de la mitad de las personas heridas con armas de fuego no superan los 30 años. Y en cuanto a muertes violentas por armas de fuego  las franjas de edad que acumulan más víctimas son la que abarca entre los 20 y los 24 años y la que comprende entre los 25 y los 29 años. Además el 85 por ciento de los homicidios cometidos en Rosario fueron con armas de fuego. Y un dato muy impactante también es que en el último año se cometieron más de 1600 balaceras, que tienen como fin amedrentar a víctimas, testigos, familiares de víctimas sumado a los numerosos casos de intimidación a comerciantes y a las ocurridas a organismos del Estado, como por ejemplo el Centro de Justicia Penal que ha sido baleado diez veces.”

Y agregó: “Desde que asumí como Diputado provincial asumí públicamente el compromiso de aportar todo lo que estaba a mi alcance para poder abordar la problemática de la inseguridad y particularmente de la violencia y su impunidad entendiendo que esta última tiene un doble efecto devastador en nuestra sociedad. Por un lado las terribles consecuencias sufridas por las víctimas y sus familiares quienes tienen que convivir con esas huellas de dolor por el resto de sus vidas y por el otro la disgregación del tejido social que entiende que vale más la razón de la fuerza que la fuerza de la razón. Si el Estado deja de ejercer el monopolio de la fuerza y renuncia al ejercicio de su rol característico la escalada de violencia será mucho más cruenta y de mayor magnitud”.    

“En definitiva -sentenció- no se trata de aparentar dureza con el delito con proyectos que parecen duros pero que técnicamente son vulnerables. La dureza del Estado debe estar en la fase de prevención del delito. Una vez accionado el sistema de persecución penal deben observarse normas que no presenten flancos para ser atacadas porque si no la sensación de ‘puerta giratoria’ se acrecienta cada vez más. Es nuestra obligación como legisladores sancionar las leyes que permitan que esta persecución penal sea implacable y de acuerdo al Estado de derecho se haga justicia”.