El gobierno provincial depositó los retroactivos pero el paro de judiciales se mantiene
Tal como había prometido la semana pasada, el gobierno provincial comenzó a pagar los retroactivos adeudados a los trabajadores del Poder Judicial. Pese a esto, el sindicato que agremia a los empleados judiciales mantiene el paro del jueves ya que espera que resuelvan la firma de decretos para ingresos y ascensos.
“Hasta ahora está la mitad del conflicto resuelto, falta la otra mitad que es la firma de los decretos de ascensos e ingresos que deberían haber estado en octubre de 2023”, explicó a La Capital, el secretario del sindicato de empleados judiciales de Santa Fe, Juan Pablo Langella, ni bien le llegaban comentarios sobre el depósito de los retroactivos.
El martes pasado, el gobierno provincial accedió a pagar la deuda que arrastraba de mayo y anunciar que estudiaría los ascensos e ingresos pendientes del Poder Judicial, como forma de saldar el reclamo de los trabajadores judiciales que había generado un conflicto dentro de la disputa de fondo que mantiene con la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe.
Paro del Poder Judicial
Sin embargo la promesa no frenó el segundo paro de actividades sin asistencia a los lugares de trabajo del jueves pasado con una fuerte y masiva movilización al Centro de Justicia Penal. El decreto para la ampliación presupuestaria para pagar aumentos -esta semana la Corte nacional dispuso un 2%-, la cual tiene un refuerzo del orden 5.200 millones de pesos para que el Poder Judicial pueda abonar las diferencias retroactivas.
Ahora esperan por el decreto administrativo que dé luz verde a los cargos pendientes. “Si el gobierno empieza a cumplir la promesa pública de Bastia que empezará a firmar los decretos y juramentos, el paro se levanta”, avisó Langella.
Vale recordar que el martes la Corte Suprema de Santa Fe ante el paro de actividades dispuesto para el jueves y teniendo en cuenta que la situación afectará el normal desenvolvimiento de la actividad judicial en los Tribunales de la Provincia dispuso la suspensión de los términos procesales y audiencias, en las sedes judiciales de la Provincia de Santa Fe.