“Nadie puede decir que no sabe de qué se trata este debate”, abrió el diputado nacional Leonardo Grosso el plenario de sesiones del jueves pasado. Enumeró las discusiones iniciadas hace diez años en el Congreso y aclaró que el nuevo proyecto era el mismo que se acordó y dictaminó en la comisión de Recursos Naturales en 2020. El legislador del Frente de Todos y autor de la iniciativa que apoyan las organizaciones socioambientales se atajaba para lo que se venía: un pedido para ampliar las negociaciones. Lo que no vio venir ese sector del oficialismo era que la interna propia dinamitaría el plenario horas antes de retomarlo esta semana.

Tres horas después de esa frase de Grosso, Ricardo Buryaile, radical y titular de la comisión de Agricultura y Ganadería, afirmó que las iniciativas nunca habían llegado a esa mesa de trabajo. Que las comisiones son independientes y los integrantes no tienen por qué conocer los avances de las otras. Y lo que era un rumor se hizo oficial: Juntos por el Cambio reclamó más tiempo, ronda de consultas, escuchar todas las voces por semanas.

Se pasó a un cuarto intermedio. Grosso le dijo a este medio que era solo hasta el jueves siguiente, que no habría más dilaciones, que los votos estaban para el dictamen del plenario y luego en el recinto. En el medio se activaron los sectores agropecuarios, ganaderos y mineros. El lobby (legítimo en tanto sean intercambios de argumentos que defienden intereses) permeó.

Los discursos comenzaron a cambiar de forma paulatina esta semana. Quienes el jueves pasado apoyaban un dictamen para avanzar en el recinto, señalan ahora que no está mal “esperar” para escuchar a los voceros de las actividades que se sienten en riesgo por la ley.

La estrategia del sector de Grosso se mantuvo. Tras varias reuniones con los legisladores de las provincias del norte, preocupados por la minería (litio) y emprendiemientos agropecuarios, se abrió el “proyecto de consenso” (apoyado por 500 organizaciones socioambientales) para llevar tranquilidad al frente interno.

Los principales reclamos fueron incorporados. Fuentes que participaron de la negociación afirmaron a este medio que el ordenamiento territorial iba a quedar en manos de las provincias. La administración de los recursos naturales es de los distritos por mandato constitucional y no respetar eso abría la posibilidad de tumbar la futura ley por inconstitucional.

La confección del inventario sí se mantenía en la órbita nacional porque los humedales comparten varios jurisdicciones. El Delta del Paraná es un ejemplo: Entre Ríos, Buenos Aires y Santa Fe. Se pasaba de tres a cinco años el plazo para concretar esa regulación. Pero no se prohibía ninguna actividad (esa regulación quedaba en manos de los gobernadores). No se creaban penas ni multas nuevas. Sí se ordenaba el mapa legal: se consolidaba una herramienta para el control efectivo de los territorios porque el articulado contempla fondos para eso (0,3% del presupuesto como mínimo).

La Sociedad Rural y los ganaderos del Delta aseguran que no hace falta una ley porque ya existen otras que no se cumplen. Eso es, justamente, parte de lo que busca solucionar la nueva norma: hacer un inventario federal (algo básico como saber cuántos humedales hay, en dónde y sus características), un ordenamiento (qué se puede hacer, qué no y cómo), un monitoreo con control real y recursos para hacerlo.

“Se impuso el lobby" (y la fractura)
 

Grosso hizo público su malestar en las redes sociales. “Se impuso el lobby: se pospuso la reunión”, tuiteó anoche junto a la carta firmada por los presidentes de bloque, entre ellos Germán Martínez, del Frente de Todos. La fractura interna quedó expuesta.

“Acá no hay ninguna maniobra dilatoria, hoy no íbamos a tener dictamen y me parece que incorporar la mirada de los gobernadores puede ser una alternativa interesante para encontrar un mayor consenso”, argumentó el rosarino Martínez este jueves en Radio 2. Casi el mismo planteo de Buryaile, un discurso que saltó la grieta.

Desde el sector de Grosso juran que ese acuerdo con los diez diputados y diputadas del norte ya estaba sellado. Se iba a comunicar en el suspendido plenario de este jueves. Hasta que irrumpió el comunicado de los gobernadores del norte, quienes desde Estados Unidos patearon el tablero.

Punto 1: “Ratificamos que el dominio originario de los recursos naturales les corresponde a las provincias”. Punto 2: “Ninguna ley debe establecer definiciones y disposiciones que signifiquen la prohibición a las actividades productivas realizadas en forma sustentable”.

“Todos esos puntos estaban incorporados. El corazón del proyecto no se tocaba pero igual fueron a la carga”, señalaron las fuentes. O los gobernadores no se enteraron de esos acercamientos o en verdad no quieren que haya una ley.

Hay algo positivo: la posibilidad real de un dictamen transparentó el debate. Lo marcó Enrique Estevez, diputado socialista que impulsó el plenario. “Es la primera vez que quienes no están de acuerdo con una ley de humedales lo hacen público”, sostuvo este jueves.

El legislador rosarino respondió a quienes se excusan detrás de la falta de debate: “Hace un año y medio logramos en un consenso de doce proyectos y tuvimos un dictamen que se giró a Agricultura donde nunca se trató”.

“Sin humedales sanos, no es posible la producción"
 

Los intereses son muchos. Alcanza con ver el mapa elaborado por el Inta: el 9,5% del territorio son humedales. Casi la mitad de Corrientes. Las reservas del litio del norte o “el oro del siglo XXII”, como dijo el diputado de Juntos por el Cambio Jorge Vara, autor del proyecto que menos regulaciones introduce. Sin acuerdo en el oficialismo, el plenario podría haber derivado en un dictamen de esa iniciativa opositora.

Asoma de fondo la falta de conducción política, la necesidad de un árbitro en esta cinchada: todos tironean y no se llega a ningún lado.

La palabra consenso sirve para muchas cosas. Para potenciar y enriquecer una normativa. O para devolverla sútilmente al cajón. Hacer una larga ronda de consultas durante octubre para llegar al Mundial de noviembre. En 2023 hay elecciones. En ese caso, los humedales tendrían que esperar un poco más.

Una ley no apaga el fuego pero es indispensable ordenar un territorio descontrolado. Como resumió con sabiduría popular la madre de los apicultores detenidos: “La isla no es de nadie”.

La noticia cayó como un incendio entre los militantes socioambientales. La Multisectorial de los Humedales gritó “traición”. El Taller Ecologista acusó a los gobernadores de “aportar a la desinformación” y alertó: “Sin humedales sanos, no es posible la producción. Sin humedales sanos, no es posible la vida de comunidades y el arraigo”.  Las organizaciones convocaron a marchar al Monumento este jueves a las 17. Los sectores ganaderos y productivos mantenían un acto sobre el puente a Victoria. Se acusan mutuamente y el Estado no canaliza hacia una salida. Así como el Poder Judicial no esclarece quiénes prenden fuego y por qué, el Poder Legislativo corre el riesgo de flotar en la misma incertidumbre. Hasta este jueves, nadie afirmaba cómo seguiría la trayectoria de una ley que, como advirtió Graciela Camaño, “es más importante que el presupuesto porque es estratégica”. Algo así como pensar un futuro sustentable.