La Aduana ejecutó en la localidad jujeña de Profesor Salvador Mazza una serie de allanamientos simultáneos que resultaron uno de los mayores golpes al contrabando en lo que va del año.
Actualidad15 de diciembre de 2022
Carlos Lucero
El procedimiento, ordenado por la Fiscalía Federal de Tartagal, se dio a partir de denuncias que la Aduana viene realizando acerca del comercio ilegal de granos a través de pasos no habilitados en el Norte del país.
Los agentes del organismo que dirige Guillermo Michel arribaron en forma conjunta con la Gendarmería Nacional a cuatro domicilios ubicados sobre la Ruta Nacional 34, en la frontera con Bolivia, donde encontraron granos acondicionados en bolsas de 50 kg, listos para cruzar la frontera en forma ilegal.
Los agentes especializados de la Dirección General de Aduanas-AFIP incautaron alrededor de 21.500 bolsas que contenían granos de diversos tipos: soja, soja partida, maíz, maíz partido, maíz molido y trigo. Asimismo, también secuestraron camiones cargados con granos que aguardaban ser descargados.
Así, el total de granos incautados asciende a aproximadamente 1.075 toneladas —es decir, más de un millón de kilos. Producto del operativo, la Fiscalía Descentralizada de Tartagal ordenó tanto el secuestro de las mercaderías y los medios de transporte implicados como la detención de las personas involucradas, que han quedado a disposición de la Justicia.
Al respecto, Guillermo Michel, director general de Aduanas, señaló: “Este enorme golpe al contrabando es una nueva muestra del compromiso de la Aduana con la transparencia del comercio internacional. Esta clase de exportaciones, cuando son realizadas en forma lícita, son una importante fuente de divisas para la Argentina, de sumo valor para nuestra economía. Seguiremos trabajando para desarticular las maniobras de quienes persiguen su beneficio personal en perjuicio del resto de los argentinos”.
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El gobernador Maximiliano Pullaro y el ministro de Trabajo, Roald Bascolo, junto a integrantes de la mesa ejecutiva de la Región Centro, encabezaron el encuentro del que participaron cámaras, gremios y entidades de la provincia. “Las tecnologías hoy nos dan una fortaleza que debe convertirse en una política pública permanente, en donde podamos tener diferentes niveles e indicadores que nos permitan saber hacia dónde queremos llegar”, afirmó Pullaro.
La diputada provincial Gisel Mahmud presentó un proyecto que propone la adhesión de Santa Fe a la Ley de Financiamiento Universitario. La iniciativa nacional fue elaborada de manera conjunta por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), los gremios docentes y no docentes del sector, y la Federación Universitaria Argentina (FUA). La misma -acompañada por más de un millón de firmas- debía ser tratada esta semana en el Congreso de la Nación, pero finalmente fue pospuesta para los próximos días.
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