


Marisa Graham: "Los adultos debemos entender que no se puede avasallar el cuerpo de niños y niñas"
La Defensora de Niños, Niñas y Adolescentes de la Nación, prefiere no poner nombre propio a la ley que está inspirada, entre otros casos, en el asesinato de Lucio Dupuy (en La Pampa), y advierte que la norma no alcanza si no se reconoce que chicos y chicas tiene los mismos derechos que el resto de la ciudadanía.
Actualidad29 de enero de 2023
Carlos Lucero
(Fuente: Nancy Balza para El Litoral)
El 59% de chicas y chicos entre 1 y 14 años experimentaron prácticas violentas de crianza
El 59% de chicas y chicos entre 1 y 14 años experimentaron prácticas violentas de crianza: el 42% castigo físico (incluye formas severas, como palizas y golpes con objetos), y el 51,7% agresión psicológica (como gritos, amenazas y humillaciones). Esta es una de las conclusiones de la Encuesta Nacional de Niños, Niñas y Adolescentes de Unicef (2019/2020).
El relevamiento no le pone nombre propio a cada una de las víctimas pero algunas de ellas son conocidas porque su historia tuvo un desenlace fatal. En la Argentina murieron niños y niñas como consecuencia de actos violentos cometidos por personas adultas que, la mayoría de las veces, estaban a cargo de su cuidado.
La ley de prevención y detección temprana de la violencia contra los niños, niñas y adolescentes sí se reconoce por un nombre propio, el de Lucio Dupuy. El niño fue asesinado en La Pampa y por el caso están imputadas su madre Magdalena Espósito Valenti, y la pareja de ella, Abigaíl Páez. El veredicto de la Justicia sobre el caso se conocerá el próximo jueves.
La Defensora de Niños, Niñas y Adolescentes de la Nación, Marisa Graham, prefiere no poner el nombre de una persona fallecida, en este caso un chico pequeño, a una ley y explica sus razones. Pero también advierte que con la sanción de la norma (que tiene ya el respaldo en Diputados) no alcanza, por más oportuno que sea su tratamiento incluso en extraordinarias, si no va acompañada por un debate que ponga el acento en la igualdad de derechos de infancias, adolescencias y personas adultas.

Marisa Graham, defensora nacional de Niñas, Niños y Adolescentes. Horas antes de que se decidiera incluir el proyecto de ley en la convocatoria a extraordinarias.
"Desde la Defensoría apostamos mucho a esta ley que genera un plan federal de capacitación en derechos de niños, niñas y adolescentes que tiene que ser continuo, permanente y obligatorio. Y consideramos fundamental que todos los efectores, tanto públicos como privados, de todos los ámbitos donde los destinatarios de la ley despliegan sus vidas, tengan en cuenta esos derechos", explica Graham en diálogo con El Litoral.
"Es muy importante la ley y la capacitación a docentes, a las y los médicos, sobre todo de aquellos que atienden en las guardias, en los clubes de barrio y en aquellos más grandes donde asisten chicos y chicas". "Necesitamos que estos sectores estén capacitados para captar indicadores de situaciones que viven en sus ámbitos privados", agrega.
Esta condición de ámbito privado es clave: "pareciera que allí donde debe suceder el amor sucede el horror", gráfica Graham en alusión a la muerte de Milena, la niña de dos años asesinada a golpes en Merlo. Es que muchas de las situaciones de violencia que sufren en carne propia niños y niñas ocurren dentro del hogar y así quedó confirmado durante la pandemia, cuando el período de aislamiento social obligatorio para evitar contagios por Covid prolongó la convivencia entre agresores y víctimas.
Para evitar nuevas Milenas y Lucios es que la ley viene a establecer una capacitación en todos los sectores y un protocolo de actuación para cuando se detecte una situación de violencia. "Pero nosotros queremos y estamos poniendo el acento en que no solo es importante que esté la norma, porque el 'no matarás' existe desde el principio de la humanidad al menos en términos simbólicos, sino que el mundo adulto comprenda que no puede avasallar el cuerpo y la subjetividad de niños y niñas". "Esta ley, insiste, no solo tiene que apegarse a enseñar la norma sino que debe tener en cuenta que la sociedad debe incorporar la igualdad de los ciudadanos y las ciudadanas; y las nenas y nos nenes también tienen esta condición".
"A ninguno de nosotros se nos ocurre zamarrear a otro adultos, ni darle un sopapo a una amiga que se demoró media hora en llegar a una cita. Pero sí pensamos que lo podemos hacer en el cuerpo de los niños y la niñas, empezando por nuestros propios hijos e hijas". Por eso es que el objetivo debe ser concientizar además de capacitar".
- El proyecto de ley incluye también la elaboración de un protocolo de actuación, pero siempre está la sensación de que se actúa tarde. ¿Hay temor a denunciar situaciones de violencia, no se sabe dónde hacerlo, nadie se quiere involucrar?
- En los años de trabajo con infancias y adolescencias he visto un montón de protocolos, algunos muy buenos y otros no tanto. Para las escuelas hicimos, en su momento junto con el ex ministro de Educación Alberto Sileoni y Unicef, un protocolo de actuación para establecer qué debía hacer la escuela cuando percibía que podía haber una agresión a un niño en el seno de su hogar.
También trabajamos protocolos en algunas provincias, por ejemplo en Jujuy, para saber qué hacer según por dónde ingresara la novedad del hecho (policía, fiscalía, etc.). Evidentemente esos protocolos perdieron vigencia o hay algo que hace que se relajen y no se cumplan.
Esta ley de la que estamos hablando hoy y el protocolo tienen sentido si generan un debate alrededor sobre el respeto que debemos tener hacia la dignidad de los otros y las otras, que también son las nenas y los nenes, las y los adolescentes, los gurises, changuitos o como se les llame en cada rincón del país.
- ¿Está naturalizada la violencia hacia niñas niños? ¿Se acepta como normal el sopapo y el chirlo? Es un tema que Unicef abordó en sus propias encuestas.
- El año pasado hicimos con Unicef y la Sociedad Argentina de Pediatría una campaña que decía "Responsables somos todos". Antes hicimos otra campaña para concientizar acerca de que "El chirlo no educa, solo duele". En algunas escuelas los chicos son enviados al rincón a "pensar". Si algo tiene que enseñar la escuela es a pensar, y pensar nunca puede ser un castigo.
Hay muchas cosas del universo de las infancias y adolescencias que el mundo adulto todavía no aprendió, o será que creemos tener el poder en una sociedad de jerarquías que sigue validando algunas actuaciones.
En el nuevo Código Civil y comercial de la Nación logramos introducir, en su momento, el artículo 647 que prohíbe el castigo corporal dentro del capítulo de la responsabilidad parental. En el texto anterior, el artículo 272 decía que los padres podían utilizar el poder de corrección moderadamente. La discusión fue qué era "moderado".
Avanzamos en eso pero, insisto, leyes hay muchas, tratados de derechos humanos hay muchos. La Argentina tiene altos estándares normativos en esta materia. El tema es lograr que esas normas se hagan carne en la ciudadanía y en los pueblos.
- Y que se desnaturalice la violencia hacia chicos y chicas.
- La ley 26.061 de promoción y protección integral tuvo ese valor; tardó en salir, fue muy debatida y tuvo detrás mucha discusión y concientización. El hecho de que exista esta Defensoría también es un paso importante. Pero todavía nos falta mucho por caminar y Milena y Lucio nos demuestran que tenemos que seguir.

Dónde acudir en Santa Fe
- Línea 102: Es un servicio gratuito, nacional y confidencial que funciona en todas las provincias, también en Santa Fe. Se puede llamar ante una situación de vulneración de derechos.
Pueden comunicarse niñas, niños y adolescentes; familiares y otras personas adultas referentes (docentes, vecinos y vecinas, organismos gubernamentales y de la sociedad civil), o cualquier otra persona que tenga conocimiento o sospecha sobre una situación de vulneración de derechos de un niño, una niña o adolescente.
- Comisaria de la mujer: Lisandro de la Torre 2665 de la ciudad de Santa Fe.
- Centros territoriales de denuncias.
- Guardias y admisiones de servicios locales de Niñez o en la Secretaría (San Luis 3135).
Encuesta de Unicef
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