En el marco del convenio firmado con Nación, se inspeccionaron todas las cadenas nacionales y empresas mayoristas. Esta semana se aplicaron dos multas por casi $14 millones.
Actualidad13 de julio de 2023
Noelí Rojas
El Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología de la provincia, a través de la Secretaría de Comercio Interior y Servicios, informa que esta semana completó un trabajo de articulación con el sector privado alcanzado por el Programa Nacional Precios Justos, poniendo énfasis en la ampliación de la iniciativa y la fiscalización de su cumplimiento en las etapas que hoy están vigentes en Santa Fe.En ese marco, se aplicaron dos sanciones a firmas nacionales por incumplimientos en el stock de productos y desviaciones de precios, con multas de casi $7 millones de pesos a cada una de ellas. Se trata de infracciones a derechos básicos del consumidor, como ser el de información veraz, publicidad, exhibición de precios y cumplimiento de oferta. A su vez, se encuentran en proceso de sanción otras cuatro infracciones a otras empresas.
En este sentido, el secretario de Comercio Interior y Servicios, Juan Marcos Aviano, detalló: "Santa Fe se convirtió en la segunda provincia en firmar un acuerdo con el Gobierno Nacional para poder fiscalizar y sancionar a las empresas que no cumplan con los Precios Justos. Si bien este programa es a nivel nacional, también debe ser implementado de manera federal, lo cual implica no solo exigir la llegada de productos y precios, sino también comprometernos en el territorio para garantizar su cumplimiento. Reconocemos que estos programas son de naturaleza horizontal y transversal, y hemos escuchado las demandas de los comercios locales”.
Por otro lado, en el caso de los Precios Justos Barriales, que implican la participación de empresas mayoristas en la distribución de productos a precios regulados en comercios locales, la Secretaría de Comercio Interior y Servicios informa que ya son siete los mayoristas adheridos al programa: Vital, Makro, Yaguar, Maxiconsumo, Parodi, Micropack y Diarco. Además, cabe destacar que tanto las empresas adheridas como aquellas en proceso de adhesión tienen la intención de ofrecer una canasta específica y disponible mientras los acuerdos estén vigentes. Asimismo, se espera que los comercios minoristas que adquieran estos productos a precios regulados cumplan con el precio oficial publicado en la página web del programa nacional, y que ofrezcan dichos productos al consumidor final tal como se indica.
Al respecto, Aviano, explicó que "nuestro objetivo es fomentar estos acuerdos para asegurar que lleguen a los comercios locales. Queremos que tanto los mayoristas nacionales como los locales, así como los comerciantes de Santa Fe, puedan ofrecer una variedad de canastas a precios razonables que sirvan como referencia para las compras de artículos de primera necesidad. Para lograr esto, es fundamental contar con la participación de todos los actores involucrados, así como el compromiso del gobierno nacional de implementar estas medidas en todo el país, y también que los gobiernos provinciales hagan su parte. Somos conscientes de que la implementación de estas herramientas es compleja, pero estamos convencidos de que son necesarias para abordar la situación en materia de precios".
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El ex presidente comunal de la localidad de Villa Saralegui, Walter Sola, fue imputado por haber realizado maniobras defraudatorias en perjuicio del erario público. En el marco de la misma causa, se lo imputó de haber participado de los ilícitos a un hombre de 29 años, hijo del ex funcionario.
A través de la EPE, el Gobierno de Santa Fe ejecuta unas 100 obras destinadas a mejorar el servicio eléctrico en toda la provincia. El plan incluye estaciones transformadoras por más de $ 25.000 millones en Rosario, Rafaela y Rincón; la modernización de equipos en San Lorenzo y Santa Fe capital; y el recambio de 132 kV en Rosario que beneficiará a 1,1 millones de usuarios. También se avanza en la ampliación de líneas rurales mediante el Fondo de Electrificación Rural, con impacto directo en productores y familias del interior.
Entre los considerandos de la resolución aprobada, sostienen que el veto “constituye un acto de absoluta irresponsabilidad institucional y representa un ataque directo a la universidad pública, a sus trabajadores, a sus estudiantes y al futuro de la Nación”. Asimismo, el cuerpo exhortó al Congreso a sancionar una Ley de Presupuesto Nacional para el año 2026.
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