La asfixia presupuestaria a las universidades y la marcha que puede ser un punto de inflexión en la política de ajuste de Milei

Por: Gustavo Sarmiento, @GustSarmi Diaro Tiempo Argentino.

Hace diez días se conoció el ranking universitario mundial QS 2024: entre las mejores 150 carreras del planeta, hay 28 de universidades argentinas. El jueves apareció otra lista, esta vez de la consultora británica Quacquarelli: la UBA quedó entre las 100 mejores universidades del mundo. Esa misma institución reconocida a nivel internacional, con más de 320 mil alumnos, hoy batalla junto a las 69 universidades e institutos universitarios del país por sobrevivir.

En esa lucha in crescendo contra la asfixia presupuestaria del gobierno nacional, el martes será un punto de inflexión. La Marcha Federal del 23 se convertirá en la primera movilización transversal contra el ajuste de la administración de Javier Milei que alcanza a todo el espectro social: jubilados, pacientes oncológicos, comedores, científicos. Y universitarios.

La movilización, de tintes históricos, será en todo el país, pero el epicentro estará en CABA. Bajo el lema «En defensa de la educación pública», se concentrarán a las 15:30 en el Congreso, y de allí partirán a Plaza de Mayo. A las 18 leerán un documento frente a la Casa Rosada. Tal es la crisis, que hasta el Centro de Estudiantes de la UADE confirmó su presencia. Desde el gobierno amenazan con implementar el protocolo antipiquetes.

La asistencia está lejos de ser puramente universitaria: además de estudiantes, docentes y graduados, prometieron estar las centrales obreras (desde la CGT a las CTA), organismos de Derechos Humanos, organizaciones sociales y partidos políticos. Dirigentes como Sergio Massa y Axel Kicillof confirmaron que marcharán. No solo el presente está en juego: si algo representa la educación, es el futuro y el desarrollo de un país.

La Marcha Federal convocada por el Frente Sindical de Universidades Nacionales, la Federación Universitaria Argentina y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que reúne a los rectores del país, “será inédita por esta unidad impensada 15 años atrás», declaró a Somos Télam el titular del CIN, Victor Moriñigo. Y acotó: “Mientras eligen a universidades argentinas en el mundo, acá no financian la educación. Es muy raro. Todo el mundo nos pregunta por esto”.

Durante la movilización estrenarán un nuevo logo/símbolo que representará a todas las universidades públicas argentinas. Fue realizado por concurso y ganaron las universidades de Mar del Plata y de Santiago del Estero.

Presupuesto y ajuste
Como suele suceder con la actual administración, la posición del Ejecutivo fue de intransigencia. El presidente hablando de dar la “batalla cultural” contra el “adoctrinamiento” de las universidades públicas, y el ejército troll atacando al sector.

El designado subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, lejos de buscar conciliación apoya la teoría ideológica del presidente en relación al «adoctrinamiento». Horas atrás declaró: “Hagan lo que hagan, el dinero de la gente que va a las universidades se va a auditar” (ver aparte). Días atrás se dio este diálogo en el encuentro con rectoras y rectores en la UNSAM.

-No era Disney donde estábamos, pero en ese país las fuerzas de seguridad no entraban a desalojar trabajadores de las oficinas públicas -dijo Beatriz Gentile, rectora de la Universidad del Comahue.

-Ahora sí -le respondió Álvarez.

Durante la semana el gobierno pasó de sugerirle a las universidades que le cobren a los estudiantes extranjeros mil dólares por mes a anunciar el jueves a la noche que habían acordado con el CIN un aumento del 70% en gastos de funcionamiento. Algo desmentido por el CIN.

A pesar de haber difundido el comunicado con el título «Propuesta consensuada con el Consejo Interuniversitario Nacional», no hay acuerdo, el gobierno no oficializó la propuesta y tampoco cubre todos los reclamos: los gastos de funcionamiento son solo el 10% de los gastos del sector. La decisión oficial pareció perseguir el objetivo de disuadir la movilización o buscar la culpabilización del público universitario por marchar “a pesar del aumento”.

De acuerdo a lo informado a Tiempo desde Capital Humano la reunión entre las partes se dará el 30 de abril: “La agenda del encuentro incluye el financiamiento, junto con los procesos de auditoría y fiscalización de las universidades» (ver aparte).

Las universidades funcionan con el prorrogado presupuesto 2023 (votado en 2022). Es el más bajo de su historia, desde que se empezó a registrar en 1997. Tienen vida hasta junio. El vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, aseguró: «La marcha del 23 va a ser histórica. No hubo un acuerdo, hubo una propuesta del gobierno, informal, donde se comprometen a subsanar el 25% del ajuste de los gastos de funcionamiento de las universidades, que representan solo el 10% del presupuesto universitario. El otro 90% son salarios, que siguen perdiendo un 35%, desde diciembre, ante la inflación».

Al contexto crítico se sumó la quita de subsidios en las tarifas. “Este bimestre pagamos 140 millones de pesos de luz”, graficó el rector de la Universidad de Rosario, Franco Bartolacci.

El motor del desarrollo

El ajuste se completa con el ataque a la ciencia. El 80% del personal del Conicet se desempeña en universidades. Tal como denunció el prestigioso científico Diego Golombek, hasta el viernes seguían llegando correos electrónicos oficiales de la Agencia I+D+i (la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación) “diciendo que no garantizan financiamiento de proyectos PICT 2022, ya adjudicados. Pero hay más: invitan a presentarse nuevamente, ya que estamos, y, en caso de haberse ya presentado al nuevo concurso, postular otro proyecto con un nombre parecido”.

Ya se frenó el proyecto nuclear CAREM y peligra la concreción de vacunas, investigaciones contra distintos tipos de cáncer, desarrollos satelitales y trabajos universitarios estratégicos con municipios o provincias como en cannabis medicinal, laboratorios públicos o ingeniería industrial. En el período 2018-2022 se registraron 3630 patentes y 2070 diseños industriales.

Los sectores productivos del software, farmacéutico, químico, aeroespacial e instrumental científico generaron en esos cinco años exportaciones por 3680 millones de dólares. El ataque a la educación y la ciencia también afecta a la economía y al déficit fiscal, supuestas banderas libertarias.

“No obstante –continúa el CIN–, las consecuencias más preocupantes se vislumbran a largo plazo, como la potencial migración de científicos hacia otros países. Esta ‘fuga de cerebros’ es una grave amenaza para el progreso científico en nuestra Nación».

Oscurantismo

La asfixia deriva en consecuencias concretas. En una resolución del Consejo Superior, la UBA estableció que dejarán de encenderse aires acondicionados y calderas, y limitarán uso de luz y ascensores (salvo para los hospitales). En la Universidad de Comahue suspendieron por el momento el pago de Aguas Rionegrinas y la convocatoria de becas de extensión. La de Jujuy se declaró en “emergencia financiera y edilicia” y la de Salta (UNAS) desconoce si podrá contar con las partidas para proyectos especiales con las que financian desde comedores universitarios hasta carreras, como Medicina. Sus trabajadores que se inician en las carreras cobran salarios menores a 250 mil pesos.

Con 441 investigadores cada 100 mil habitantes, una de las tasas más altas del país, “Bariloche es un polo científico de excelencia”, destacó Celeste Ratto, directora del Centro Científico Tecnológico Conicet Patagonia Norte. Esa ciudad es un emblema del trabajo público–privado. El Instituto Andino Patagónico de Tecnologías Biológicas (lpatec) “tiene mucho trabajo con la industria cervecera local”, declaró a Somos Télam.

También desarrollan modelos científicos que “permiten prever la dirección en la que se mueven los incendios forestales, trabajando con los bomberos para controlarlos”. Hoy los recortes y despidos amenazan su funcionamiento. La Universidad Nacional de Río Negro sufre la parálisis de obras: estaban construyendo un edificio con 14 aulas, laboratorio física y química. “Le falta solamente un 2% para finalizarse”, se lamentó el vicerrector Diego Aguiar.

En la Facultad de Exactas y Naturales de la UBA ejemplifican la emergencia. Su presupuesto actual «significa cerca de un cuarto del necesario para funcionar hasta fin de año. El Gobierno anunció un incremento de un 70% a partir de marzo y otro del 70% (no acumulado) en mayo, que por el momento no se concretó y dista de permitir el normal funcionamiento de las universidades para 2024”.

¿A qué destinan el presupuesto? “Becas de estudio, material de biblioteca y el mantenimiento y mejoras de los cuatro edificios con que cuenta la facultad. Una diversidad de gastos que van desde la compra de reactivos, equipamiento de laboratorio e informático para docencia y la gestión de residuos peligrosos hasta la renovación anual de los cientos de matafuegos y tubos de luz, el mantenimiento de los ascensores, equipos de climatización, alarmas de evacuación, y todo tipo de reparaciones y mejoras edilicias”, enumeran.

El ajuste universitario puede ser un punto de inflexión para el gobierno: una encuesta de esta semana de la consultora Zuban Córdoba señala que a pesar de que más de la mitad de los consultados tiene una “buena” valoración de Milei, un 89,4% aseguró está “de acuerdo” o “muy de acuerdo” en que la educación pública “es un derecho que debe ser defendido”. Y un 58,5% se mostró en contra de congelar el presupuesto de las universidades. Postales de una Argentina que gira entre la crueldad y una crisis social al borde de estallar.