Carlos Lucero
Mientras el gobierno nacional ajusta el texto definitivo de la Ley Bases, varios sectores levantan la voz para pronunciarse sobre temas que están incluidos en el proyecto, a la espera de que se pueda modificar su redacción. Tal es el caso del Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones, RIGI, que libera de impuestos y restricciones cambiarias a inversiones que superen los 200 millones de dólares. En términos sencillos, el RIGI es una medida económica de estímulo a la producción. En países donde hay abundancia de recursos naturales como minerales, petróleo o tierras fértiles pero falta tecnología para su explotación, los gobiernos aprueban este tipo de regímenes para atraer inversores, en su mayoría extranjeros, que inyectan capital y aceleran la producción. Son medidas que pueden ir desde Zonas Económicas Especiales, subsidios y financiamiento, simplificación de trámites, o como en el caso del RIGI, de beneficios fiscales tales como reducción de impuestos o créditos fiscales. En la mayoría de los casos se trata de políticas muy direccionadas a sectores específicos, regiones no tan desarrolladas o proyectos estratégicos para el desarrollo económico. Este es justamente el punto que preocupa sobre el actual proyecto en la Ley Bases. “En la legislatura nos hicimos eco de la inquietud que vienen manifestando diferentes asociaciones y espacios productivos de Santa Fe, porque tal como está redactado el RIGI en el paquete fiscal incorporado a Ley Bases podría generar una competencia desleal con la industria preexistente”, dijo el diputado Mariano Cuvertino (Unidos para Cambiar Santa Fe).
“Sabemos que se trata de una política económica con mucha historia en Argentina, como por ejemplo, el régimen de promoción que en su momento impulsó Frondizi para desarrollar la explotación de hidrocarburos o, en la actualidad, el de Vaca Muerta. Pero a diferencia de estos casos, el RIGI no identifica actividades, productos o sectores con posibilidad de ser acelerados, ni tampoco prevé ningún tipo de cláusula que priorice el desarrollo de proveedores locales que potencien la trama productiva local”, agregó.
“En Santa Fe la industria agroalimentaria, la metalmecánica y la metalúrgica conforman una estructura de miles de empresas que abastecen el mercado interno y externo y generación de puestos de trabajo. Estamos hablando de una región muy competitiva que ya viene soportando un contexto muy complicado de inflación, baja demanda y un dólar que no encuentra su techo. La radicación de mega proyectos bajo un régimen de promoción como el del RIGI solo va a aumentar la asimetría en la que ya se encuentran”, destacó el diputado.
El diputado dijo que la preocupación que llevó a la legislatura no es solo de los industriales sino de todo el arco productivo santafesino.El tema también surgió el martes pasado en el Foro de la Región Centro, donde participaron representantes empresarios, trabajadores, profesionales y universitarios de las tres provincias.
“Saludamos la iniciativa del gobierno nacional, estamos de acuerdo que deje a un lado los manuales de liberalismo económico y busque un poco más los del desarrollismo para mejorar la producción, la riqueza y el agregado de valor en Argentina. Pero esperamos que esta intervención no se trate de un traje hecho a la medida de las actividades extractivistas como la minería y los hidrocarburos, y que no contemple la realidad compleja del país”, enfatizó. “Es la mirada federal, del interior productivo, lo que falta al proyecto, y si falla esa mirada lo que puede resultar es que se termine perjudicando la estructura económica de nuestra provincia y nuestra región”, finalizó.
En términos sencillos, el RIGI es una medida económica de estímulo a la producción. En países donde hay abundancia de recursos naturales como minerales, petróleo o tierras fértiles pero falta tecnología para su explotación, los gobiernos aprueban este tipo de regímenes para atraer inversores, en su mayoría extranjeros, que inyectan capital y aceleran la producción.
Son medidas que pueden ir desde Zonas Económicas Especiales, subsidios y financiamiento, simplificación de trámites, o como en el caso del RIGI, de beneficios fiscales tales como reducción de impuestos o créditos fiscales.
En la mayoría de los casos se trata de políticas muy direccionadas a sectores específicos, regiones no tan desarrolladas o proyectos estratégicos para el desarrollo económico.
